Aunque algunos actores políticos relevantes pretendan engañar conscientemente a la ciudadanía, la crisis de Estado que arrastramos por lo ocurrido en Cataluña desde 2012 no será resuelta con policía, jueces y restricciones y recortes de los derechos individuales. Aunque el Partido Popular, Ciudadanos y Vox no tengan ninguna otra respuesta al desafío independentista que una tan brumosa como amenazadora aplicación sin fecha de caducidad del artículo 155 de la Constitución; y aunque determinados sectores de la izquierda hispana, singularmente en el PSOE, mantengan ideas anacrónicamente jacobinas, la realidad, la terca realidad es que -agrade más, menos, poco o nada- España es un Estado plurinacional que no cabe en el ordenamiento constitucional de 1978.
Las últimas elecciones, las del 28 de abril pasado, han vuelto a demostrar que más de tres millones de ciudadanos han votado por partidos nacionalistas o regionalistas, y eso quiere decir que constituyen el 12 por ciento del electorado total y que se encontrarán representados en el Congreso por 45 diputados. Estamos hablando de ciudadanos y representantes vascos, catalanes, navarros, valencianos, canarios o cántabros que han conseguido su escaño en Madrid, pero hay más que no lo han conseguido aunque sus votos son igual de legítimos. Además, afinando un poco más el análisis, se debe tener en cuenta que muchos votos que dos partidos de ámbito estatal como son el PSOE y Podemos -los de Euskadi, Galicia o la Comunidad Valenciana, por ejemplo, y sin ser exhaustivos-, proceden de ciudadanos que pueden gestionar perfectamente un doble sentimiento de adscripción hacia España y hacia su territorio natal.
No hay ninguna posibilidad, por tanto, de implementar un proyecto de futuro para la España actual que pase por obviar esta realidad. Sencillamente no será viable conseguirlo por la vía de la represión de los derechos, los sentimientos y las convicciones de -por lo menos- esos tres millones de personas contabilizadas el pasado 28A que, además, están muy concentradas en determinadas regiones de la península. Un hecho este que conviene no olvidar porque es muy relevante.
Muchas veces se ha dicho que es fácil hacer un listado de las deslealtades, así como relatar las mutuas desconfianzas históricas entre el Estado y las Comunidades Autónomas. La situación actual en Cataluña, arrastrada desde hace demasiado por la inoperancia y la indigencia política del gobierno central comandado por Mariano Rajoy, así como la prepotencia arrogante del independentismo catalán, que ha vulnerado todo lo vulnerable en la Constitución y en el Estatuto, han puesto en rojo todos los indicadores políticos, incluso en la Unión Europea.
La desconfianza tradicional entre los gobiernos de las comunidades autónomas y el central, la falta de lealtad a la hora de ejercer las competencias de cada uno, así como el victimismo de unos y otros con intenciones electorales bastardas, nos han llevado donde estamos.
La derecha españolista persevera -"sostenella y no enmendalla"- en el sueño aznariano de una recentralización radical que termine, de una buena vez, con "tanta tontería nacionalista" dado que "la única nación verdadera" es la España milenaria. Al final, el conservadurismo castellanista está, poco más o menos, como hace un siglo. Podrían explicar que ellos están de acuerdo con lo del "sano regionalismo" del que hablaba el general Primo de Rivera. Ahí se acaba el problema de la España plurinacional para la derecha hispánica, que continúa con la idea de llegar con la espada donde no llegue con la mano. "Santiago y cierra España", les faltaría añadir.
Tras el 28A se ha abierto lo que llaman una ventana de oportunidad. En Cataluña ha obtenido un gran apoyo electoral ERC, que desde hace unos meses se ubica en posiciones absolutamente contrarias al unilateralismo de tiempo atrás. Junto a ellos, el PNV mantiene su hegemonía en Euskadi, y ha dado pruebas más que efectivas de su voluntad cooperadora en la gobernanza de España.
Además, para completar el cuadro de coyuntura, resulta evidente que el electorado ha apoyado la política de diálogo y negociación que Pedro Sánchez y el PSOE han asegurado desear, al tiempo que han golpeado de forma inmisericorde al PP de Pablo Casado, el cual competía con la extrema derecha en ver quién era además amenazador y más agresivo hacia los nacionalistas y los secesionistas. En el conjunto de España, tal y como lo certifican los resultados electorales, muchos ciudadanos han votado a favor de la distensión, a favor de la negociación y de la convivencia, y lo han hecho también como forma de frenar a la ultraderecha. De facto, ni el PP, ni Ciudadanos ni Vox han obtenido representación de los ciudadanos vascos; mientras que en Cataluña el PP ha desaparecido en la práctica y Ciudadanos ha perdido apoyos de forma clara.
Es en este escenario que se ha de construir una propuesta integradora que devenga alternativa tanto a las propuestas separatistas como a las re-centralizadoras.
En cuanto a Cataluña, que es en estos momentos el problema más acuciante, no se trata de ver si los independentistas con los que se podría negociar son moderados o radicales, que no es este el problema. Desde Madrid no es cosa de apenarse si las encuestas dicen que el 51 por ciento de los catalanes son independentistas, y de alegrarse si dicen que "sólo" son el 49. Tampoco es este el problema.
La cuestión real a resolver es que el marco constitucional actual está obsoleto. Fue diseñado para una España distinta, en una Europa diferente, en un mundo que ya no existe. La única alternativa realista y deseable es construir un nuevo marco propiciado desde el federalismo, entendido como forma política de la solidaridad, que completa y cristaliza los valores ilustrados de la libertad y la igualdad, de una manera transversal con relación a las diversas ideologías y los distintos programas partidarios. Esta es la alternativa realista y deseable.