Algo se mueve en las instituciones

                                                                                                            Raúl ARROYO

Los actuales son días de tensión para la institucionalidad mexicana. En apenas unas horas los escenarios se suceden visibilizando cambios sensibles, o cuando menos alteraciones en el funcionamiento y prácticas de nuestros sistemas de procuración de justicia, federal -  presidencialista y electoral.  Como en una serie de episodios observamos, siguiendo ese orden cronológicamente, una secuencia con puntos convergentes.

Primero, en un operativo conducido por la fiscalía de una entidad federativa, un accidente automovilístico evidencia la presencia de agentes extranjeros. Para obviar el relato de enredos bastante conocido, surge de ello la sospecha de una violación a la soberanía nacional, enseguida la renuncia del fiscal y una ambigua respuesta del gobierno local. Le sigue una ruta iniciada por la posible falta de aviso a la autoridad federal, escalada hasta un desencuentro publicitado por ellas mismas, entre las titulares de los poderes ejecutivos del estado y federal.

Segundo, la exhibición de la notable precariedad del Ministerio Público, evidencia de su inviable funcionamiento autónomo; este episodio lo reflejó con nitidez: cuando conviene, el poder público se hace cargo sin recato de la responsabilidad ministerial: adelanta hipótesis, publica procedimientos, determina responsabilidades, advierte castigos, en fin, de respeto a la autonomía nada. Pero cuando el escenario cambia entonces la autonomía va por delante, aunque el lenguaje traicione y al mencionarlo se haga referencia a “mi fiscal”, y entonces un par de frases es suficiente para hacer del antes persecutor del delito un peligroso delincuente y deslindarse de su relación de dependencia.  De la presunción de inocencia y la secrecía legal ni hablamos, como si no existieran.

Y tercero, la cascada de cuestionamientos al Instituto Nacional Electoral,  representante de una, - por sus facultades y obligaciones la más visible -, de las tres instancias  responsables de los procesos electorales federales, y si se quiere locales, junto con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, también con su dosis de descrédito, y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, FISEL, de la Fiscalía General de la República,  percibida desde su último tramo de FEPADE por una notoria discreción.

Se dirá con razón: los señalamientos se refieren específicamente a la presidenta de su Consejo General; pero también habrá de aceptarse el consecuente desgaste al INE, ejemplo más acabado por sus dimensiones, de la parte orgánica autónoma, esa sí, del Estado mexicano. Por si fuera poco, sucede precisamente – también podrá dudarse de la casualidad -, en el umbral de la mayor elección de la historia nacional. Su primera consecuencia, la renuncia de la funcionaria anoche. Ya vendrá la segunda: el nombramiento de quien habrá de sustituirla en esa presidencia.

Sobre los tres hechos han corrido ríos de tinta, con análisis serios, estudios jurídicos, enfoques políticos, antecedentes históricos, ingeniosas caricaturas y un océano de expresiones en las redes sociales. En todas puede haber razón y despropósito; pero en todo caso visibilizan cambios en nuestra institucionalidad. Incluso pueden aventurarse ventajas en medio de la crisis provocada por el conjunto y coincidencia temporal de las tres.

Cuando menos son atendibles para cada una: la necesidad de replantear el diseño fallido para la procuración de justicia, después del resultado de la utópica autonomía ante la costumbre genética de ejercer el poder en nuestro país, donde haya responsabilidad política frente al desempeño de las fiscalías.  Otro, la advertencia de una nueva ecuación en la relación federalismo-presidencialismo con otros criterios, por ejemplo, la publicidad de las tensiones del ejecutivo federal con los locales para evitar triunfos, sometimientos, o avasallamientos del modelo constitucional de convivencia diferenciada por las respectivas facultades. Y, la conveniencia de un sistema de pesos y contrapesos al interior de las instituciones para prever y evitar prácticas personales negativas y con ellas el altísimo riesgo del sistema democrático, de proporciones indeseables para el país.

En su más reciente libro El futuro de la democracia (Galaxia Gutenberg, Barcelona, 2026), el politólogo vasco Daniel Innerarity, advierte, citando un pasaje de La Cartuja de Parma: Ve el triunfo y la derrota y, en fin, ve todo y no ve nada; estuvo allí, en efecto, pero no sabría contar otra cosa que el asombro de no haber conseguido encontrar Waterloo en Waterloo.  Y sugiere estar a la altura del propio tiempo, ser su testigo o protagonizarlo, no es algo que se consiga sin más vagando por el lugar de los hechos. Para nuestro panorama inmediato, todo el libro es un útil manual.