La soberanía no se declara: se construye

José Romero

Durante años, la izquierda mexicana sostuvo que el problema era la captura del Estado por una élite incapaz de pensar el desarrollo más allá de la estabilidad macroeconómica y la integración subordinada con Estados Unidos. La crítica era correcta. México perdió capacidad industrial debilitó su aparato científico, redujo la planeación pública y volvió su política económica administración pasiva de restricciones externas. El crecimiento fue mediocre y la soberanía quedó limitada desde fuera y debilitada desde dentro.

La llamada Cuarta Transformación abrió expectativas distintas. Millones no votaron sólo por un cambio de gobierno, sino por reconstruir un proyecto nacional. Se habló de soberanía energética, recuperación de lo público y fortalecimiento del Estado. El discurso conectó con una demanda profunda: superar un modelo de estabilidad para pocos, precariedad para muchos y dependencia nacional.

Sin embargo, gobernar no es disputar sólo el relato del pasado. Un proyecto histórico se mide por su capacidad de transformar estructuras. México exporta mucho, pero controla poco. Produce manufacturas, pero muchas decisiones tecnológicas y financieras se toman fuera. Participa en cadenas globales, pero suele ocupar eslabones donde el valor estratégico se concentra en otros países. El problema no es exportar; es producir sin aprender, integrarse sin mandar y crecer sin poder.

A esa dependencia productiva se suma una dimensión más grave: la pérdida de control efectivo sobre partes del territorio. Las amenazas de Donald Trump de atacar a grupos criminales dentro de México son inaceptables desde toda perspectiva soberana. Pero reducir el asunto a la indignación diplomática sería un error. La amenaza externa no crea el problema: lo desnuda. Muestra una soberanía presionada desde fuera y erosionada por dentro.

En diversas regiones, el crimen organizado dejó de ser sólo una red dedicada al tráfico de drogas. Se volvió poder territorial. Controla rutas, mercados, producción, gobiernos municipales, policías, extorsión y vida cotidiana. Decide quién trabaja, quién vende, quién circula, quién participa y quién calla. Ahí, la soberanía existe jurídicamente, pero no siempre materialmente. El Estado aparece en el mapa, pero no gobierna la realidad.

Ese vacío no surgió solo. Durante décadas, amplias zonas quedaron atrapadas entre abandono productivo, precariedad, migración, informalidad, debilidad municipal y ausencia institucional. Donde no hay empleo, crédito, infraestructura, justicia, educación y futuro, otros poderes ocupan el espacio. El crimen organizado no sólo trafica mercancías ilegales; administra territorios donde el desarrollo nunca llegó. Su poder se alimenta de economías rotas y comunidades forzadas entre miedo y abandono.

Por eso la soberanía debe entenderse en un sentido más exigente. No basta con invocarla en discursos oficiales. La soberanía real implica gobernar el territorio, ordenar la economía, garantizar seguridad, administrar justicia, producir tecnología y ofrecer futuro. Un país puede tener bandera, himno, elecciones y legitimidad; pero si depende tecnológicamente del exterior y parte de su territorio está sometido al crimen, su soberanía es incompleta.

Las experiencias históricas de desarrollo enseñan algo elemental. Alemania, Japón, Corea del Sur y China no consolidaron su poder sólo mediante voluntad electoral. Lo hicieron con Estados capaces de coordinar inversión, impulsar sectores estratégicos, disciplinar intereses privados, desarrollar ciencia aplicada y controlar su territorio. El desarrollo no fue subproducto del mercado ni de la moral. Fue una construcción histórica, institucional y productiva.

México enfrenta hoy una pregunta decisiva: ¿existe una estrategia nacional de transformación productiva, territorial e institucional de largo plazo, o sólo administración política del descontento social? Un gobierno puede conservar aprobación, pero si no modifica las bases materiales de la dependencia, la legitimidad se separa de la capacidad histórica de transformación. La política gana elecciones; el desarrollo exige construir poder.

Ese poder no se improvisa. Recuperar territorios capturados no se logra con operativos espectaculares ni declaraciones de fuerza. Se logra con inteligencia, justicia, desarrollo regional, empleo digno, infraestructura, educación técnica, reconstrucción municipal y presencia del Estado. Requiere décadas de acumulación institucional. Por eso hay que empezar ahora. Cada año perdido agranda el vacío.

La amenaza de Trump debe rechazarse sin ambigüedad. Pero México no puede limitarse a defender su soberanía en el terreno verbal. Debe construir condiciones materiales para que ninguna potencia encuentre pretexto, ningún grupo criminal sustituya al Estado y ninguna comunidad tenga que elegir entre abandono y sometimiento. Defender la soberanía no es sólo decir no a la intervención; es hacer imposible su justificación.

La transformación verdadera no consiste sólo en redistribuir ingresos o cambiar el lenguaje del poder. Consiste en reconstruir las bases productivas, tecnológicas, territoriales e institucionales. Sin industria propia, sin ciencia vinculada a la producción, sin Estado eficaz y sin control territorial, la soberanía se vuelve aspiración moral, no realidad histórica. México puede iniciar esa reconstrucción. Porque un país no se defiende sólo en la frontera: se defiende en cada fábrica que aprende, cada escuela que forma y cada municipio recuperado.