La renuncia a la inversión nacional

Felix Estrada

Durante años se utilizó como explicación cómoda que el problema del desarrollo mexicano era la falta de empresarios dispuestos a invertir. Se repitió que el capital nacional era rentista por naturaleza, adverso al riesgo y cómodo en actividades protegidas. Ese argumento no fue un diagnóstico: fue una coartada. Sirvió para ocultar una realidad más incómoda: no fue el empresariado el que abandonó la inversión productiva; fue el Estado el que dejó de convocarla. Invertir en manufactura no es una decisión menor. Supone capital intensivo, horizontes largos, competencia internacional feroz y retornos inciertos.

Ningún empresario —en México ni en ningún otro país— asume ese riesgo sin certidumbre, financiamiento y respaldo institucional. Cuando esas condiciones existen, el capital responde; cuando desaparecen, el repliegue no es ideológico, es racional. Presentarlo como un vicio cultural fue una forma de evadir responsabilidades políticas.

México tuvo momentos en los que la inversión nacional sí fue motor de transformación productiva. No porque los empresarios fueran distintos, sino porque el entorno político lo era: crédito dirigido, protección selectiva, compras públicas, política industrial explícita y un Estado dispuesto a asumir el desarrollo como tarea estratégica. Nada de eso fue espontáneo ni accidental; fue decisión política.

Ese andamiaje se desmontó conscientemente. En su lugar se impuso un modelo que apostó casi exclusivamente a la inversión extranjera como palanca de crecimiento, mientras dejaba al capital nacional competir solo, sin red y sin horizonte. El mensaje fue claro: la manufactura dejó de ser una apuesta nacional y pasó a concebirse como un espacio reservado al capital externo. El capital local entendió la señal y actuó en consecuencia. Conviene poner los números sobre la mesa.

En México, entre 80 y 85 por ciento de la formación bruta de capital fijo es de origen nacional, mientras que la inversión extranjera directa explica apenas entre 15 y 20 por ciento. No falta capital interno. Lo que falta es una estrategia que lo movilice hacia actividades productivas de largo plazo. Que ese capital no invierta en manufactura no es una anomalía del mercado, sino el resultado de una decisión de política económica sostenida durante décadas. La mayor parte de la inversión nacional se concentra en construcción, bienes raíces, concesiones y sectores de retorno rápido o protegidos del riesgo competitivo. No es una desviación moral ni una patología cultural; es la respuesta racional a un sistema de incentivos que castiga la inversión productiva y premia la rentabilidad sin aprendizaje.

Mientras la inversión extranjera llega acompañada de facilidades fiscales, certidumbre regulatoria y acceso preferente a mercados, la inversión local enfrenta crédito caro, ausencia de política industrial y competencia directa con importaciones sin mecanismos de compensación. El resultado es un estancamiento persistente. La inversión total como proporción del PIB se mantiene crónicamente baja y no alcanza el umbral necesario para sostener un crecimiento alto y duradero.

Sin inversión productiva suficiente no hay aumento sostenido de la productividad, ni empleo de calidad, ni base fiscal capaz de financiar el desarrollo. El país produce, exporta y recauda, pero no acumula capacidades propias al ritmo que su tamaño y su potencial exigen. La manufactura exportadora, por su parte, se volvió crecientemente dependiente de la inversión extranjera. Eso permitió sostener flujos comerciales, pero no construir una base nacional sólida. El aprendizaje productivo se fragmentó, la innovación se externalizó y las decisiones estratégicas se tomaron fuera.

Se produce mucho, pero se decide poco. La soberanía que no se construye termina administrándose como discurso. El problema no es la inversión extranjera. Ningún país serio prescinde de ella. El problema es haberla convertido en sustituto del capital nacional y no en complemento. Cuando todos los incentivos se diseñan para atraer inversión externa y ninguno para movilizar la inversión local, el resultado no es modernización: es dependencia institucionalizada. Este sesgo tiene consecuencias políticas profundas.

Un país que renuncia a invertir en su propia capacidad productiva pierde margen de maniobra, adelgaza su base fiscal futura y se vuelve más vulnerable a presiones externas.

La política económica se degrada entonces en administración del corto plazo: se administra el gasto, se administra la presión internacional y se administra el descontento, pero ya no se gobierna el desarrollo. Recuperar la inversión productiva nacional no es un debate técnico ni una consigna ideológica. Es una decisión política mayor. Implica redefinir prioridades, asumir costos y romper inercias. Un Estado que no convoca a su propio capital a invertir en el futuro no solo administra su dependencia: la consolida. Y cuando eso ocurre, el estancamiento deja de ser un problema económico para convertirse en un problema de poder.

El contenido de esta columna es responsabilidad exclusiva del columnista y no del periódico que la publica. El contenido de esta columna es responsabilidad exclusiva del columnista y no del periódico que la publica.