Lo que viene

Política para todos.

Otto René Cáceres Parra.

Sin duda, la detención de Nicolás Maduro marca un hecho sin precedentes, al menos en la historia moderna del siglo que corre (ya habíamos tenido múltiples operaciones encubiertas y presiones como la experiencia de la captura del general Noriega en Panamá en 1989, el intervencionismo en Nicaragua, el Salvador, Chile, Guatemala, entre otros en el siglo pasado) marcando un punto de inflexión por tratarse de una acción ejecutiva directa contra la jefatura de Estado de un país soberano sin mediación de organismos multilaterales o autorización expresa del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

El gobierno de Estados Unidos calificó la operación como una acción de seguridad nacional, basado en la estrategia de seguridad nacional impulsada por el gobierno del presidente Trump, orientada a combatir el narcotráfico transnacional y el terrorismo, negando que se tratara de una invasión. Esto es un hecho interesante ya que entonces no se trata de capturar a un dictador sino a un narcotraficante que presuntamente lidera el cártel de Los Soles, y digo presuntamente ya que la justicia norteamericana tiene que probarlo, así como su relación con el cartel de Sinaloa, siendo lo anterior el elemento clave del operativo, es decir, el encuadre jurídico. Estados Unidos no actúa contra Maduro por autoritarismo, violaciones a derechos humanos o ruptura del orden democrático, sino por acusaciones formales de narcotráfico y terrorismo. Desde al menos 2020 el Departamento de Justicia había acumulado expedientes que vinculaban a Maduro y a su círculo cercano, en específico a Diosdado Cabello, con el denominado Cártel de los Soles, denominación que hace referencia a las insignias solares que adornan los uniformes de los presuntos altos oficiales militares venezolanos miembros del cártel, acusándolos de facilitar el envío de toneladas de cocaína hacia Estados Unidos y Europa. Este enfoque deliberado permitió a Washington construir una narrativa de legalidad penal transnacional, evitando, al menos en el plano discursivo, el debate sobre una intervención política directa. De ahí la frase que sintetiza el núcleo del argumento: a Maduro se le detiene por narco, no por dictador.

Para Washington, la operación debe leerse como parte de una estrategia más amplia de reafirmación hegemónica en la región. En la práctica representa una actualización operativa de la Doctrina Monroe, “América para los Americanos”, en el sentido más literal del término, reinterpretada bajo la lógica de la Estrategia de Seguridad Nacional de la administración Trump, tolerancia cero frente a lo que define como narco estados o aliados de potencias rivales, es decir, extra hemisféricas, enviando un mensaje inequívoco: Estados Unidos está dispuesto a utilizar fuerza excepcional, en coordinación con actores internos para neutralizar o eliminar amenazas que considere estratégicas en su entorno inmediato, es decir, en lo que históricamente ha considerado su esfera de influencia exclusiva, mostrando ello la analogía como advertencia, a través de figuras clave como la del secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, utilizando abiertamente el

caso venezolano como un precedente o modelo para abordar la crisis de los cárteles y el fentanilo en México.

La pregunta que flota en el aire es si Estados Unidos podría contemplar una acción militar limitada o abierta en nuestro territorio ante una percepción de cooperación insuficiente, colocando a México en una posición diplomática de alta tensión frente a un dilema de seguridad sin precedentes recientes, sobre todo entendiendo que, con la captura de Maduro, la presión retórica y el ambiente intervencionista han crecido exponencialmente. En este sentido, la detención de Maduro por cargos de narcotráfico cataloga a su régimen como un narco gobierno en pleno sentido, connotación que no se ha subrayado en nuestro caso, aunque cabe apuntar que si se ha compartido información sobre figuras políticas, de prácticamente todos los partidos políticos, que podrían estar relacionadas con grupos del crimen organizado.

Me parece que una intervención militar directa en nuestro país sería poco probable debido a que la presidencia de la República no se le ha conferido la connotación de narco Estado, es decir, no se encuentra implicada en estos términos como si lo fue en la retórica de Venezuela; la presidenta Sheinbaum ha marcado una relación “cordial” con el mandatario estadounidense en términos de cooperación en materia de seguridad, lo cual se refleja en las llamadas que ha sostenido con el mandatario norteamericano; la relación comercial entre ambos países que podría verse afectada; las protestas de los casi 30 millones de mexicanos que viven del otro lado de la frontera norte; la falta de apoyo a las tropas extranjeras por parte de la población nacional; la posibilidad de levantamientos civiles; una concentración de fuerzas entre grupos del crimen organizado ante tales eventos; la atomización de los mismos en caso de llevarse a cabo generando una especie de guerra de guerrillas o guerras híbridas que no han sido precisamente el fuerte del ejército norteamericano; entre muchos otros factores. Lo que si veo es una mayor presión en términos de la crisis actual del fentanilo y el combate e infiltración institucional del crimen organizado en México, por lo que no debemos rasgarnos las vestiduras si comenzamos a experimentar un aumento en la cooperación binacional en términos de inteligencia, capacitación, compra o compartimentación de armamento, aumento en vuelos con drones, debilitamiento de las estructuras de los grupos criminales, acciones conjuntas entre grupos de fuerzas especiales, todas ellas acciones que por cierto ya se dan y que seguramente serán más y más recurrentes.

Nos encontramos como país en una posición delicada, defendiendo principios históricos en un contexto donde Estados Unidos se encuentra redefiniendo unilateralmente las reglas de seguridad regional. No debemos olvidar que la captura de Maduro, y otros eventos por venir, aunque probablemente de menor envergadura, van a permitirle al presidente Trump fortalecer su narrativa de mano dura, cumplimiento de promesas y defensa de la seguridad nacional frente a las "amenazas del narcotráfico y el terrorismo", potenciando su base electoral con miras a la renovación del Congreso el siguiente año y desafiando a la oposición demócrata a posicionarse frente a hechos consumados.

La presión por alinearse con un enfoque de seguridad definido unilateralmente por Washington será abrumadora. El mundo observa ahora la evolución de la poscrisis en Venezuela, pero también aguarda con aprensión la próxima movida en este peligroso juego geopolítico donde las reglas han sido reescritas por la potencia hegemónica.

El costo final, en términos de estabilidad regional, legitimidad global y soberanía de los Estados, aún está por definirse. Estaremos pendientes.

@ottorenecaceres

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