Las capturas

Política para todos.

Otto René Cáceres Parra.

En los últimos días, dos hechos aparentemente distantes, la captura en el estado de Durango de diez colaboradores de Aureliano Guzmán Loera, conocido como “El Guano”, hermano del otrora mítico líder del Cartel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, preso en Estados Unidos, y la detención en Argentina del contralmirante Fernando Farías Laguna, cabecilla de una red de huachicol fiscal, ofrecen, en conjunto, una ventana privilegiada para comprender la evolución de la Estrategia Nacional de Seguridad en nuestro país.

Más allá del impacto inmediato de las detenciones, ambos casos ilustran una tendencia clara, el desplazamiento de una lógica centrada exclusivamente en la captura de liderazgos visibles hacia una intervención más centrada en las estructuras financieras, operativas y transnacionales del crimen organizado. El operativo en Durango reviste particular relevancia no solo por el número de detenidos, sino por la calidad de los objetivos alcanzados, entre ellos, el operador financiero del grupo, figura clave en cualquier organización criminal contemporánea. La importancia de este tipo de perfil radica en que, en el ecosistema del narcotráfico moderno, la violencia es apenas la superficie visible de una maquinaria mucho más compleja cuyo verdadero sostén se encuentra en la gestión de recursos, el lavado de dinero y la diversificación de inversiones ilícitas. La captura de un operador financiero no solo interrumpe flujos de capital, sino que compromete redes de complicidad, rutas de blanqueo, vínculos con economías legales, así como la compra de armamento y municiones, mismas que son el elemento crucial a través del cual llevan a cabo acciones violentas en contra de aquellos opuestos a sus designios. De igual forma, la detención del jefe de seguridad, quien además fungía como líder del grupo de sicarios, representa un golpe directo a la capacidad coercitiva del grupo, no solo como ejecutor de la violencia, sino como organizador de la defensa territorial, logística armada y contención de rivales. En este contexto, ambas ausencias tienden a generar vacíos de poder, reconfiguraciones internas y, en muchos casos, disputas que debilitan la cohesión del grupo. En términos estratégicos, la simultaneidad de ambos golpes, financiero y operativo, sugiere una intervención más sofisticada, orientada a desarticular capacidades y no únicamente a capturar figuras emblemáticas.

Dichas acciones se inscriben en una lógica de inteligencia que ha ido ganando terreno en la política de seguridad. A diferencia de aproximaciones previas centradas en operativos reactivos o en la persecución de objetivos de alto perfil mediático, la actual tendencia privilegia el análisis de redes, la identificación de nodos críticos y la explotación de información para generar efectos sistémicos. En este sentido, la coordinación entre instancias como la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, el Centro Nacional de Inteligencia, la Fiscalía General de la República, policías estatales y municipales, resulta fundamental, no solo para la ejecución de los operativos, sino para la construcción previa de inteligencia accionable.

El caso de Argentina refuerza esta lectura desde una dimensión distinta, la cooperación internacional. La detención de Farías Laguna, vinculada a una red de huachicol fiscal, modalidad de delito que combina evasión fiscal, contrabando de hidrocarburos y corrupción institucional, pone en relieve la creciente transnacionalización de las economías ilícitas. El huachicol, en su vertiente más sofisticada, ya no es únicamente el robo físico de combustible, sino un entramado financiero y logístico que involucra importaciones simuladas, triangulación de recursos y operaciones en múltiples jurisdicciones. La participación de autoridades argentinas en la captura y vinculación del caso con investigaciones abiertas en nuestro país evidencian la importancia de los mecanismos de cooperación bilateral y multilateral. En un contexto donde los flujos ilícitos trascienden fronteras, la eficacia de las políticas de seguridad depende cada vez más de la capacidad de los Estados para compartir información, coordinar acciones y armonizar marcos legales. La muerte de dos elementos de la Secretaría de Marina en el curso de estas investigaciones subraya, además, el costo humano de enfrentar redes que operan en la intersección de la legalidad y la ilegalidad, y que cuentan con niveles significativos de protección y sofisticación.

Ambos casos, en suma, permiten identificar al menos tres ejes fundamentales en la estrategia contemporánea de seguridad en México. Primero, la centralidad de la inteligencia como herramienta para identificar y golpear nodos estratégicos dentro de las organizaciones criminales; Segundo, el énfasis en las dimensiones financieras del delito, reconociendo que la sostenibilidad de estas estructuras depende más de su capacidad económica que de su poder de fuego; y tercero, la creciente relevancia de la cooperación interinstitucional e internacional, como respuesta a la naturaleza transnacional de las amenazas. Sin embargo, estos avances no están exentos de desafíos. La desarticulación de redes criminales suele generar efectos secundarios tales como la fragmentación de grupos y el incremento de la violencia en el corto plazo. Asimismo, la eficacia de la inteligencia depende de su institucionalización, de la profesionalización de sus cuadros y de la existencia de controles democráticos que eviten su uso discrecional. En el ámbito internacional, las asimetrías entre sistemas jurídicos y capacidades estatales pueden limitar el alcance de la cooperación.

Pese a ello, los hechos recientes sugieren una evolución en la forma en que el Estado mexicano enfrenta al crimen organizado. Más que la espectacularidad de las capturas, lo relevante es la lógica que las sustenta, es decir, intervenir en sus estructuras, minar sus finanzas y debilitar sus capacidades operativas por medio de redes de colaboración que trascienden instituciones y fronteras. En un escenario donde la criminalidad se adapta y se reinventa constantemente, la inteligencia y la cooperación aparecen no solo como herramientas, sino como condiciones indispensables para una política de seguridad eficaz y sostenible.

Como ya se ha manifestado en este espacio anteriormente, en el curso del presente año, y esperando que la tendencia se mantenga durante el resto del sexenio, seguiremos viendo detenciones de cuadros de alto nivel dentro de las estructuras del crimen organizado, particularmente en la modalidad de narcotráfico, así como de perfiles de menor nivel que, aún a pesar de no contar con notoriedad mediática, o que incluso no nos enteremos de las mismas, marcan un esfuerzo por combatir las estructuras financieras, junto a las redes operativas que permiten a los grupos criminales operar impunemente. Seríamos ilusos en pensar que el crimen organizado llegará a su fin, sin embargo, debe reconocerse el esfuerzo por cimentar el camino que lleve a su debilitamiento y contención. Falta mucho por recorrer, mucho por mejorar y mucho que construir. Seguiremos de cerca tal cometido.

@ottorenecaceres politicaparatodos10@gmail.com