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DEL NADA AL TODO, LA CONFIANZA DE AMLO EN LAS FUERZAS ARMADAS

Enrique Bautista Villegas

A muchos confundió el cambio de actitud del opositor y adversario político irredento de los gobiernos neoliberales que gobernaron a México país 1982 y 2018, respecto a la conducta de las fuerzas armadas en el cumplimiento de su función frente a la sociedad.

Me refiero desde luego al antes opositor y ahora Jefe del Estado mexicano, Andrés Manuel López Obrador, quien durante décadas fue un férreo crítico de la forma en que el Ejército y la Marina cumplían sus funciones a partir de las ordenes que les transmitía el presidente en funciones, por conducto de sus respectivos mandos, para mantener un supuesto orden interno del país y luchar contra los supuestos enemigos de la sociedad, entre los que paulatinamente se fueron transformando en hegemónicas las organizaciones de la delincuencia organizada.

Hoy esa visión del actual Presidente de la República sobre la conducta de las fuerzas armadas en el ejercicio de hacer guardar el orden interno y paz social en el país, se ha transformado, constituyéndose el propio mandatario en el mejor aliado y más decidido soporte de esas mismas fuerzas en el gobierno que él encabeza.

La pregunta que surge es ¿por qué ese cambio diametral, del nada con las fuerzas armada al todo con ellas, del más duro rechazo a las mismas, a su respaldo prácticamente absoluto?

He aquí una hipótesis, y solamente eso; una hipótesis:

México es un país con un ejercicio legislativo sumamente dinámico; en el Congreso de la Unión, y en las legislaturas estatales la dinámica de presentación de iniciativas para proponer nuevas leyes, modificar las vigentes, reformar la Constitución de la República y las de los estados es, en la práctica, un deporte nacional. Baste decir, a manera de ejemplo, que entre 1917 y 2022, esto es durante 105 años, la Constitución mexicana fue reformada aproximadamente 750 veces y se aprobaron 258 decretos legislativos del Constituyente Permanente, mientras que, a lo largo de sus 228 años de vida la Constitución de los Estados Unidos nunca ha sido reformada, y solo ha tenido 27 enmiendas, la última aprobada en 1992.

Seguramente nuestro país es una de las naciones en la que más leyes se aprueban anualmente, y en el que más leyes están teóricamente vigentes, tanto en el ámbito nacional como en el local. Sin embargo, México es también un país en el que el cumplimiento de las leyes, lejos del principio de que la Ley es de interés público y de aplicación general; es decir, obligatoria para toda la sociedad, se ha transformado paulatinamente en una utopía, una falacia, una verdad a medias; en la que su aplicación es selectiva y discrecional, en la que ésta solo se aplica puntualmente a los desamparados, a los más jodidos, o a los enemigos de quienes la deben y pueden hacer efectiva.

La Ley la cumplen puntualmente solo aquellos que tienen un sentido cívico inquebrantable, o quienes no tienen capacidad para violarla para nos ser sujetos de su aplicación. Para violarla hay una diversidad de herramientas: el poder de quienes ejercen el gobierno, de los dueños del dinero, o la fuerza de cualquier naturaleza; de organizaciones sociales que cuando se sienten afectadas en su intereses la ignoran de manera flagrante (maestros sindicalizados, normalistas, comerciantes informales, campesinos, trabajadores, indígenas, colonos, entre otros), pero sobre todo las organizaciones delincuenciales, que no se deben confundir con las anteriores.

En contraposición escasas categorías de ciudadanos cumplen con el respeto a la Ley, a los principios éticos que profesan, a los ideales en los que creen, a los compromisos establecidos con las instituciones a las que pertenecen, o a los credos que profesan.

Seguramente la relación pudiera ser amplia si aquí se quisiera presentar, sin embargo, no es el objetivo de esta reflexión. Lo que si resulta claro es que en esta categoría entran las fuerzas armadas, que, por su formación, por los ideales que se les han inculcado, por el compromiso que han adquirido con el país, y por su disciplina, constituyen la institución más confiable y respetuosa con que el Estado mexicano cuenta.

Esta realidad la ha constatado quien antes era un adversario de aquellos que gobernaron el país con una visión sectaria, por lo menos entre 1982 y 2018, y ahora es el jefe de sus instituciones; el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

También de manera hipotética, quien esto escribe considera que ante la dificultad para lograr que instituciones nacionales estratégicas que dependen directamente de su gobierno: guardia nacional, administraciones portuarias y aduaneras, entre otras, actúen con eficiencia y apego estricto a la Ley, a lo que el jefe del Estado mexicano interpreta como justo, y a sus expectativas, dado el desapego de la mayoría de los mexicanos por el respeto a la propia Ley y a los principios éticos que inspiran a su gobierno, ha optado, como lo han sugerido académicos y formadores de opinión, como Lorenzo Meyer (“El Ejercito: cambio y adaptación”, El Universal, 19/03/2023) , y Jorge Zepeda Patterson (“Funcionarios profesionales, no militares ni expriístas”, Sin embargo.mx, 26/0322023) por implementar los mecanismos que considera más eficaces para buscar meter orden en las instituciones y garantizar un buen gobierno, a través de entregar esa responsabilidad en múltiples casos a las fuerzas armadas.

De ahí, decisiones como responsabilizar al Ejército la construcción de importantes obras como el aeropuerto de Santa Lucia, AIFA, el tren Maya, la conformación de una nueva línea aérea comercial de propiedad estatal, la administración de las aduanas y a la Secretaría de Marina la administración de los puertos, y la construcción del corredor interoceánico en el Istmo de Tehuantepec, entre otras. Esto además de dejar en manos del Ejercito la responsabilidad de la conformación y conducción de la Guardia Nacional, que para estas fechas cuenta ya con más de 140 mil efectivos en campo y más de 240 cuarteles en operación, a lo largo y ancho del país.

Ante un escenario de esta naturaleza, en las condiciones actuales, pareciera que la vía para que las fuerzas armadas eventualmente se reintegren de manera exclusiva a las funciones para la que se constituyeron originalmente, sería que el Estado mexicano todo, incluido el gobierno en sus diferentes niveles, y la sociedad misma, modifiquen su concepción de lo que significa el término Estado de derecho y, asuman el cumplimiento estricto de la Ley, incluidos la abolición del abuso de poder y el destierro de la corrupción, como un principio fundamental y obligatorio para todos.

La tarea no parece fácil, pero resulta indispensable iniciarla más temprano que tarde.

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