Las visas

Samuel Schmidt

Todos los países deciden a quién admitir y excluir de su territorio, para lo que emiten visas.

Hay acuerdos entre países para eximirlas, pero eso no lo hace Estados Unidos con México, ni siquiera como un gesto de buena vecindad, tal vez porque muchos se cruzarían de inmediato.

Estados Unidos tiene un criterio de inadmisibilidad muy arbitrario; cualquier funcionario migratorio puede decidir no admitir a una persona sin la obligación de expresar las razones. Esto se complementa con la consideración de calidad moral del extranjero. Si el funcionario, cree que hay alguna razón (así está en la ley) para excluir a una persona porque podría tener mala calidad moral, puede excluirla. De lo anterior se desprende, que si se piensa que la persona puede afectar a la sociedad estadounidense también se le excluye. En base a este criterio se niega el refugio y asilo político y se encarcela a los solicitantes de asilo.

Estados Unidos define como privilegio poder entrar a su país y no está obligado a explicar las razones de la exclusión o no admisión, esto incluye cancelar visas, como resultado de la aplicación de algún criterio no explícito.

El gobierno de Trump ha cancelado unas 175,000 visas, entre estas hay gente que estaba en el país, y algunos con residencia permanente, gente que no estaba en su territorio, a muchos les avisaron cuando estaban tratando de entrar, a otros les anunciaron antes de que viajaran, como sucede con muchos políticos mexicanos.

El gobierno de Trump utiliza algunas de las cancelaciones como dardos políticos envenenados, porque la cancelación supone, sin explicitarla, alguna culpabilidad, lo que es veneno puro para los políticos.

La gobernadora de Baja California sin saber las razones de su cancelación, dio pasos peligrosos y posiblemente ilegales para recuperar la visa. Los gobernadores de Sonora y Tamaulipas se apresuraron a mostrar su visa para demostrar que la tenían. Estados Unidos no necesita retirar la mica.

La visa estadounidense se ha convertido en una especie de carta de buena conducta, por lo que su anulación, automáticamente, lanza una sombra de sospecha. En la coyuntura actual, el hecho por sí mismo, sugiere que esos políticos hicieron algo ilegal, o que están relacionados de alguna manera con cosas ilegales, lo que lleva un tufo muy fuerte de asociación con criminales, o narcos, pero no es una acusación.

El gobierno de México ha reaccionado con fuerza y convertido un tema migratorio de otro país, en un tema político de la mayor importancia, la presidenta se manifiesta al respecto con un elevado tono de molestia ante las cancelaciones, llegando al extremo de reclamar que haya una intromisión política, argumento que ha seguido el coro de la llamada 4T.

En el extremo del absurdo, al igual que con las peticiones de extradición de políticos de alto nivel, llegan a pedir pruebas. La anulación es un hecho administrativo o un hecho político y no están obligados legalmente a aportar pruebas.

La politización mexicana le da una importancia excesiva al hecho administrativo y refuerza las sospechas tal vez intencionadas de que hay injerencia. Injerencia hay cada vez que la presidenta recibe a funcionarios de diverso nivel que revisa avances políticos mexicanos.

Tal vez sería más pertinente cerrar la boca.

Suponga usted que los “agraviados” simplemente se quedaban callados y nadie se daba por aludido ante la cancelación, no habría escándalo y poco impacto político. Eso sí, ya no podría ir de shopping a Estados Unidos.

Como decía un amigo. En principio dicen que no les interesa visitar Estados Unidos, ¿entonces por qué hacen ruido?, ¿por qué se molestan?, ¿por qué refuerzan la intencionalidad política aumentando el impacto de la decisión al protestar?

El desfiguro del hijo de López Obrador es mayor, se atrevió a exigir la renuncia de dos funcionarios de alto nivel en Estados Unidos y ahora llama a organizarse ante la intervención. Remedo del Rey Sol, sin ser funcionario.

Sin tanto le molesta a la presidenta estas decisiones, puede optar por la opción de retribuir, imponiendo visa a los estadounidenses que viven y trabajan en México, y cancelando las visas de aquellos que, a juicio del gobierno, violen las reglas de etiqueta propias de la sociedad mexicana.

México emparejaría el piso, y crearía condición para responder como iguales. Imagínese usted que los ejecutivos estadounidenses que trabajan en el lado mexicano de la frontera tengan que tramitar visas y permisos de trabajo, tuvieran que hacer una hora y media de revisión al cruzar la frontera, igual como les toca a los estudiantes mexicanos que estudian allá. O que los jubilados que viven en México lo hagan con la visa adecuada. A la mejor, entonces el gobierno estadounidense se sensibilizaría y empezaría a tratar con dignidad a los mexicanos en general, mientras los políticos, mejor sean discretos.

Presidente del Instituto para Estudios del Futuro

@shmil50