Feuderalismo

Diego Martín Velázquez Caballero

Se ha argumentado con insistencia que el proceso de democratización local, lejos de consolidar el Estado de derecho, facilitó paradójicamente la transición hacia una fragmentación del poder que liberalizó antiguos autoritarismos y cacicazgos regionales. En este escenario, el ascenso del narcotráfico se produjo de manera concomitante a la apertura política, aprovechando los intersticios de un sistema en transformación. Ante la creciente presión diplomática y de seguridad ejercida por los Estados Unidos, surge la interrogante sobre los mecanismos de intervención que Washington podría desplegar. Existe una evidente necrosis social donde las administraciones locales parecen hallarse bajo un estado de coacción absoluta por parte del crimen organizado, el cual suele mimetizarse tras causas sociales y políticas legítimas para oscurecer la percepción institucional. Bajo esta premisa, la distinción ética y operativa dentro de las entidades públicas mexicanas se vuelve una tarea de extrema dificultad.

Si bien ciertos sectores del análisis político sugieren paralelismos entre la gestión federal actual y las estrategias de intervención directa observadas en sexenios anteriores, la realidad estructural parece no ofrecer alternativas viables frente a las circunstancias imperantes. La problemática del tráfico de sustancias ilícitas guarda una proporcionalidad directa entre las dinámicas de consumo y distribución de ambos lados de la frontera. No obstante, ante la erosión de la inteligencia institucional en México, que ha mermado la capacidad estatal para discernir entre aliados estratégicos y agentes infiltrados, la responsabilidad de desarticular las redes de corrupción financiera recae, en gran medida, en las agencias estadounidenses. México ha trascendido la definición clásica de narcoestado para configurarse como una narcosociedad.

A diferencia del modelo colombiano, donde la distancia geográfica permite a los Estados Unidos gestionar el conflicto de manera periférica, la situación mexicana presenta un desbordamiento de la violencia y el trasiego que afecta directamente su seguridad nacional inmediata. Los episodios recurrentes de criminalidad no asombran ya por su virulencia, sino por su anclaje histórico; son enclaves de delincuencia que han persistido durante casi un siglo, coexistiendo con los poderes fácticos y la estructura social. Esta crisis no admite las soluciones ensayadas en otras latitudes del continente. Ninguna barrera física resulta suficiente para contener la potencia corruptora del mercado ilícito, una lección que la historia estadounidense ya asimiló durante la prohibición del alcohol, periodo en el que la institucionalidad debió convivir con el crimen organizado. En última instancia, la integración de México en una dinámica de seguridad compartida más profunda parece ser la única alternativa para evitar que la metástasis de esta crisis comprometa definitivamente la estabilidad de la región norteamericana.

Aunque se insinúa por parte de varios analistas lopezobradoristas que la Presidencia de la República está actuando como lo hiciera Felipe Calderón Hinojosa en el michoacanazo, lo cierto es que no se puede hacer otra cosa en las actuales circunstancias. El problema del narcotráfico es proporcional entre México y Estados Unidos; a los norteamericanos corresponde encontrar las

redes de corrupción y criminalidad en México porque el gobierno de nuestro país ya no cuenta con la capacidad de gobernar.