CACIQUES Y FINANCIAMIENTO POLíTICO ILEGAL

Nicolás Jiménez

El financiamiento ilegal es un recurso que utilizan los partidos políticos, las elites políticas y económicas para reforzar sus campañas y de paso hacer alianzas que sostengan su gobernación.

En lo regional estas élites están conectadas o son a la vez caciques que tienen el control económico, el político-electoral, y a veces ambos, y recurren a diversos medios, inclusive el dinero ilegal para financiar campañas, y afianzarse en el poder.

En la literatura de la historia política mexicana, el papel del cacique se menciona de manera superflua y el análisis de la política contemporánea prácticamente los ignora, como si estos actores fuesen parte de un pasado rural, donde las formas de organización eran rudimentarias y los liderazgos se consolidaban a través de la violencia explícita y ocasionalmente injustificada y menos por mecanismos de conciliación y resolución no violenta de conflictos. Menos se aborda el hecho de que el cacique puede ayudar a ganar elecciones, manipulando fondos, comprando votos y movilizando a la sociedad.

La figura del cacique, a diferencia del caudillo o del líder carismático, es pocas veces trabajada, tal vez porque se le han atribuido características negativas, como la traición, la violencia sin sentido, el uso utilitarista de las personas o grupos de personas para conseguir sus fines personales, así como su margen de acción en sociedades marcadamente rurales.

Mientras que a los caudillos y líderes carismáticos se les atribuyen cualidades, cuyos dictados, aunque injustos, se justifican por la subjetividad de su sequito, pues “ellos saben lo que hacen”, tienen una visión clara de lo que se espera lograr con los sacrificios, mientras que los caciques están más cerca de la sociedad, cuya riqueza y poder corresponden, casi en relación directa, con el número de injusticias que han cometido a lo largo de su carrera. El cacique se relaciona con los partidos políticos para “vender” sus servicios y acomodar sus intereses, o el partido busca al cacique para ganar elecciones, lo que usualmente incluye financiar campañas, sin importar los límites legales.

En estos tiempos, donde lo que interesa más, es medir la calidad de la democracia, se le presta menor atención a este tipo de liderazgo. O porque reconocer su existencia afecta la narrativa de la transición democrática. En el ámbito político, se han desarrollado investigaciones cuantitativas de carácter electoral, que no obstante su mérito propio, una visión parcial, y hasta cierto punto distorsionada de la realidad, pues descuidan la forma en que se lleva a cabo la operación política previa a y durante las votaciones en el México actual.

Pese a la reorganización política que se ha articulado durante los últimos cuarenta años, en los que se ha pasado de un gobierno de partido hegemónico, a un gobierno plural con integración de corrientes políticas y de un amplio espectro de representación de subjetividades, la praxis política informal se niega a desaparecer, a pesar de la herencia cultural tan rica de México donde un conjunto de prácticas suele entrar en conflicto con los ordenamientos legales.

El desenvolvimiento de los actores políticos ha evolucionado, a grado tal, que las prácticas autoritarias y caciquiles han pervivido adaptándose al funcionamiento del sistema político. Es curioso que esta adaptación se da por ejemplo, en el ámbito religioso-cultural, donde formalmente existe una división tajante entre las actividades propias de la práctica religiosa y la vida civil y política, división que comenzó durante la época de Reforma, con el presidente Benito Juárez, y continuó con el movimiento revolucionario. Sin embargo, en comunidades con un fuerte arraigo a la religión católica, la actividad política y religiosa se fusionan, de tal manera que, para destinar recursos públicos a las fiestas patronales, se justifica la erogación de gastos como si fuesen enteramente para actividades de índole cultural y hasta hay curas que operan como caciques en sus comunidades, como en Canoa, Puebla.

