Academias militarizadas

Política para todos.

Otto René Cáceres Parra.

El reciente cierre de diversas academias militarizadas en México ha abierto un debate que trasciende los lamentables hechos ocurridos al interior de algunas de estas instituciones.

Las academias militarizadas no son un fenómeno nuevo en México, su origen responde a una demanda social específica: familias que buscan complementar la educación de sus hijos mediante ambientes caracterizados por la disciplina, el respeto a la autoridad, la puntualidad, el trabajo en equipo, el fortalecimiento físico y la formación del carácter. En un contexto marcado por el incremento de diversas expresiones de violencia, la fragmentación familiar y la percepción de debilitamiento de valores cívicos, muchos padres consideran que estas instituciones ofrecen aquello que el sistema educativo tradicional difícilmente puede proporcionar de manera intensiva. En la mayoría de los casos, quienes inscriben a sus hijos en estas academias no pretenden convertirlos en militares, siendo su expectativa en que adquieran disciplina, responsabilidad, liderazgo, resiliencia, organización personal, respeto por los símbolos nacionales y hábitos saludables. Para algunos jóvenes, incluso, representan una preparación previa para ingresar posteriormente a instituciones castrenses o policiales, mientras que para otros simplemente constituyen un espacio extracurricular para el fortalecimiento de competencias personales.

Sin embargo, los recientes acontecimientos registrados en al menos tres academias militarizadas del país modificaron profundamente la percepción pública sobre este tipo de instituciones. Los lamentables casos de Zamir Pinto en el Colegio Militarizado Aztlán (EDOMEX-2023), Erick Torbellín en la Academia Militarizada Ollin Cuauhtémoc (CDMX-2025) y el reciente caso de Dafne Zapata en la Academia Militarizada Marina Doenitz (Tamaulipas-2026), evidencian un patrón de violencia, negligencia y falta de supervisión que ha costado la vida a menores de edad, siendo dichos sucesos no incidentes aislados, sino síntoma de una desregulación profunda en donde el uso de métodos draconianos se antepuso al bienestar físico y psicológico de los estudiantes. En este sentido, tales hechos no representan sólo posibles responsabilidades individuales de quienes participaron directamente en los acontecimientos, sino el reflejo de un problema institucional más profundo: la ausencia de un marco regulatorio suficientemente robusto que establezca quién puede utilizar el concepto militarizado, bajo qué estándares y qué mecanismos de supervisión permanente deben implementarse.

Al respecto, cabe aclarar que las academias militarizadas no forman parte del Ejército ni constituyen extensiones de las Fuerzas Armadas, sino ser, jurídicamente, instituciones privadas o asociaciones civiles que utilizan metodologías inspiradas en prácticas militares para fines educativos o formativos. Por tanto, no pertenecen a la Defensa ni forman parte de la estructura operativa del Ejército, Fuerza Aérea, Guardia Nacional y Secretaría de Marina, así como que tampoco sus instructores necesariamente sean militares en activo y/o retirados con certificaciones pedagógicas; siendo esta diferenciación indispensable, puesto que, tras los recientes casos, parte de la opinión

pública ha tendido a asociar automáticamente estos hechos con el Ejército, resultando tal asociación incorrecta. Las doctrinas, procedimientos, sistemas disciplinarios, protocolos de derechos humanos, mecanismos de control interno y responsabilidades administrativas existentes dentro de las Fuerzas Armadas responden a una legislación específica, así como a cadenas de mando claramente definidas, funcionando muchas academias militarizadas bajo regulaciones propias del ámbito educativo y mercantil, sin formar parte de la estructura castrense.

Y precisamente por ello surge la pregunta en cuanto a si dichas instituciones, al utilizar el calificativo militarizado, empleo de uniformes semejantes, reproducción de formaciones, grados simbólicos, ceremoniales y métodos inspirados en la vida castrense ¿no deberían existir mecanismos mediante los cuales el Estado certificara que quienes impartan esa formación posean las competencias profesionales, pedagógicas y psicológicas necesarias? La Secretaría de Educación Pública (SEP) desempeña actualmente funciones relacionadas con el reconocimiento oficial de estudios cuando así corresponde, además de supervisar aspectos académicos dentro de las instituciones educativas incorporadas al sistema nacional. Sin embargo, su capacidad de supervisión respecto de actividades extracurriculares, campamentos, entrenamiento físico intensivo o metodologías de inspiración militar resulta claramente limitada. En consecuencia, la Defensa tampoco posee atribuciones generales para supervisar este tipo de academias privadas, al no forman parte, precisamente, de su estructura institucional. No obstante, ello no significa que deba permanecer completamente al margen, insisto, del uso de conceptos, símbolos y metodologías asociadas al ámbito militar, los cuales generan expectativas sociales de profesionalismo, mismas que deberían traducirse en mayores estándares de calidad y seguridad. En este sentido, una alternativa viable consistiría en construir un modelo de certificación conjunta entre la SEP y la Defensa, donde la primera conservara la supervisión pedagógica, curricular y de protección de niñas, niños y adolescentes, mientras que la segunda participara exclusivamente en la certificación técnica de instructores respecto de liderazgo, organización, primeros auxilios, manejo de grupos, seguridad en entrenamientos, gestión de riesgos y conocimientos básicos sobre doctrina militar, entre otros, sin intervenir directamente en la operación institucional cotidiana.

La solución, por tanto, no consiste en cerrar indiscriminadamente todas las academias militarizadas, ya que dicha decisión impactará en aquellas instituciones que por años han trabajado con profesionalismo, y que efectivamente contribuyen a la formación de ciudadanos responsables. La respuesta entonces, debe orientarse hacia una regulación inteligente, en donde sin duda resulta indispensable crear una ley, un capítulo específico dentro de la legislación educativa nacional, o llevar a cabo una modificación a la misma, estableciendo requisitos de autorización, certificación obligatoria de instructores, registros públicos, auditorías periódicas, protocolos nacionales de seguridad, supervisión permanente de campamentos, evaluación psicológica de personal, capacitación obligatoria en derechos humanos y mecanismos ágiles de denuncia para estudiantes y familias, entre otros. En este contexto, la SEP debería encabezar la supervisión educativa; la Defensa fungir como autoridad técnica certificadora respecto de contenidos de inspiración militar; los sistemas nacional y estatales de protección integral de niñas, niños y adolescentes (SIPINNA) intervenir en la vigilancia del cumplimiento de estándares de protección; así como el que las autoridades de protección civil autorizaran previamente cualquier actividad de entrenamiento.

La disciplina nunca debe construirse desde el miedo, sino edificarse desde la legalidad, la formación ética y el respeto irrestricto a la dignidad humana.

Y usted ¿cree que cerrar es mejor que regular? Seguiremos atentos.

@ottorenecaceres politicaparatodos10@gmail.com