La eutanasia y los enemigos de la libertad.

Los enemigos de la libertad no descansan nunca. Ni de día ni de noche, ni en invierno ni en verano; ellos están siempre vigilantes para que nadie desborde sus dogmas, sus postulados ideológicos, incluso sus supersticiones. Se llenan la boca hablando de libertad, pero para ellos la libertad es lo que ellos entienden, lo que ellos consideran, lo que ellos toleran; la que ellos homologan como tal. Todo aquello que no quepa dentro de estos marcos, es inaceptable y debe ser prohibido y perseguido. Con el Código Penal en una mano y una estaca en la otra, si hace falta.

Lo mismo da que hablemos de economía que de derechos individuales, como el de expresarse libremente, o el de amar a quien queramos, o incluso el de morir sin temor a perder la dignidad debido al dolor o el sufrimiento, físico o anímico.

En España, los enemigos de la libertad siempre se ubican en la derecha política y partidaria, y siempre se consideran los únicos legitimados para discernir qué es y qué no es aceptable, ya sea en el terreno de la política, la economía, la cultura o la moral pública e, incluso, la privada. Además, los enemigos de la libertad siempre han contado con la Iglesia Católica, la Institución, con su ejército de frailes, curas, obispos, arzobispos y cardenales preconciliares, directamente integristas y reaccionarios.

No hace falta hablar de la Conferencia Episcopal, incapaz de aceptar que millones de ciudadanos no forman parte de su rebaño.

En cuanto al terreno partidario, es fácil comprobar que los enemigos de la libertad siempre han dado la batalla ante cualquier propuesta progresista. Es público y notorio que los más encarnizados defensores actuales de la Constitución de 1978 son los que votaron No en el referéndum de aquel 6 de diciembre. Después, en 1981, se opusieron, con argumentos que sorprendían por su pobreza reaccionaria, al divorcio. Más tarde, cavaron trincheras en contra de las leyes para la interrupción voluntaria del embarazo -en las dos, la de 1985 y la de 2010-, esgrimiendo la bandera de sus creencias religiosas, que siempre han querido y quieren imponer todos como dogma inviolable. Algo parecido ocurrió en 2005, cuando el gobierno Zapatero sacó adelante la Ley que permitía el matrimonio entre personas del mismo sexo. Constancia empírica hay de que destacados dirigentes políticos de la derecha española han utilizado las leyes contra las que bramaban cuando lo han considerado oportuno. La coherencia no es una virtud que los caracterice.

Es siempre muy previsible la pauta, el protocolo de actuación de los enemigos de la libertad, como es impresionante constatar qué están dispuestos a decir y hacer en contra de los avances en la ampliación del marco de las libertades individuales que una sociedad como la nuestra pretende reiteradamente ensanchar. En el reciente debate en el Parlamento de Madrid, la derecha partidaria ha sido muy explícita en su oposición a la propuesta de ley cuando, desde el Partido Popular, su portavoz, José Ignacio Echániz, llegó a afirmar que el gobierno de Sánchez ha presentado esta ley para abaratar costos, para

ahorrar en la atención a "personas que son muy caras al final de su vida", de forma que "para el PSOE, la eutanasia es una política de recortes" [ya que] "detrás hay una filosofía de la izquierda para evitar el coste social del envejecimiento en nuestro país". Nadie lo ha desmentido desde las filas de su partido. Tampoco fue sorpresa la intervención de la representante de Vox -una escisión reciente del PP, que ahora son socios en toda España, conviene no olvidarlo-, quien además de insistir en el argumento del ahorro con los viejos, sostuvo que la ley de eutanasia convierte al Estado en "una máquina de matar" y a los médicos en "verdugos". No, no conocen límites. NI los más elementales de la decencia intelectual.

Esa respuesta predeterminada de las derechas hispánicas, ese "de que se trata, que me opongo", ya ha sido denunciado incluso por conservadores inteligentes como José Antonio Zarzalejos quien, a propósito del debate parlamentario sobre la ley reguladora de la eutanasia, escribió: "Confieso que enrojecí cuando escuché la intervención de José Ignacio Echániz en el Congreso el pasado martes. Oponerse a la ley reguladora de la eutanasia con argumentos financieros, suponiendo que el proyecto de ley está inspirado en que la sanidad pública ahorre los gastos que conlleva la atención a enfermos de las características que describe el texto, me resultó ofensivo". Además, el periodista, que fue director del ABC, remató su argumentación al añadir: "La derecha española no está teniendo respuestas a estos fenómenos de transformación social que lo expulsan de su zona de confort ideológica [...] el refugio en la negativa y en el lenguaje grueso e hiperbólico (a veces insultante) es un placebo político, una manera de envolver en palabras duras la debilidad de ideas y de estrategias".

