Cooperar no es competir

Xochitl Patricia Campos López

La disputa entre Claudia Sheinbaum y Maru Campos por la presencia de agentes estadounidenses en Chihuahua suele leerse como un choque entre partidos: la presidenta de Morena frente a una gobernadora panista. Pero reducirla a una pugna electoral oculta una pregunta más delicada: ¿hasta dónde puede llegar la cooperación con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico sin debilitar la autoridad y la soberanía mexicanas?

El conflicto estalló tras un operativo antinarcóticos en Chihuahua, en el que murieron dos agentes estadounidenses en un accidente. Sheinbaum cuestionó que autoridades estatales hubieran permitido una colaboración en campo sin coordinación federal y exigió aclaraciones. El gobierno de Chihuahua, encabezado por Campos, abrió una investigación y reconoció omisiones. La Fiscalía General de la República también inició indagatorias.

El episodio no demuestra que ambas funcionarias estén compitiendo por el favor de Washington ni que busquen entregar a la CIA, la DEA o el FBI un papel directo en la seguridad mexicana. Sí revela, en cambio, que la cooperación bilateral es indispensable y políticamente explosiva. México necesita inteligencia, coordinación y herramientas para perseguir redes criminales que operan a ambos lados de la frontera. Pero esa necesidad no elimina la obligación de actuar conforme a la ley, con responsabilidades claras y bajo conducción institucional mexicana.

Sheinbaum tiene razón al insistir en que la política exterior y la seguridad nacional no pueden organizarse mediante acuerdos opacos entre agencias estatales y funcionarios extranjeros. Campos, por su parte, tiene el deber de explicar qué cooperación ocurrió, quién la autorizó y bajo qué marco legal. La transparencia no es una concesión a la adversaria: es el mínimo exigible cuando están en juego la soberanía y la rendición de cuentas.

También sería prematuro presentar la colaboración con Estados Unidos como una solución capaz de reducir por sí sola la violencia. La inteligencia extranjera puede contribuir a localizar objetivos y desarticular operaciones; no reemplaza policías confiables, fiscalías eficaces, justicia accesible ni políticas que reconstruyan comunidades sometidas al control criminal. Si la cooperación produce capturas sin investigaciones sólidas, o despliegues sin supervisión, el resultado puede ser más tensión institucional que seguridad duradera.

La tentación de ambas partes es convertir el incidente en una disputa de lealtades: quién colaboró más, quién ocultó información o quién defendió mejor la soberanía. Esa lógica beneficia a la confrontación partidista, no a las víctimas. Que Sheinbaum y Campos hayan acordado canalizar el asunto por vías institucionales es un paso necesario, aunque insuficiente.

El denominador común no debería ser la búsqueda de aprobación estadounidense, sino el reconocimiento de que la crisis de seguridad rebasa a cualquier gobierno aislado. Cooperar con Washington puede ser razonable; competir por su preferencia, no. La prueba estará en si esa cooperación se traduce en menos violencia, instituciones más fuertes y control efectivo de las redes criminales, o si termina siendo apenas otra moneda en la disputa política.