Diego Martín Velázquez Caballero
La situación del estado de Campeche permite entrever que la Federación se conduce como alcahuete de los gobernadores; ahora y en el pasado inmediato. Los abrazos deberían terminarse, pero con los gobiernos estatales de todos los partidos.
La situación de Campeche resulta delicada, sin embargo, otras entidades guardan una situación de ilegalidad, impunidad e ingobernabilidad que resulta ominosa y peor. Si la incompetencia de Layda Sansores genera molestia, en otros casos los gobernadores rompen con todo orden social. La incomprensión de los mexicanos hacia los gobernadores es total.
Muchas entidades de México viven autoritarismos no competitivos y de una corrupción casi absoluta. Es decir, estos estados presentan índices de marginalidad y problemas sociales amenazantes por más que los recursos económicos federales y propios son abundantes ¿Por qué la Federación no pone orden allí?, ¿Por qué los poderes legislativo y judicial de nuestra república, no cuestionan a los gobiernos estatales y municipales? Los gobernadores están descarrilando el país y pueden llevarlo al fracaso, no sabotean el desarrollo nacional porque son incompetentes sino porque –seguramente- odian a México.
La información sobre otras entidades es más alarmante que lo ocurrido en Campeche. La próxima administración federal tiene que regular a los gobernadores y evitar que los cacicazgos autoritarios se reproduzcan.
El gobierno de la Cuarta Transformación ha sido más que comprensivo con gobiernos estatales casi criminales –de todos los partidos-, pero tal parece –en algunos casos- que pasarán sin mayor crítica a la siguiente presidencia de la república.
Pocos gobiernos estatales están comprometidos con impulsar los cambios cualitativos y cuantitativos impulsados por la Cuarta Transformación. ¿Qué proyecto de país tendrá éxito si cada vez la generación de gobernadores resulta peor que aquellos conjuntados con Peña Nieto?
La forma en que los gobiernos estatales están configurados debe cambiar. No son buenos conductores de sus territorios e imaginar un país donde solo alcaldes y federación se coordinen para impulsar las políticas públicas es una utopía deseable. El artículo 115 constitucional presenta enormes tareas y obligaciones para los municipios, no ocurre así con los gobiernos estatales; pero, estos últimos, son los que manejan los recursos económicos en una forma patrimonialista y caciquil explicativa de nuestra situación actual.
Se ha desmantelado el municipio en beneficio de los gobiernos estatales y cada vez el país está peor. Probablemente incrementar el federalismo, desarrollar más municipios y disminuir las facultades de los gobiernos estatales tenga mejores efectos en el país.
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