La izquierda popular frente al sistema neoliberal.

Jorge Lora Cam

Cada cien an

(según Genaro Ledezma) las Actas del Patronato de la Raza Indígena. Según ellas, entre 1922 y 1930 estallaron en Perú 697 rebeliones; ¡697 alzamientos en ocho años, es decir, un promedio de 70 anuales! ¡Un alzamiento cada cinco días! ¡Miles de muertos! ¡Cientos de miles de muertos! Alzamientos sucedidos en silencio, combatidos en silencio, aplastados en silencio”. (La guerra de Perú / Pedro Salmerón Sanginés, La Jornada, 28-12-2022)

El día 4 el pueblo está convocado desde la Macro región Sur a un paro nacional. Luego de la violenta represión que dejeo más de 30 asesinados, muchos esperaban que llegaban tiempos de sumisión y paz, sin embargo los días de fiesta de fin de año solo fueron una tregua. "Y es que sobre la gran diversidad de acciones auto convocadas en cada pueblo o ciudad hay una unidad muy clara: la movilización social en el Perú es contra el poder económico que tiene tomado el Estado." (“Lucha Indígena: “El estado es el problema” | Servindi - Servicios de Comunicación Intercultural, 12/2022”.

No son nada nuevo los asesinatos a sangre fría; los estados de emergencia, la pérdida de derechos, los infiltrados, los allanamientos, ocurren sin pausa desde hace décadas en los territorios ocupados por las mineras, petroleras, agroindustrias, madereras, etc. Todo critico, contestatario o rebelde es señalado de “terruco” y debe ser eliminado. El imaginario terrorista está instalado y luchar contra él es considerado un arma de estabilización.

Conseguido el objetivo de controlar el ejecutivo por los beneficiarios del despojo colonial, del capital financiero y los dueños de los derivados (gran minería y agroindustria), por la oligarquía rentista coludida con la oligarquía chilena, por las mafias del narcotráfico instaladas en el sistema judicial y en las fuerzas armadas y policiales (FFAA y PP) enlazadas a la DEA, por las mafias políticas parasitarias encabezadas por la derecha bruta y achorada (DBA) y por organizaciones criminales de representación oficial como el fujimorismo, hoy sus medios pretenden mostrar normalidad y que sigan llegando los capitales, asegurando satisfacer su codicia.

Después de la masacre, apresamiento y persecución de lideres sociales de la resistencia, se va configurando una verdadera dictadura militar con faz civil encarnada en la marioneta presidenta Dina Boluarte. Los militares actuaban bajo las sombras y su presencia aparecía en el Congreso a través de ex almirantes de la marina que dirigieron la criminal guerra antisubversiva en los 80-90, ahora se suman miembros del ejercito pasivos y activos también con antecedentes represivos. El poder institucional está en manos de los comandantes generales de las FFAA y PP y su gabinete militarizado, los fiscales supremos y la ultraderecha en el Congreso.

El 18 de diciembre el Poder Ejecutivo designó a Juan Carlos Liendo O' Connor como nuevo director de Inteligencia Nacional de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), en reemplazo de Wilson Barrantes nombrado por Castillo, hecho relevante pues este señor con su diploma internacional de Oficial de Estado Mayor en el Western Hemisphere Institute for Security Cooperation de los Estados Unidos y enlace con el Comando Sur, se asegura la subordinación del país a esta potencia imperial y nos trae a la memoria que Vladimiro Montesinos cuando aun era agente de la CIA, se convirtió en jefe de inteligencia y principal asesor de Fujimori (1990-2000).

Luego reordenan sus relaciones con la policía y otras fuerzas represivas, paralelamente a la coordinación con el congreso liderado por el criminal de guerra Williams Zapata, con el Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y el Ministerio público harán los cambios jurídicos necesarios para consolidar la dictadura. Exactamente lo que hicieron Montesinos y Fujimori hace 30 años. Ejército y marina unidos por Dina: almirantes Cueto-Montoya-y coronel retirado (r) Liendo decididos a imponer la dictadura fujimorista ante una inventada revolución senderista. De hecho, acaban de proponer que se legalice el reemplazo de la Presidenta en caso de ausencia por el presidente del Congreso.

