El sarampión, riesgo a la seguridad nacional

Otto René Cáceres Parra.

México, que hasta hace pocos años era considerado como un caso ejemplar en la lucha contra el sarampión, enfrenta hoy un resurgimiento preocupante de esta enfermedad altamente contagiosa.

Durante la década de los años noventa del siglo pasado, nuestro país logró interrumpir con éxito la transmisión endémica del sarampión gracias a campañas robustas y sostenidas de vacunación, así como de sistemas de vigilancia epidemiológica que marcaron un claro compromiso institucional con la salud pública. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) certificaron a nuestro país como libre del virus, representando un logro institucional notable, demostrando que la erradicación de enfermedades prevenibles era posible por medio de políticas públicas consistentes, representando una protección concreta para varias generaciones de mexicanos, colocando a nuestro país como referente regional, estatus que se mantuvo hasta 2019.

Sin embargo, lo que durante más de dos décadas fue entendido como un problema erradicado y controlado, ha reaparecido actualmente con fuerza, amenazando no sólo la salud pública, sino dimensiones más amplias de la estabilidad nacional, obligando a replantear su abordaje, concibiéndolo no sólo como un desafío sanitario aislado, sino como un potencial riesgo que debe ser analizado desde la óptica de la seguridad nacional.

Durante 2024 y 2025, diversos países, entre ellos Estados Unidos, Canadá y México, experimentaron un repunte de sarampión debido a brechas en las coberturas de vacunación, desinformación, debilitamiento de los sistemas de salud, así como fallas en la cadena de suministros biológicos, propiciando que, en un mundo caracterizado por la movilidad constante de personas, los brotes dejaran de ser fenómenos locales para convertirse en amenazas fronterizas.

En nuestro país, entre 2015 y 2019, la cobertura de la primera dosis de la vacuna SRP (sarampión, rubeola y paperas) descendió del 98 al 84 por ciento, muy por debajo del umbral del 95 por ciento recomendado para garantizar la inmunidad colectiva, siendo particularmente pronunciada en comunidades rurales, indígenas y zonas urbanas marginadas, creando factores de susceptibilidad, facilitando la propagación del virus, mientras que, en cuanto al brote actual, podemos rastrear su origen en casos importados detectados a inicios de febrero de 2025 en Chihuahua y Oaxaca, en comunidades vinculadas a baja cobertura vacunal, asociándose estos contagios a cepas provenientes de Canadá y Australia, evidenciando con ello nuestra vulnerabilidad frente a la movilidad global. A partir de estos primeros casos, la enfermedad se ha extendido progresivamente hasta alcanzar prácticamente a las 32 entidades federativas (23 estados con transmisión activa), siendo Jalisco, con mil 183 casos, CDMX, con 112 casos, Sinaloa con 115 y Chiapas, con 232 contagios, las entidades más afectadas, contabilizándose 8 mil 411 casos confirmados y 24 defunciones a nivel nacional, principalmente en niños menores de un año, y en comunidades con esquemas incompletos de vacunación, posicionándonos como el país más afectado en América, por delante de Canadá, con 5 mil 503 afectados y dos defunciones y Estados Unidos, con 2 mil 413 casos y tres defunciones. Estas cifras, además de ser alarmantes, incluyen complicaciones graves como neumonía, encefalitis, así como la supresión temporal del sistema inmunológico, dejando a los afectados vulnerables a otras infecciones.

Bajo este contexto, resulta obligado preguntarnos si el sarampión debe considerarse como un asunto de seguridad nacional, siendo la respuesta corta, si, aunque la normativa actual no lo defina explícitamente como tal. En términos generales, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) define un riesgo como la probabilidad de que ocurra un evento capaz de generar daños significativos a la población, la economía, la infraestructura o la estabilidad social, considerando tanto su impacto como las vulnerabilidades existentes, emergiendo de una serie de fenómenos que pueden producir consecuencias sistémicas de alcance nacional, a diferencia de una amenaza, la cual implica intencionalidad y acción deliberada contra el Estado.

La Ley de Seguridad Nacional define las amenazas en términos de terrorismo, sabotaje, interferencia extranjera o ataques a la infraestructura estratégica, entre otros, reconociendo que la seguridad nacional implica la protección de la nación frente a amenazas y riesgos, contemplando una Agenda Nacional de Riesgos, de carácter anual y naturaleza cambiante. En este sentido, el resurgimiento del sarampión encaja, al igual que el caso del Covid-19, como riesgo, es decir, no es intencional -a pesar de las múltiples teorías conspiracionistas- aunque su impacto ciertamente se ve amplificado por desigualdades estructurales y fallas institucionales, afectando intereses fundamentales como: la salud pública, al saturar servicios y erogación de recursos; impacto en la economía, a través de pérdidas en productividad y gastos en salud; erosión de la cohesión social, al profundizar desigualdades y generar desconfianza institucional; incluso afectar las relaciones internacionales, al poner en entredicho la capacidad sanitaria del país. Todo lo anterior potenciado por fenómenos políticos y sociales como desinformación, noticias falsas, movilidad transfronteriza, limitada coordinación interinstitucional, entre otros.

A pesar de que nuestro país no cuenta actualmente con una definición normativa de seguridad interior, el sarampión también puede -y debe- ser analizado desde esta perspectiva, ya que epidemias como ésta podrían llevar a la generación de conflictos sociales, protestas por percepción de abandono, tensiones entre niveles de gobierno y/o crisis de confianza, entre otras. Sin embargo, dado el vacío conceptual, sigue siendo hasta el momento la de riesgo a la seguridad nacional. Aunado a lo anterior, la respuesta gubernamental también ha sido objeto de críticas por su lentitud y fragmentación. En el ámbito legislativo, diputadas y diputados como María Elena Pérez-Jaén Zermeño y Éctor Jaime Ramírez Barba alertaron desde 2023 que el resurgimiento del sarampión podía convertirse en una crisis, subrayando la erosión del sistema de vacunación, la dispersión geográfica de los casos, la sobrecarga del sistema de salud y el impacto económico de los brotes.

El resurgimiento del sarampión en México constituye un caso paradigmático de los riesgos que enfrenta la seguridad nacional en el siglo XXI, demostrando que las amenazas más graves ya no provienen únicamente de actores armados o conflictos tradicionales, sino de fenómenos sanitarios que, al interactuar con vulnerabilidades estructurales, ponen en riesgo la estabilidad, la prosperidad y el bienestar de la nación. Por tanto, integrar la salud pública en el núcleo de la seguridad nacional -y la seguridad interior- no es una exageración, sino una necesidad estratégica impostergable.

¿Y usted ya se vacunó? Seguiremos atentos.

@ottorenecaceres