Enjuiciar a ex presidentes es un hecho polÃtico de la mayor importancia y es fundamental para enviarle el mensaje a la sociedad de que no se puede ni debe usar el poder polÃtico para beneficio personal, para beneficio faccioso, ni para tomar decisiones que infligen daños a la sociedad en general.
En un paÃs con Estado de derecho esto debe ser una tarea del poder judicial, de tal manera que el poder polÃtico no se contamine ni desgaste enfrentando a los intereses ligados a los ex presidentes, muchos de los cuales compartieron los beneficios de la corrupción y hoy se preocupan por suprimir los actos legales que los afectan.
La postura oportuna de López Obrador cuándo sostuvo que no perseguirÃa a los ex presidentes fue correcta, si el tema le interesaba debió haber dicho que investigarÃa a todos los corruptos, sin excluir a los ex presidentes y de encontrarse pruebas los enjuiciarÃa, porque la verdad es que son corruptos no pendejos y no dejaron muchas trazas.
La pregunta es que lo llevó a modificar su postura, ¿por qué apoya la consulta? ¿por qué la envÃan a la suprema corte arriesgándose al rechazo del enjuiciamiento a partir de intereses facciosos? En este tema AMLO hizo exactamente lo contrario de lo prometido y de lo que le convenÃa y ahora enfrenta consecuencias secundarias, como la necesidad de presionar a la corte para que se alinee con 2.5 millones de firmas apoyando el castigo.
Parte de la respuesta reside en la ausencia del Estado de derecho en México y la dificultad para instaurarlo en solamente dos años, aunque este caso pudo haber sido un ejemplo para iniciarlo.
AMLO cuenta con una fuerte capacidad de movilización social; sus seguidores lograron superar por mucho las firmas requeridas; lograron 5,230% más de firmas en contra de las 650- de sus detractores; pero todavÃa se enfrenta a los diques de la impunidad creados por los gobiernos anteriores, derrumbarlos debe ser la tarea estratégica.