Ley y justicia con Claudia Sheinbaum

Nicolás Jiménez Escamilla

La ley de Aguas nacionales de la presidenta Claudia Sheinbaum, según la Comisión nacional del Agua (CONAGUA), que encabeza Efraín Morales López, busca establecer un marco normativo más integral para la gestión del agua, y de los objetivos más importantes esta la equidad en el acceso al agua, la modernización de la infraestructura hidráulica y la regulación más estricta del uso de las concesiones.

El discurso es muy halagador porque está enfocada a buscar la igualdad, para que grandes corporaciones como la Coca cola, la cerveza modelo, la familia Le Baron, la familia Fox y los caciques como los Monreal, los Romero Sánchez de Tehuacán, entre otros, que tienen concesiones con las que aprovechan miles de metros cúbicos de agua al año, también sean auditadas y si no cuentan con concesiones vigentes o simplemente aprovechan el agua de manera ilegal, sean sancionadas conforme a la ley.

Tanto la equidad como la modernización que establece la ley es una falsedad y pongo de ejemplo dos casos: la sociedad de aguas San Isidro ubicada en la comunidad de Altepexi y la Sociedad Juquilita que se encuentran en San Jerónimo Axochitlán, ambas en el estado de Puebla y participantes en el Programa Especial de Energía Eléctrica para Uso Agrícola (PEUA) que pertenece a la Secretaria de Agricultura y Desarrollo rural (SADER), con el se adquiere un subsidio para que no paguen una tarifa alta en el recibo de luz. El programa se abrió el 31 de octubre y vence el 31 de diciembre del presente año y uno de los requisitos para acceder al apoyo es contar con el título de concesión vigente.

A las dos sociedades se les venció el título en octubre 2025 pero hicieron el trámite, en tiempo y forma, en el mes de marzo de 2025, tienen como documento oficial el acuse donde se especifica el número de trámite, la fecha y el número de concesión y aclara que la documentación está en regla. Pero la SADER no respeta el documento que tienen, aducen que para ellos no es válido y por lo tanto pierden los derechos de pertenecer a PEUA y por ende las cuotas se elevan para el pago de la luz eléctrica y eso no es equidad ya que los campesinos siembran por tradición, es gente humilde, caminan cansados con la mirada triste y todavía tienen la esperanza de que el gobierno los volteé a ver.

Tanto SADER como CONAGUA son dependencias federales que no tienen sensibilidad política, y no respetan el decreto de la presidenta de la republica que dice que a los campesinos se le tiene que dar facilidades.

El 05 de diciembre la sociedad San Isidro pidió el apoyo a un diputado local y de Lázaro Cárdenas Batel para que hicieran presión en la dependencia. Con fecha 11 de diciembre la CONAGUA Puebla le entregó la concesión a la sociedad San Isidro que son nahuatl. Pero la realidad dista mucho de la ley, porque al contrario de lo que se otorgaba en el pasado del PRIAN, la concesión en lugar de 20 años tiene una vigencia de seis años, esto a CONAGUA supuestamente le sirve para evaluar periódicamente el uso que se le da al recurso.

CONAGUA sabe dónde está la parte ilegal y sabe cuales empresas están sobreexplotando los mantos acuíferos, pero como son poderosos económicamente y respaldados por la clase política y por los caciques, no les dicen nada, mientras que a los campesinos y a los pueblos originarios se les carga el peso de la burocracia, ignorando la ley y el discurso igualitario.

Con la concesión obtenida el representante legal se presenta en las instalaciones de la SADER para la entrega de documentos que demuestran la legalidad de la sociedad, pero se tiene que enfrentar a la parte más dura de la burocracia, la burocracia que mata el discurso igualitario de la presidenta Claudia Sheinbaum, que revisa los padrones de la sociedad hasta con lupa para encontrar fallas que le justifiquen rechazar el trámite. Quiero recalcar que esta burocracia con la que se enfrenta la sociedad civil está en todas las dependencias federales y estatales que van debilitando la frágil democracia que tiene nuestro país.