Un carrusel dramático que amenaza convertirse en tragedia.

Cada semana que pasa me resulta más difícil escribir esta pieza de opinión. Qué tiempos aquellos en los que cambiaba de tema en función de la actualidad, autóctona o extranjera. Quién lo recuerda, ahora que hace columnas y columnas en las que la crisis de Estado que padecemos es omnipresente, asfixiante, agotadora. El jueves, el periodista Carles Francino abría su programa en la Cadena Ser con su habitual opinión editorial diciendo: "No puedo más". Difundí sus palabras por las redes en las que participo, añadiendo un comentario personal: "El agotamiento de Carles Francino, una enfermedad que puede convertirse en pandemia". Una persona conocida me respondió que Francino no tiene derecho a quejarse, ya que –a su parecer- no es más que un nacionalista español [sic]. Gana adeptos, es evidente, una visión binaria de la sociedad según la cual debes ser necesariamente o nacionalista catalán o nacionalista español. No hay otra alternativa.

Así lo vivo, creo, como muchas otras personas. Por lo menos como aquellas que no comulgamos ni con la huida a la desesperada de los secesionistas catalanes ni con el deseo de venganza que se respira entre los autodenominados constitucionalistas. Más que vivir padecemos un carrusel en el que el escenario cambia casi a diario. La aplicación del 155 por parte de Rajoy pareció que dejaba grogui a los soberanistas, especialmente después la marcha de Puigdemont y cuatro de sus consejeros a Bruselas y de la convocatoria de elecciones para el próximo 21 de diciembre. Todo hace pensar que éste era un escenario que los socios independentistas no habían previsto. Uno más y el catálogo de imprevisiones ya es grueso.

Sin embargo, la decisión de la juez Carmen Lamela de encerrar en prisión sin fianza a Junqueras y al resto de los consejeros, que habían acudido disciplinadamente a la citación de la Audiencia Nacional, puso de nuevo el tablero patas arriba. Más aún cuando el Tribunal Supremo tomó mayores garantías procesales con Carmen Forcadell y el resto de los miembros de la Mesa del Parlamento de Cataluña. Una primera explicación del tratamiento diferenciado alegado desde fuentes del entorno de Lamela pronto fue desmentida por los abogados de los presos: sí habían pedido el mismo aplazamiento que sus colegas defensores de Forcadell y otros habían presentado al juez Pablo Llarena en el Tribunal Supremo.

Doctores tiene la disciplina jurídica que han opinado con conocimiento profesional sobre el envío a prisión de Junqueres y otros, y no seré yo quien intervenga en ese debate, aunque encarcelar con tanta ligereza a una persona me repugna, aún más si es un cargo electo. Sí que opinaré, sin embargo, usando mi derecho de ciudadano para expresar libremente mis opiniones sobre todo lo que considere, tanto y más si se trata de asuntos que afectan y afectarán a la convivencia en Cataluña y en el resto de España.

La Justicia debería ser ciega, pero no pirómana. Y parece que las directrices emanadas desde el gobierno Rajoy y ejecutadas desde la Fiscalía General del Estado pueden tipificarse, justamente, como incendiarias. Su responsable, José Manuel Maza, parece que sale de casa cada día con una garrafa de gasolina, dispuesto a vaciarla allí donde más llamas puedan conseguir. A propósito del encarcelamiento de Junqueres y otros declaró que suficiente paciencia había tenido ya el Estado con ellos y qué, aun así, se habrían podido ahorrar la prisión si hubieran declarado que aceptaban la Constitución y que "dejaban de estar en la línea delictiva”. Es decir, si los declarantes ante Lamela se hubieran arrepentido de sus pecados, la jueza habría sido magnánima. Como no lo hicieron, recalcitrantes y tercos que son, pues todos a hacer penitencia en la cárcel. El Fiscal General del Estado parece interesado en confirmar el informe del Consejo de Europa recientemente publicado, el cual sitúa a España como el país menos comprometido en la lucha contra la politización judicial de los 21 estados evaluados por este organismo.

En resumidas cuentas, padecemos una concepción de la justicia más próxima a la venganza que el restablecimiento de la legalidad vulnerada. Una opinión que conecta con una idea expresada en La Vanguardia por Enric Juliana, quien ha dicho que los circuitos oficialistas de Madrid es perfectamente perceptible un clamor: "A esos hay que castigarlos". Incluso es evidente la firme voluntad de castigarlos, apunta el periodista, más allá de los que puedan ser los intereses tácticos del gobierno Rajoy.

Así pues, cuando redacto estas líneas la situación es dramática, todavía más porque quedan aún casi siete semanas para el 21D, más de cuarenta días durante los cuales el drama se puede en tragedia. Los dioses no lo permitan.

Mientras tanto, los partidos convocados a las urnas hacen y dicen lo que mejor consideran para poderlas enfrentar. En ese terreno se habla de coaliciones, acuerdos previos y posteriores, y se emplazan los unos y los otros a clarificar sus posiciones. Las encuestas en cuanto a la intención de voto no permiten imaginar una clarificación significativa de la actual correlación de fuerzas entre secesionistas y unitaristas, pero ponen el énfasis en el papel decisorio que podrían tener los Comunes de Ada Colau y Xavier Domènech. Estos han propuesto un "frente catalanista" que pivote sobre tres ideas: la amnistía [para los actuales presos], la defensa del autogobierno y un referéndum sobre la vinculación de Cataluña y España. Tres líneas que recuerdan, y mucho, aquel lema legendario de "libertad, amnistía y estatuto de autonomía" de los años setenta. Convendría reflexionar un poco sobre cómo hemos llegado hasta aquí. Creo yo.