Parece ser que al INE le atrae más la función de ser autoridad fiscal que vigilante electoral.
Dedican una buena cantidad de su tiempo a escrutar irregularidades electorales para imponer multas. Poco escuchamos del establecimiento de protocolos o mecanismos para evitar las irregularidades. Los resultados de la pasada elección se deben a la condición psicológica de la sociedad y la esperanza en López Obrador y no en sus tareas.
Cuando de irregularidades se trata y la forma como las considera el INE, se encuentran discrepancias muy serias. Por ejemplo, permitir el registro de candidatos con firmas falsas, por pocas que sean, siendo que la falsificación es ilegal. Determinar que la cantidad de firmas falsas impacta el registro no solamente es una aberración jurídica, sino que muestra un nivel de arbitrariedad que no cabe en la ley.
Lo mismo sucede con las multas que imponen. Las multas a los que presentaron firmas falsas fueron una farsa, habiendo evadido la dimensión penal, el costo fue de risa.
Y ahora se van contra un fideicomiso creado por MORENA para ayudar a los damnificados del terremoto.
Hay varios argumentos:
1) El fideicomiso es privado, el INE no tiene competencia.
2) INE dice que su competencia se deriva porque lo crearon miembros de MORENA. Los miembros de los partidos son libres de actuar fuera de lo político-electoral y si violan la ley, están sujetos a las autoridades pertinentes.
3) INE asume funciones fiscales.
La actitud errática del INE lo ha llevado a una confrontación constante con el TRIFE y ahora podrá haber un nuevo episodio. Si el TRIFE tira la multa el INE tendrá que disculparse y AMLO habrá tenido la razón. Pero más que nada, parece haber llegado la hora de exigirle cuentas a esos comisionados que actúan facciosamente.