Diego Martín Velázquez Caballero
Si bien los resultados de la consulta respecto al juicio de los expresidentes de México, no tuvo los resultados necesarios para el establecimiento vinculatorio que los simpatizantes de Morena –y algunas víctimas de los periodos autoritarios- consideraban, es importante reflexionar sobre el reclamo de justicia y memoria del pasado que una parte de la sociedad reclama.
A finales del siglo pasado, se consideraba el juicio histórico como un punto de debate en la teoría de las transiciones a la democracia, jurídicamente se denominó “Justicia Transicional” a los procesos legales necesarios para juzgar a los representantes del régimen autoritario y saltar al periodo necesario de la consolidación democrática. Este proceso no implicaba juicios sumarísimos sino la conciencia legal, inclusive en ausencia, de los responsables autocráticos.
Los promotores de la transición pactada generaron una corriente de opinión distinta al arbitraje legal-histórico, manifestaban la necesidad del olvido. Por ejemplo, Fernando Gutiérrez Barrios, Ignacio Morales Lechuga y Carlos Castillo Peraza; opinaban que era necesario perdonar y olvidar, hacer leyes de punto final y amnistía como aconteció en los casos de España y Chile, así como en algunas regiones de Europa del Este. Inclusive en aspectos como la “Guerra Sucia” se hacía énfasis en la desmemoria saludable.
La presidencia de Vicente Fox no aplicó ninguna sanción contra el régimen autoritario, las comisiones legales para rastrear victimarios y desaparecidos fueron obsoletas. Para algunos esta situación fue necesaria para generar gobernabilidad y que la primera presidencia de alternancia no tuviera contratiempos. Ciertos datos que habían sido proporcionados por víctimas, fiscalizadores e investigadores; simplemente no fueron tomados en cuenta.
La izquierda y derecha fueron cómplices de la desmemoria, sus demandas supinas de reparación histórica fueron superadas por la violencia desencadenada en los gobiernos subsiguientes. La guerra contra el narcotráfico implicó una nueva lucha cuyo costo humano no se ha tenido tiempo de considerar.
Los resultados sobre la consulta muestran que no habrá justicia transicional para México, el desinterés de AMLO así como los compromisos con la guerra sucia que hay en ciertos colaboradores de la 4T, son señal de que sólo la historia puede
poner atención en ese tema, aunque algunos parezca un memorándum del rencor, sigue siendo la única señal de la responsabilidad que varios actores de la clase política tienen con el autoritarismo y la corrupción en México.
La justicia transicional permite delimitar las acciones humanas, reconocer errores y enmendar actos. Es la crítica que hace Vivianne Forrester a Hanna Arendt al señalar que los autoritarismos no tienen una maldad mecánica sino una malformación de origen que debe ser corregida y curada.
No se ha evaluado la imposibilidad de la justicia histórica o transicional y la relación que guarda con el imperialismo norteamericano y la Iglesia Catolica. El cuadrado narcotráfico-cia-anticomunismo-dfs puede afectar los intereses de la gobernabilidad imperialista y las concesiones que Norteamérica ha hecho a la clase política mexicana.
La geopolítica de la guerra fría es responsable de los muchos actos autoritarios que todavía tienen resonancia y explican gran parte de la estructura socioeconómica de México.
AMLO, como Vicente Fox, puede hacer poco respecto al pasado, hay muchas cuestiones que el intervencionismo estadounidense obstaculiza. Thomas Jefferson señalaba: “Verdaderamente tiemblo por mi patria cuando pienso que Dios existe”. El mesianismo norteamericano no tiene temor de Dios, ni de nada. El destino manifiesto es capaz de transformar asesinos en héroes sólo porque sí, es la recompensa por construir el capitalismo.
¿Memoria u Olvido? He ahí el dilema ¿Quién tiene derecho a recordar? ¿Quién tiene derecho a la justicia? Más que preguntas legales, parecen preguntas escatológicas. Nicaragua y Cuba han demostrado en los tribunales internacionales los actos de barbarie que Estados Unidos ha cometido ¿Quién puede castigar al Imperio?
Los resultados de la consulta popular y el desinterés -político y social- señalan la preponderancia de la corrupción y la impunidad que el anticomunismo hizo costumbre. Las leyes de punto final son muestra de contener la transformación del derecho y la justicia, hacer pétreo lo que por naturaleza tiene que ser dinámico y tranformativo.
El pasado seguirá ahí, ya no puede ocultarse, la cuestión radica en asimilar y aprender de él. Resolver los traumas como en una terapia psicológica. Negarlo implica mentir y trastornar el futuro de la sociedad, repetir los problemas y la
maldad. El enlace en la historia de la corrupción, abuso e impunidad con el aprendizaje de la cultura política democrática es más que importante.
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