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La narcoguerra implacable

Diego Martín Velázquez Caballero

Aunque el gobierno morenista ha sido acorralado por incumplir la promesa de campaña para devolver el ejército a los cuarteles, el avance y fortaleza de los grupos delincuenciales en diversas entidades resulta un indicativo de que, fuera de la federación, no existe un gobierno local capaz de proteger a la ciudadanía. La inseguridad es una constante de los gobiernos locales, más que de la administración federal.

La falta de claridad y transparencia en los recursos ejecutados por los gobiernos locales, principalmente en los gobiernos estatales y municipales azotados por la guerra entre grupos dedicados al trasiego de estupefacientes y psicotrópicos, sobre todo en las regiones gobernadas por la oposición, manifiesta la necesidad de mayor centralización en las políticas de seguridad y la desaparición de poderes en aquellas entidades donde los gobiernos simplemente deberían renunciar –o lo han hecho- por su impotencia frente a la fuerza del delito.

El avance, cada vez mayor, de los protagonistas en la narcoguerra, exhibe la necesidad de incrementar los presupuestos para desarrollar políticas de seguridad y fortalecer los cuerpos nacionales encargados de operar la violencia legítima. Los centros de readaptación social y los municipios rurales se encuentran estructurados en base a la delincuencia y requieren medidas radicales para enmendarse. Los gobiernos estatales son más que permisivos con la delincuencia local, el feuderalismo se ha comprobado en varias ocasiones y varios ejecutivos estatales se han relacionado directamente con las mafias.

Para el 2024, independientemente del partido que triunfe, el nuevo sexenio debe reconocer la perpetuidad del estado de excepción que vive México y ponderar medidas para fortalecer el gobierno federal y disminuir la incompetencia de los gobiernos locales. El feuderalismo fue la verdadera cara del neoliberalismo corruptor que fue creando oligarquías impunes y criminales, así como ha expuesto a la sociedad a niveles impresionantes de inseguridad.

La reingeniería de la seguridad en México implica reconocer dónde deben ejercerse los presupuestos y las cuentas que deben rendir los gobiernos. Más allá de los vínculos delincuenciales y patrocinios mafiosos que tengan los funcionarios encargados del orden civil, los indicadores de seguridad también deben ser considerados para la revocación de mandato. La sicilianización de México es inminente y sin propuestas serias de orden público, la realidad del Estado Fallido sale también de nuestras fronteras.

Las hazañas de los grupos que pelean en la narcoguerra, impiden que cualquier política pública funcione. Los gobiernos locales son ineficaces, corruptos e incompetentes, corresponde al gobierno federal ser cómplice o censor de estos hechos.

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