Una circunstancia, entre otras, marca hoy las complejas condiciones relativas al mercado laboral en el país y, así, las de una parte relevante de los ingresos de las familias.
Al final de 2019, según se registra en un informe del Inegi, había más de 1.9 millones de desempleados, es decir, personas que activamente buscaron un trabajo en el último trimestre de 2019 y no lo encontraron. Este número fue el más alto para un periodo similar desde 2015. Significó un aumento de más de 114 mil personas con respecto al año anterior.
Al mismo tiempo, se informó que el alza del salario mínimo, junto con la menor tasa de inflación, que mide el mismo Inegi, o sea, lo que puede considerarse como un equivalente al salario real, creció el año pasado.
Lo anterior condujo a que se redujera en casi 2.7 millones el número de personas que reciben un ingreso derivado del trabajo que está por debajo del costo de la canasta alimentaria, según la consideración que hace al respecto el Coneval. Se calcula que el valor de la canasta al inicio de 2020 es de mil 615 pesos en la zonas urbanas y de mil 149 en las rurales.
Por eso, se estima que la tasa de pobreza laboral, que muestra la proporción de personas que no puede adquirir dicha canasta con el ingreso de su trabajo, pasó de 39.8 a 37.3 por ciento de la población.
Una cuestión ineludible para cualquier aproximación a las formas de funcionamiento de la economía mexicana y, por lo tanto, de las condiciones de trabajo, salariales y de bienestar de las familias es la relativa a la informalidad laboral.
Esta situación da cuenta de más de la mitad del producto anual que se genera y del número de la gente que trabaja. Es difícil estimar con un suficiente nivel de confianza las condiciones sociales que prevalecen en ese segmento de la población, que es muy diverso.
Lo que sí puede decirse es que los incentivos para estar en la informalidad son suficientemente fuertes como para preferir mantenerse en esa condición y no afiliarse al mercado formal. Por la vía fiscal ha sido claramente inviable.
El empleo formal, evidentemente, no crece de manera suficiente. Esa es una cuestión asociada con la estructura productiva, con los medios y los incentivos para generar utilidades de la inversión y con las políticas públicas.
Por su lado, las políticas aplicables al mercado laboral no llegan de modo directo al segmento informal de la población que trabaja.
La cifra de la informalidad se mantiene muy elevada desde hace muchos años y está muy relacionada con la naturaleza general de las políticas públicas que se han aplicado desde hace varios sexenios.
La consideración realista de las condiciones de la generación del empleo y los ingresos del trabajo son la base para integrar un plan coherente de fomento al crecimiento del producto.
El asunto es el sustento para replantear la política laboral, los diversos esquemas de apoyo al bienestar y, también, de los ingresos del gobierno. En eso, precisamente, está enfrascado ahora el gobierno federal. La manera en que lo resuelva será clave para el fomento del crecimiento productivo, así como de las remuneraciones, monetarias y de otro tipo, al trabajo.
Es un punto de partida para fijar las medidas de promoción del empleo, del salario y de las formas de la contratación de los trabajadores. Lo es para establecer las necesidades de protección social aplicables y los mecanismos más eficaces para acercarlos a la gente. Implica las medidas de corte fiscal que inciden en los ingresos laborales y, también, en las inversiones productivas y su rentabilidad.
El empleo es el sustento principal de los ingresos laborales: salario y prestaciones. Es la manera esencial para generar corrientes de ingresos directas e indirectas al trabajo. El gobierno no puede satisfacerlas plenamente. Los incentivos a la inversión productiva son claves para generar más empleo y mejorar las condiciones de una parte significativa de los trabajadores.
Se ha debatido sobre la necesidad de flexibilizar la política de tasas de interés para elevar el gasto en inversión. Hoy es mucho más relevante un acuerdo en torno a asuntos como la cuestión laboral.
La política financiera enfrenta sus propios dilemas. Las tasas están amarradas a la entrada de capitales, que mantiene la estabilidad relativa del tipo de cambio. El límite en ese ámbito es muy rígido. Ese es un aspecto que se expresó en la reciente rebaja de 0.25 puntos porcentuales en la tasa de referencia del Banco de México. Eso dice el voto unánime de su junta de gobierno.