Diego Martín Velázquez Caballero
La guerra contra el narcotráfico debió haber empezado en las agencias del ministerio público y los juzgados. Desde siempre se ha sabido en México que uno de los principales defectos del orden social, y que ha empeorado exponencialmente durante la época neoliberal, radica en el estado de derecho. Durante los últimos treinta años se ha establecido la urgencia, indispensable por no decir más, de una reforma del poder judicial que finalmente permita establecer la justicia en el país y abandonar tanta corrupción, genocidio e impunidad que distinguen a un país como México a causa de los jueces que representan el ordenamiento jurídico.
Por lo anterior, es incomprensible que se ataque con tanta virulencia al gobierno de Veracruz por tratar de corregir la conducta de los representantes del poder judicial (estatal y federal) en aquella entidad. Seguramente los poderes fácticos y, principalmente, el círculo rojo, anhelan un narcogobierno o que sea el orden de servidumbre mafioso caciquil, el que imponga a la ciudadanía. Basta revisar los índices de impunidad, la cantidad de casos reconducidos por los jueces, la venta de instrumentos jurídicos para la absolución de los delincuentes poderosos -entre los jueces y la jerarquía eclesial no hay mucha diferencia- y más elementos de la tradición jurídica chicanada, para entender que el titular ejecutivo veracruzano está haciendo lo correcto.
Las variables de impunidad y estado de derecho no son datos menores al hablar de consolidación democrática. Son elementos centrales. En el momento mismo de la creación del Instituto Federal Electoral y de la alternancia política en el año 2000, se hablaba de la necesidad de una justicia transicional y la cero tolerancia a la impunidad. De ello depende que la democracia avance en forma significativa, no sólo de las elecciones procedimentales.
El país ha retrasado la reforma jurídica por décadas y la consecuencia ha sido una situación de impunidad, guerra de baja intensidad, criminalidad y feminicidios, que nos pone al borde del estado fallido. Hace unos días, un estudio que pretende deslegitimar a la Cuarta Transformación señalaba que el 80% del territorio nacional está en manos del crimen organizado; además del gobierno ¿cuál es la responsabilidad del poder judicial en esta configuración social? El tema de la impunidad no deja lugar a dudas. México es territorio de impunidad gracias al poder judicial.
A pesar de la escandalosa corrupción del poder judicial, los medios de comunicación no se dan cuenta. Pocos hablan de las familias de gobernadores, magistrados, y demás funcionarios públicos que controlan el poder judicial estatal y federal. Nadie habla de la certificación de la carrera jurídica y mucho menos de la transparencia en los juicios que son controlados por los despachos jurídicos y corporativos más poderosos.
El círculo rojo y los medios de comunicación se exhiben con total plenitud al defender el poder corruptor de ámbito jurídico nacional, sólo les queda comentar al pueblo como hacía la reina María Antonieta. Y que no se sorprendan cuando el pueblo mexicano les responda igual que la revolución francesa.
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