Tiene mucha razón Zarzalejos. La sociedad actual es más abierta, más democrática y más liberal que la derecha partidaria pura y dura, y es por ello que -según encuestas fiables- más de tres cuartas partes de los ciudadanos están a favor de regular el derecho de eutanasia. Incluso el propio Parlamento de Madrid es más abierto, como lo demuestra que PP y Vox se quedaron solos en el rechazo a la propuesta, mientras que dos centenares de diputados la apoyaron.

Es muy importante, y conviene decirlo alto y claro, que esta ley salga adelante, de forma que los trámites parlamentarios, que no son pocos, permitan que esté en el BOE antes de que finalice el año. Sin embargo, este reconocimiento no nos debe ocultar que la propuesta confirmada se queda lejos de garantizar la verdadera libertad de aquellos que consideramos que la vida nos pertenece en exclusiva, y que esta convicción no admite limitaciones ni ideológicas, ni morales.

La propuesta aprobada por el Parlamento de Madrid es muy garantista, demasiado, hasta el punto de ser mucho más restrictiva de lo que convendría. Más allá del reconocimiento a la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios -que es un asunto que habrá que gestionar adecuadamente para que no se convierta en un obstáculo para la aplicación efectiva de la Ley-, hay tres

aspectos que pueden provocar una efectividad asimétrica de esta según desde qué lugar de España se pida su aplicación.

Una importante limitación del proyecto presentado al debate parlamentario es que sólo será posible acogerse a la Ley por dos motivos: enfermedad grave e incurable o enfermedad grave, crónica e invalidante. Otra es que el ciudadano que quiera ejercer su derecho deberá estar “capaz y consciente”, lo que margina a las personas con problemas mentales con dependencia severa o que hayan entrado en coma. Habría que excluir de esta limitación a aquellos que antes hubieran manifestado en tiempo y forma -mediante el Testamento Vital- su deseo de no alargar inútil y penosamente su vida.

La tercera limitación es la que viene de la mano de los plazos y de las instancias que el peticionario debe superar para ver cumplirse su deseo de morir de forma digna. Primero habrá que obtener la opinión del médico responsable del paciente y luego la de otro como segunda opinión. Se le otorgan quince días al primero y diez en el segundo, lo que ya suma veinticinco días que pueden ser interminables. Pero aún queda la parte más dura de lo que puede ser un calvario tremendamente doloroso. Una Comisión de Evaluación y Control Previo (formada en cada territorio por consenso entre el Ministerio de Sanidad y los gobiernos autónomos) será la que, finalmente, en su caso, deberá dictaminar en el plazo "más breve posible" la aceptación o no de la petición del interesado.

Demasiados días para los pasos uno y dos, y absolutamente inaceptable el tercero, especialmente por la indefinición en cuanto al plazo para el dictamen de la Comisión de Evaluación. Además, esta comisión se puede convertir en una trinchera inexpugnable en la que se hagan fuertes los saboteadores de la propia Ley, logrando así que su actuación dilate insoportablemente los plazos o que, finalmente, haga que la Ley resulte papel mojado por razones aparentemente administrativas. Si esto ocurre, será porque el Legislativo no habrá sido capaz de poner negro sobre blanco un plazo concreto, al mantener eso tan vago como peligroso de que el dictamen debe producirse en el tiempo "más breve posible".

El doctor Luis Montes, quien fue presidente de la Asociación Federal Derecho a Morir Dignamente (DMD), sostenía que en España se podía morir mejor o peor según el médico que te tocará en suerte. Sería terrible que la sentencia del Dr. Montes mantuviera su validez sólo sustituyendo "médico" por "comisión". Sería deseable, por tanto, que una Comisión evaluara el proceso a posteriori, tal y como se hace en otros países, de forma que en caso de mala praxis la Fiscalía actuara contra los infractores. Confiemos en las enmiendas que puedan introducirse durante la tramitación parlamentaria de la ley.

Etimológicamente, eutanasia significa muerte digna, entendida como la forma de finalizar la vida sin sufrimiento ni dolor. La aprobación de una ley que la permita no obliga a nadie a acogerse a ella. Aquellos que no puedan integrar este derecho en sus parámetros morales o ideológicos con no hacer uso estarán listos. Nadie les debe obligar a morir sin dolor ni sufrimiento, como nadie les obliga a divorciarse, ni a abortar, ni a casarse con quien no les apetezca. Eso

se llama libertad, y cada uno tiene que gestionar la suya sin perjudicar la de los demás.

Parece sencillo, pero por alguna extraña razón los enemigos de la libertad no lo entienden. Ni quieren entenderlo tampoco.