De esta manera, la praxis esquiva el impedimento legal de realizar actividades religiosas combinadas con eventos de carácter público. Por ello, donde a nosotros nos parecería que existe una flagrante violación a la laicidad del Estado, en realidad ha ocurrido una especie de amalgama que ha tomado el aspecto legal, lo ha respetado, pero a la vez ha logrado imponer una práctica cultural que claramente va contra lo que la legislación marca. Así mismo, en el ámbito de la praxis política, el caciquismo ha cambiado su denominación, aunque las actividades que se realizan se hayan adaptado a través del tiempo. Figuras como los lideres juveniles, políticos, empresariales, profesionistas y otros tantos denominados elegantemente como operadores políticos, concentran en sí diversas características que cuadran a la perfección con lo que en antaño eran características puntuales de los caciques.

Los caciques consideran que llamarlos así es una afrenta, puesto que ellos se presentan como representantes populares, que supuestamente representarían los intereses de grupos, generalmente marginados, los cuales los han elegido casi en contra de su voluntad, y por tanto ellos, como ciudadanos intachables y desinteresados, han decidido acatar los designios del pueblo que los ha elegido, más como una víctima que como un salvador. Se nota así cómo replican en su discurso, algo que los líderes carismáticos realizan, pero sin ser tan conscientes de ello.

Se ganan así el favor de los altos funcionarios para convertirse en mediadores entre el sistema político y el resto de la población, además, logran llamar la atención de empresarios, que tienen recursos económicos, pero están lejos del contacto popular. Empero, cuando consideran preciso en entrar a la arena política, necesitan demostrar que son cercanos a la gente y que por tanto conocen sus necesidades. Es con base a este clientelismo que los candidatos se dan “baños de pueblo”, en donde intervienen activamente los caciques y otros operadores políticos que, con años de antelación, han sabido organizar y movilizar personas, para convertirlos en moneda de cambio con los políticos que tienen mayor o mejor filiación política.

Esta intersección de actores en la política de una región puntual del estado de Puebla, el Valle de Tehuacán, es para nosotros de particular interés, debido a que, pese a ser una región que cuenta con uno de los municipios más grandes del estado de Puebla, ha sido epicentro de diversos acontecimientos políticos, en los cuales un grupo muy reducido de actores ha movilizado cuantiosos recursos, tanto económicos como políticos, para beneficiarse y beneficiar a sus allegados, que habitan esta amplia región. Los Barbosa de Ajalpan, los García de la Cadena en Tehuacán, los Hernández en Vicente Guerrero, los Celestino Rosas en Coyomeapan han estado en el poder sin importar los medios para mantenerse, y uno de esos medios es el financiamiento ilegal. A pesar de que puedan ser rivales dentro de su propia clase, de elites económicas y políticas, se unen como una misma clase, para poder actuar contra todos aquellos que pongan en tela de juicio su actuar y así tener una fuerza superior para imponer sus intereses al resto de la población. En el Estado capitalista, la clase dominante (elites económicas y elite política) son capaces de hacer lo que sea para proteger al Estado, incluso imponiendo candidatos o candidatas y financiar ilegalmente campañas electorales.

Resulta irónico que, cuando los partidos políticos comienzan a recibir recursos gubernamentales (debido a su carácter de organismos de interés público) para evitar una preponderancia de intereses particulares en su funcionamiento, es cuando más casos de escándalos de corrupción, malversación de fondos, “pase de charola” y financiamiento criminal han sido ventilados. Anteriormente las estructuras de las diversas áreas de gobierno se encargaban de recaudar fondos para las campañas electorales, pero ahora al estar mayormente vigilados por las autoridades electorales, se ha recurrido a financiamiento indirecto e ilegal, que en determinados casos supera los topes de campaña permitidos. Los montos de éstos, al ser difícilmente fiscalizables, quedan más en el ámbito de la especulación, a pesar de que sus efectos se perciban de manera tangible.

El resultado ha sido la criminalización de la política y una manipulación del presupuesto público para cumplir con las promesas y compromisos adquiridos durante el proceso electoral. Y la permanencia de los caciques y su condición anti democrática.