Retrocedemos a una política medieval, con un país militarizado, 15 provincias con toque de queda y territorios en estado de emergencia, muchos presos y perseguidos políticos y un Presidente condenado a prisión preventiva por 18 meses sin proceso y sin sentencia. Se mantiene la potencialidad de la rebelión, de los Andes frente a la costa, de las múltiples nacionalidades en renovada auto identificación contra los criollos, respuesta pacífica y de critica anticolonial, una demanda democrática, que no se puede enfrentar con la violencia de las armas, defensora de una política de mercado, sin república, sin democracia, con una Constitución producto de una dictadura y por tanto con un extremadamente precario estado de derecho y con instituciones cotidianamente cuestionadas por la corrupción y el dominio del interés privado y un sistema electoral mercantilizado y privatizado.

Para una supuesta mejor gobernabilidad y crecimiento, se busca mayor inversión privada con 40 grandes proyectos por aprobar y otros tantos por prorrogar (los contratos ley), el aumento de las reducciones tributarias y las devoluciones de impuestos, mientras crecen las concesiones a los dueños del país.

Cuentan con el respaldo de sus fieles servidores públicos y privados, encerrados en castas y estamentos privilegiados en los que, para entrar a ellas hay que ser al menos de clase media, ser neoliberal, conservador, sumiso, consumista, racista y de preferencia tener un doctorado aunque sea falso o comprado. Se admite marginalmente a los “emprendedores”, a los que tienen capacidad política, a la izquierda contaminada que fácilmente se extravía. Es un momento mas de retorno a la vieja política colonial.

Fuera de ese Perú esta el otro, el de los nadies, los otros, los sin patria, los destinados a trabajar y sobrevivir. Están los informales (80%), los pobladores de provincias y distritos, los campesinos minifundistas, los que carecen de agua, energía o sistema de pensiones, las comunidades, los pueblos amazónicos, las víctimas de la minería y las nuevas grandes haciendas, y muchos de los que pensaban que en el siglo XXI con su voto identitario podían tener un presidente que cambie las cosas. Se configura así, otra sociedad sin derechos sociales y sin los mínimos derechos humanos. Donde la salud está cada vez más en manos privadas y médicos precarizados, una salud publica de la mendicidad, de la espera perpetua hasta que llegue la muerte; una educación embrutecedora muy alejada de la cuarta revolución industrial y de ampliar la conciencia social, de la incultura y la sumisión, que apenas sirve al extractivismo (con escuelas derruidas, niños desnutridos y cercanas a ser escombros) y una política estatal sin proyecto de vivienda.

Momento histórico de progresivo quiebre con la limeñidad y la desidentidad, con el racismo y el centralismo, contra las castas políticas, que sobrepasa a las organizaciones de izquierda y al caudillismo, que tiene nuevos líderes desde abajo, que ya no admite ser terruqueada y que aunque vota por sus candidatos se equivoca al pensar que con ello pueden cambiar al país, que defiende a su candidato indígena a pesar de sus graves errores, de su ineptitud tecnocrática y abandono del programa. Perú vive una ruptura cultural, una re identificación indígena y afroperuana, un reinicio de la lucha anticolonial, anticorrupción y antipolítica oficial. Se reinicia un movimiento con demandas políticas por encima de otras reivindicaciones, la cínica ¨teoría de los dos demonios¨ (sendero y los militares), conveniente a los sectores que fueron cómplices y herederos de la dictadura, que plantea que tanto la represión militar como los movimientos revolucionarios -que representaban la amenaza del comunismo de la que pretendían proteger los militares al país– eran igualmente siniestros.

Castillo, según Héctor Bejar traicionó al país y a sus electores. Durante 14 meses retrocedió defensivamente y en su pragmatismo fue política e ideológicamente ambiguo, concilió con la derecha congresal. No rompió con las instituciones que lo limitaban. Si ya era casi imposible un cambio de izquierdas del país, en un sistema político sustentado y sostenido por corporaciones y blindado por la violencia real y potencial en pro y para las élites de la oligarquía plutocratica; con la fusión cívico-militar, sin la barrera entre el estado y lo privado, se acaba de instalar un Centro de monitoreo de la sociedad por el Ministerio de Defensa que prácticamente configura un Estado fascista.

Se configura un estado fascista que va con todo contra los pueblos, el eje es la Dirección Nacional de Inteligencia (Dini) y los Ministerios de Defensa e Interior. Ante ello, la resistencia necesita ser muy creativa sin dejar de ser permanente, cada vez más organizada, autodeterminada y autosustentable.