“FABRICACIÓN” DE RICARDO RAPHAEL Y LA JUSTICIA EN MÉXICO

Enrique Bautista Villegas

Cada día qué pasa y me informo más sobre la conducta de la administración de justicia en México, me queda claro que la decisión de reformar el poder judicial en todos sus niveles en el país es una prioridad. También lo es la reforma a las fiscalías federal y estatales, y seguramente a los cuerpos de seguridad pública de los 3 niveles de gobierno.

Recién terminé de leer el libro “Fabricación” del periodista y escritor Ricardo Raphael, que constituye una cruda relatoría presentada como una novela, de hechos recientes en México. Describe detalladamente el famoso caso que ocupó muchas páginas noticiosas y de análisis de los medios nacionales entre los años 2005 y 2012 aproximadamente. Los hechos son protagonizados por la señora Isabel Miranda de Wallace, por la supuesta desaparición y asesinato de su hijo Hugo Alberto Wallace, en julio de 2005. A lo largo de la lectura del texto fui sintiendo vergüenza como mexicano por los niveles tan bajos de corrupción en que han caído los integrantes de los diferentes niveles de gobierno responsables de garantizar la seguridad a la ciudadanía y de la administración y aplicación de la justicia, como derechos fundamentales de la sociedad

Me regresaron a la memoria decenas de historias similares, parecidas, o vaya usted a saber, peores, que las que el prestigiado periodista narra, Recordé el asesinato del locutor y show-man de televisión Paco Stanley; sobre como el magnate Ricardo Salinas Pliego medró con ese homicidio, pretendiendo responsabilizar por supuesta omisión de este al entonces Jefe de Gobierno de la hoy CDMX; cómo fue involucrado y responsabilizado de los hechos el auxiliar de Stanley, Mario Bezares. Recordé por supuesto la condición de deudor omiso de miles de millones de pesos al fisco de una empresa del propio Salinas Pliego gracias a la omisión del ministro de la Corte Luis María Aguilar Morales quien, es públicamente conocido, mantuvo por años el asunto congelado en sus archivos, omitiendo resolverlo. Recordé también el caso de la banda de secuestradores de los Zodiaco y la francesa Florence Cassez, que mantuvo en jaque durante algún tiempo las relaciones diplomáticas de México con Francia; sobre cómo el novio de esa mujer, y supuesto líder de la banda, Israel Vallarta, se mantiene en la cárcel tras más de 19 años de estar preso, sin que a la fecha se le haya dictado sentencia condenatoria. Recordé muchos más casos de violaciones a los derechos humanos de personas inocentes, vulnerados en forma grotesca, haciéndolos responsables de crímenes que nunca cometieron, y de otros en que jueces de dudosa o nula reputación han liberado a delincuentes reconocidos públicamente, en oscuras circunstancias y/o a cambio de favores económicos. Imposible olvidar el involucramiento del exsecretario de Seguridad pública del expresidente Felipe Calderón, que permanece en prisión en los Estados Unidos por delincuencia organizada.

Apenas había terminado de leer el relato de Ricardo Raphael, que considero una lectura obligada para los interesados en el tema de impartición de justicia en México, abrí el periódico El País, para encontrarme con una nota sobre la liberación de Keren Ordóñez Hernández (Detenida, torturada y condenada por un delito que no cometió: Keren Ordóñez recupera la libertad tras casi una década en la cárcel | EL PAÍS México), una joven mujer de 29 años, que pasó los últimos nueve años y cuatro meses en una cárcel de Tlaxcala, acusada de participar en el secuestro de una mujer en 2015, un delito que no cometió. El Tribunal Superior de Justicia de ese estado revocó este miércoles la sentencia condenatoria de 50 años de cárcel que pesaba sobre ella desde 2019 y que fue ratificada en 2024, por no tener pruebas que la incriminen y después de reconocer que ha sido víctima de tortura y que a través de ese mecanismo firmó una declaración donde asumía su responsabilidad en ese delito.

Ante tan terrible realidad no es legítimo cuestionar la decisión de los poderes ejecutivo y legislativo del nivel federal por impulsar una profunda reforma al poder judicial, que nunca tuvo la voluntad de cambiarse a sí mismo. Podrán cuestionarse las formas y los tiempos como se ha venido haciendo, pero no la justificación para impulsar la reforma. Resulta desde luego urgente, que la misma se lleve adelante, buscando en lo posible que el remedio no resulte más grave que el padecimiento.

Considero que, ante la inminente elección de integrantes del poder judicial, es imprescindible que todos los mexicanos busquemos participar para lograr un poder judicial a la altura de las necesidades del país. Si bien entiendo la dificultad que esto significa, me parece que quienes tenemos las herramientas necesarias debemos intentar hacer una evaluación objetiva de los y las candidatas a jueces, magistrados y ministros, que a cada uno nos corresponde, para compartirla con nuestros conciudadanos, y elegir los perfiles más adecuados que están a nuestra consideración.

Es también urgente diseñar e implementar una profunda reforma a las fiscalías federal y estatales, y a los cuerpos de seguridad de todos los niveles de gobierno, para de verdad estar en posición de reformar la administración de justicia en el país y pensar que podemos aspirar a un sistema de justicia justo, equitativo, e igualitario.