La SEP entre el dogma y la razón de Estado
- Feb 16
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Pablo Cabañas Díaz
México ha vivido demasiadas veces la tragedia de confundir la pasión con la razón de Estado.
Lo ocurrido el 13 de febrero de 2026 en la Secretaría de Educación Pública no fue una anécdota administrativa ni una escena pintoresca amplificada por las redes sociales: fue la expresión descarnada de una crisis de autoridad intelectual.
Cuando un funcionario, convertido en símbolo, decide resistir en su oficina como si defendiera una trinchera histórica, la educación deja de ser política pública y se transforma en teatro ideológico.
La Secretaría de Educación Pública, fundada por José Vasconcelos como proyecto civilizatorio, no nació para dirimir querellas personales ni para servir de plataforma a gestos épicos.
Nació como empresa moral de la República. En su concepción original, educar era integrar; alfabetizar, emancipar; formar, universalizar el acceso al conocimiento.
Esa tradición no pertenece a la derecha ni a la izquierda: pertenece al Estado mexicano en su aspiración de modernidad.
La crisis en torno a Marx Arriaga Navarro revela algo más profundo que una disputa laboral. Expone la fractura entre técnica y lealtad, entre método y consigna. La Nueva Escuela Mexicana fue presentada como ruptura histórica frente al paradigma neoliberal. Sin embargo, romper no equivale a construir.
Desmontar sistemas de evaluación sin articular alternativas rigurosas; sustituir estándares académicos por retóricas comunitarias sin soporte empírico; privilegiar el discurso sobre el dato: todo ello no constituye una revolución pedagógica, sino una forma de voluntarismo.
Daniel Cosío Villegas advirtió que el drama nacional residía en la pérdida del sentido de la medida. La medida es el equilibrio entre ideales y realidad.
La educación exige medida porque forma inteligencias, no adhesiones.
Cuando el aula se convierte en territorio de afirmación ideológica, la República retrocede. No se educa para aplaudir; se educa para discernir.
No se forma ciudadanía crítica exaltando una sola narrativa, sino confrontando múltiples perspectivas bajo el tamiz del análisis racional.
El episodio del 13 de febrero evidenció también la fragilidad institucional.
Si la autoridad administrativa transforma una plaza en cargo de libre designación y ejecuta el procedimiento con torpeza, abre la puerta a la sospecha.
Si el funcionario destituido convierte la notificación en espectáculo público, alimenta la percepción de persecución. En ambos casos, la institución pierde.
Y cuando pierde la institución encargada de formar generaciones, el costo no es simbólico: es histórico.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador situó la educación en el centro de su narrativa transformadora.
Se proclamó el fin del neoliberalismo educativo y el advenimiento de un humanismo mexicano.
Pero el humanismo auténtico no prescinde de la ciencia ni del método: los integra. No se opone por sistema a la evaluación; la perfecciona.
La movilidad social de millones de niños depende de competencias concretas: comprensión lectora profunda, pensamiento matemático sólido, alfabetización científica. Sin ellas, el discurso de justicia social se desvanece.
Hay, además, un elemento inquietante en la dramatización permanente de la política educativa.
Transmitir durante horas desde una oficina pública no fortalece el debate pedagógico; lo trivializa.
La autoridad educativa no se legitima en la arena digital, sino en el aula: en resultados verificables y en la mejora comprobable de los aprendizajes.
La educación no admite épicas improvisadas. Exige planeación, continuidad y profesionalismo.
La controversia en torno a los libros de texto gratuitos debió ser un debate académico de alto nivel. En cambio, derivó en polarización.
El problema no es incorporar perspectivas históricas críticas ni rescatar saberes comunitarios; el problema surge cuando ello se hace sacrificando la estructura cognitiva indispensable.
La República no necesita manuales de adhesión, sino instrumentos de emancipación intelectual. México enfrenta una coyuntura decisiva.
En un mundo donde el conocimiento es capital estratégico, el país no puede permitirse convertir la educación en campo de batalla ideológica.
La soberanía contemporánea se mide por la capacidad de producir ciencia, tecnología y pensamiento independiente.
Cada generación mal formada constituye una hipoteca sobre el porvenir.
Esta crisis deja una lección severa: la educación no puede depender del temperamento de un funcionario ni del entusiasmo doctrinario de una administración.
Debe asentarse en políticas de Estado con continuidad histórica. De lo contrario, cada sexenio reinventará el aula y cada generación pagará el costo de esa improvisación.
La educación pública mexicana nació como promesa de igualdad. Reducirla a instrumento de disputa ideológica equivale a traicionar su vocación republicana.
La verdadera transformación no consiste en reemplazar un dogma por otro, sino en colocar el conocimiento por encima del poder.
Allí se juega, no la reputación de un funcionario, sino el destino intelectual de la nación.
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