La memoria, las audiencias y el autoritarismo
- Aug 3
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Pablo Cabañas Díaz
Observar a México en este agosto de 2026 nos obliga a reflexionar con calma sobre el rumbo de nuestras instituciones.
Los cambios políticos de los últimos años exigen revisar con cuidado el delicado equilibrio entre la estabilidad del gobierno y la defensa de los límites constitucionales, sobre todo ahora que el debate público se ha trasladado a los medios digitales y a las redes sociales, que hoy funcionan como el principal espacio de discusión ciudadana.
Es imposible entender este momento sin recordar marzo de 1980, cuando tuve el privilegio de participar en la tercera audiencia convocada por la Cámara de Diputados para debatir el derecho a la información.
Compartí aquella tribuna con el firme propósito de cuestionar las inercias del sistema.
Me impulsaba el deseo de lograr una ley que protegiera a la gente frente al poder excesivo de los monopolios de la televisión y el autoritarismo del régimen de entonces.
Cuarenta y seis años después, el tiempo transcurrido demuestra que aquella causa sigue vigente: hoy más que nunca es urgente defender la libertad de expresión y abrir los medios y las plataformas digitales ante cualquier intento de concentrar el poder.
Sin embargo, al mirar la historia con ojo crítico, nos topamos con una realidad que las democracias conocen bien: las causas que nacen para ampliar las libertades y combatir los monopolios de la información pueden terminar convirtiéndose, una vez que llegan al poder, en herramientas de control y censura.
Un gobierno autoritario no necesita usar siempre a la policía para doblegar a la sociedad; le basta con crear leyes que, bajo la excusa de «proteger el interés público» o regular el mundo digital, terminan silenciando la libre circulación de ideas.
Un claro ejemplo de esto es el anteproyecto de los Lineamientos para la Protección de los Derechos de las Audiencias.
Estas preocupaciones no son nuevas; forman parte de la historia de las democracias.
Para quienes vivimos aquella época, las reflexiones de Juan Carlos Portantiero —brillante sociólogo argentino y figura clave de la izquierda latinoamericana— fueron una verdadera escuela sobre la relación inseparable entre libertad, seguridad y ley.
En sus clases de posgrado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Portantiero insistía en la debilidad de las instituciones.
Lejos de ver al Estado como un simple papel o una teoría lejana, lo entendía como una construcción viva sostenida sobre dos pilares: la seguridad y la libertad.
La libertad sin seguridad lleva al caos, a la ley del más fuerte y al desamparo ante la violencia.
Por el contrario, la seguridad sin libertad desemboca en el abuso de poder, en la vigilancia constante y en la prohibición de la crítica.
Solo el balance entre ambas hace posible una democracia auténtica.
Cuando ese equilibrio se rompe, la sociedad queda atrapada en la ley del «sálvese quien pueda», frase con la que Portantiero y Juan María Alponte describían el fracaso moral del Estado y la ruptura del pacto social.
Hoy parece que estamos dando un paso atrás.
El viejo orden regresa con nuevas caras y otros discursos, pero mantiene intacto su deseo de acaparar el poder y reducir los espacios de libertad.
La famosa frase de Augusto Monterroso —«Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí»— cobra aquí todo el sentido: los viejos vicios nunca desaparecen por completo; solo esperan a que bajemos la guardia para volver.
La historia enseña que las libertades rara vez se pierden de la noche a la mañana; su desgaste es lento.
Empieza con medidas que parecen razonables, pero que al sumarse van cerrando el espacio para opinar y terminan normalizando restricciones que antes nos habrían parecido inaceptables.
El gran reto actual consiste en fortalecer las instituciones, educar a una sociedad exigente y construir una cultura política que desconfíe tanto de los poderes económicos como de las tentaciones de control del Estado.
La libertad de expresión solo tiene valor real cuando protege a las voces incómodas, a los que piensan diferente y a la pluralidad.
Defenderla no es apoyar solo a los amigos del poder, sino garantizar que los críticos puedan opinar sin miedo.
Solo un gobierno sujeto a la ley, limitado por contrapesos reales y vigilado por una ciudadanía activa podrá evitar que los abusos se vuelvan la forma habitual de gobernar.
La democracia no sobrevive con discursos solemnes, sino con la valentía cotidiana de ejercer el derecho a disentir y cuestionar al poder.
Cuando las autoridades buscan domesticar la crítica mediante el silencio o la descalificación, el pacto social se quiebra desde sus cimientos.
Por ello, la vigilancia cívica no es una concesión graciosa del gobernante, sino una exigencia irrenunciable para mantener viva la república y asegurar que el futuro pertenezca siempre a los ciudadanos y nunca a los autócratas.
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