Un gobierno para abordar la cuestión catalana, que exige cambios de guion al soberanismo.

El vuelco que ha dado la política española en pocos días es de los que se recuerdan por los contemporáneos. Junto a la emoción vivida que hizo frotarse los ojos a todos aquellos que vivían la pesadilla Rajoy como un castigo bíblico, la segunda sensación dominante ha consistido en una recuperación casi automática de ciertas expectativas de cambio a mejor, tanto en el escenario institucional como en el territorio social, devastados ambos tras el mandato del de Pontevedra.

Rajoy, ahora jubilado por obligación, expulsado de sus cargos, tanto en el Ejecutivo como en su partido, no ha podido resistir la abrasadora infección que sufre el PP, un partido institucionalmente corrupto según sentencia de la Audiencia Nacional. El peor presidente de nuestra historia reciente, portador de una patológica insensibilidad social, ha tenido que abandonar. Esto ha constituido un éxito de la democracia parlamentaria, una victoria que permite albergar esperanzas de regeneración tanto de las instituciones violentadas en beneficio propio por el PP, como de atacar la brecha creciente de desigualdad de estos últimos años y, además, afrontar con otras formas y con otra lógica la crisis de Estado que tiene su origen en la llamada cuestión catalana. La esperanza de canalizar este grave problema, que afecta tanto a los catalanes, sean partidarios o detractores del soberanismo, como al resto de los ciudadanos de España, ha cobrado vigor tras de la toma de posesión de Pedro Sánchez y su gobierno.

Todo el mundo opina sobre el nuevo equipo de Pedro Sánchez y parece haber consenso en cuanto a la valoración mayoritaria: visto en conjunto y a cierta distancia, es un grupo sólido que ha sorprendido a propios y extraños. Quizá esperábamos un equipo más de circunstancias, con menos calificación y menos altura política y profesional, pero Sánchez ha logrado conformar un ejecutivo con una expectativa relativamente corta de vida [meses, dijo el mismo Presidente], pero como si pensara en gestionar una legislatura de duración convencional. De entre los que dijeron sí a Sánchez en la moción de censura, Unidos Podemos, PDCat y ERC no han quedado satisfechos con la nómina de nuevos ministros, y es verdad que tienen razones para ello.

Con todo, es cierto que del conjunto de nuevos ministros, en el que destaca la más que mayoritaria presencia de mujeres en puestos de extrema responsabilidad, los focos se han puesto en dos de ellos: Grande-Marlaska y Huerta. El nuevo titular de Interior es un hombre que, más allá de haber hecho parte de su carrera a la sombra del PP, ha tenido un comportamiento profesional inaceptable en casos como el del Yak-42 o los Centros de Internamiento de Extranjeros, entre otros. El caso de Màxim Huerta es distinto, y ha llamado la atención que Sánchez haya pensado en una persona que, además de no tener un currículo que infunda confianza en el mundo de la cultura, tanto en la creación como en el empresarial, parece sufrir una fuerte tendencia a la frivolidad y al chisme, además de haber hecho demasiado explícitas sus fobias personales, ya sea sobre el deporte ya sea sobre el soberanismo catalán.

Si los independentistas del Principado ya habían descalificado, y no fue sorpresa, a Josep Borrell, tachando su nombramiento como ministro de asuntos exteriores de pésima noticia [Torra dixit], el nombre de Màxim Huerta también les ha hecho poner el grito en el cielo, en esta ocasión con mucha razón.

Pocas reacciones públicas ha provocado desde el independentismo el nombramiento de Meritxell Batet -tan catalana como Borrell, como Junqueras o Puigdemont- como ministra de Política Territorial [cambiando significativamente el nombre de una cartera que se decía de Administración Territorial], para indicar la voluntad de "fortalecer el proyecto nacional [español] reconociendo la pluralidad [de España]", en palabras del propio Pedro Sánchez. Batet ha declarado que asume el nuevo cargo convencida que es posible "poner la política en marcha" para tender puentes con la Generalitat. Para redondear el discurso, afirmó estar dispuesta a diseñar una estrategia de negociación basada en su "catalanismo ponderado y racionalidad española".

Josep Borrell ha sido declarado persona non grata por los independentistas, acusándolo de jacobino recalcitrante y de simple descentralizador administrativo de las Españas, además de recordar su beligerancia en contra de la deriva de los soberanistas así como su participación en actos de gran impacto, organizados por Sociedad Civil Catalana de la mano del PP de Cataluña y de Ciudadanos.

El veterano y políglota político catalán, curtido en mil batallas, poseedor de un impresionante currículum académico y político, europeísta convencido y reconocido, es, sin duda, uno de los mejores cerebros de la política española, y un casi imbatible contrincante de los secesionistas, tanto si se habla de política como si el tema es la economía. No son pocos los que recuerdan un debate con Oriol Junqueras, en el que el ahora encarcelado líder republicano quedó completamente desnudo. Así pues, guste mucho o poco [o nada, como han declarado PDCat y ERC], está claro que Borrell es persona capacitada para defender el discurso de la pluralidad española en Europa, una heterogeneidad que cabe dentro una concepción del Estado federal como la que propone Pedro Sánchez, con la que se identifica Meritxell Batet, y que Josep Borrell puede también asumir desde su idea de hacer compatibles dos fidelidades nacionales al mismo tiempo, la catalana y la española.

Sea como fuere, desde Madrid se han dado unos pasos, aún incipientes y en el terreno de los gestos y los discursos, y convendría que desde Cataluña se actuara de manera simétrica. Es cierto que el problema de los presos es un obstáculo que habría que remover con urgencia, dado que su traslado al Principado sería no sólo un acto de justicia sino una buena señal política de distensión. Pero, claro, también convendría que desde el Palau de la Plaça de Sant Jaume como desde Berlín se rebajara el tono grandilocuente y desafiante que tanto Joaquim Torra como Carles Puigdemont acostumbran.

Parece necesario que el soberanismo catalán interiorice de una buena vez que un choque frontal con el Gobierno de España es el peor escenario posible para todos; como es imperioso que dejen de lado el guion que han utilizado con Rajoy, como si en La Moncloa no hubiera un nuevo ocupante. El papel que están jugando Carles Campuzano y Joan Tardà en el Parlamento de Madrid, que no ha rebajado el fondo pero ha modulado la forma, es mucho más comprensible que el de la pareja Torra-Puigdemont.

Se ha abierto una buena puerta al diálogo, a la posibilidad de volver a utilizar la política, la negociación, el pacto, el reconocimiento de las razones del otro y la necesidad de conciliar y no de confrontar. Arrancar el diálogo, como ha afirmado el presidente Torra, de un punto que está más allá del actual Estatuto de Autonomía, amparándose en un mandato supuestamente incuestionable de las urnas del 1 de octubre es una propuesta irreal. Si lo ha dicho para meter presión al Gobierno de Madrid, es un error grave porque no reconoce los estrechos márgenes de maniobra de éste. Si obedece a una estrategia de negociación o de contentar a los sectores más radicales del independentismo, es otro error tan o más grave porque favorece a los sectores de Madrid más refractarios a lograr una salida negociada a la crisis. Pero, si responde a una voluntad de tensar aún más la situación, de agudizar la polarización de la propia sociedad catalana y de hacer más difíciles las relaciones entre la Generalitat de Catalunya y el Gobierno español, esto ya entraría en el terreno de la irresponsabilidad absoluta.