Enjuiciar a ex presidentes es un hecho político de la mayor importancia y es fundamental para enviarle el mensaje a la sociedad de que no se puede ni debe usar el poder político para beneficio personal, para beneficio faccioso, ni para tomar decisiones que infligen daños a la sociedad en general.
En un país con Estado de derecho esto debe ser una tarea del poder judicial, de tal manera que el poder político no se contamine ni desgaste enfrentando a los intereses ligados a los ex presidentes, muchos de los cuales compartieron los beneficios de la corrupción y hoy se preocupan por suprimir los actos legales que los afectan.
La postura oportuna de López Obrador cuándo sostuvo que no perseguiría a los ex presidentes fue correcta, si el tema le interesaba debió haber dicho que investigaría a todos los corruptos, sin excluir a los ex presidentes y de encontrarse pruebas los enjuiciaría, porque la verdad es que son corruptos no pendejos y no dejaron muchas trazas.
La pregunta es que lo llevó a modificar su postura, ¿por qué apoya la consulta? ¿por qué la envían a la suprema corte arriesgándose al rechazo del enjuiciamiento a partir de intereses facciosos? En este tema AMLO hizo exactamente lo contrario de lo prometido y de lo que le convenía y ahora enfrenta consecuencias secundarias, como la necesidad de presionar a la corte para que se alinee con 2.5 millones de firmas apoyando el castigo.
Parte de la respuesta reside en la ausencia del Estado de derecho en México y la dificultad para instaurarlo en solamente dos años, aunque este caso pudo haber sido un ejemplo para iniciarlo.
AMLO cuenta con una fuerte capacidad de movilización social; sus seguidores lograron superar por mucho las firmas requeridas; lograron 5,230% más de firmas en contra de las 650- de sus detractores; pero todavía se enfrenta a los diques de la impunidad creados por los gobiernos anteriores, derrumbarlos debe ser la tarea estratégica.