Los retos de la Fiscalía

Política para todos.

Otto René Cáceres Parra.

Sin duda el caso del empresario Rocha Cantú es paradigmático. Este empresario, copropietario del certamen Miss Universo (por el cual habría pagado 18 millones de dólares) y cuyo acontecimiento, vuelto en escándalo a raíz del encontronazo entre uno de los organizadores en Tailandia y la ahora Miss Universo, Fátima Bosch, llevó a una serie de investigaciones donde el padre de Fátima, servidor público desde al menos 30 años en PEMEX, habría sido el puente para que Rocha ganara contratos millonarios ya que además también es dueño de otras empresas, entre ellas una gasera, y que a raíz de ello se especulara le pagara el favor otorgándole la corona de dicho certamen a su hija.

En este entramado no sabemos si el pleito entre Bosch y el organizador tailandés habría sido premeditado con el objetivo de justificar la obtención del citado título. Lo que si sabemos es que tanto la corona, como los nexos con el padre de la actual reina de belleza, fue lo que disparó a Rocha Cantú al escenario mediático, llevando al desenmarañamiento de toda una suerte de acciones presuntamente ilícitas, derivado entre otras cosas, de la coyuntura del cambio de Fiscal General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero por la figura de Ernestina Godoy, cambio que también estuvo envuelto por una nube de discusiones acerca de la normativa, la autonomía de la fiscalía, el proceso de selección, entre otras, siendo precisamente durante esta coyuntura la filtración de que Rocha Cantú contara con investigaciones en curso por diversos ilícitos, recibiendo información privilegiada de la propia Fiscalía, por la cual pagaba para ir un paso delante de cualquier acción en su contra, habiendo sido beneficiado por el ex fiscal Gertz Manero con el instrumento conocido como “criterio de oportunidad”, el cual en términos terrenales se refiere a ser testigo protegido, acontecimiento -junto a una lista de otros más- el que finalmente habría detonado, supuestamente, el malestar de la presidenta Claudia Sheinbaum, propiciando su salida (caída) de la fiscalía.

Y aquí cabe preguntarse si Rocha Cantú era protegido de qué o de quién, apuntando que este personaje sería el artífice de una red de tráfico de combustible, es decir huachicoleo, drogas y armas, éstas últimas contrabandeadas de Guatemala hacia México, cuando estamos más que habituados a que este tráfico se lleve a cabo de manera preponderante en la frontera norte con los Estados Unidos.

AL respecto, las investigaciones, que al parecer contienen tintes de inteligencia, llevaron a la detención de 13 de sus compinches, y a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la secretaría de Hacienda al congelamiento de las cuentas del empresario, mismo que debe haber tenido el tiempo y tino suficiente para mover su dinero con antelación. En este sentido, veremos que tiene que decir al respecto la nueva fiscal en términos de revocar o no el criterio de oportunidad, así como lo relativo a los otros ilícitos, destacando de todo ello el contrabando de armas, es decir, si fueron adquiridas en Estados Unidos y revendidas en Guatemala, si es parte de un tráfico proveniente de centro o Sudamérica, si son contrabandeadas desde Europa por esta vía, qué grupos intervienen en

ello, etc.; preocupante debido a lo que significa este hecho en términos de conocer de sobra a manos de quienes van a parar las mismas y para que fines.

Otro de los temas tiene que ver con la explosión de un coche bomba, el sábado pasado al mediodía, en el municipio de Cohuayana, Michoacán, frente a las instalaciones de la policía comunitaria de dicho municipio, cobrando la vida de cinco personas (los dos tripulantes de la camioneta y tres policías), dejando heridas a otras doce.

Este ataque ha reavivado la discusión acerca de si debe tomarse como un acto de terrorismo, narco terrorismo o simplemente una acción de tipo violento por parte de grupos del crimen organizado. Al respecto cabe apuntar que un acto terrorista, en líneas muy generales, lleva consigo características y elementos de corte político-ideológico, buscando con sus actos generar terror entre la población, mientras que el narco terrorismo tendría un objetivo en específico, buscando generar, mediante métodos igualmente extremos y violentos, intimidación con un propósito determinado basado en sus actividades ilícitas, o en el último caso, ser sólo un método violento que mande un mensaje a determinados actores.

El Código Penal Federal establece en su artículo 139, Bis, Ter, Cuarter y Qinquies el delito de terrorismo y sus respectivas penas a quien lo lleve a cabo. Será función de la FGR y la fiscalía del estado llevar a cabo las investigaciones que permitan determinar cómo se tipificará y quienes serían los responsables del mismo de ser este el caso. Lo cierto es que, sea o no sea un acto de este tipo, sí es un evento que debe ser considerado, aunque no se encuentre el término en ninguna normatividad, como de seguridad interior, sobre todo al ser un suceso que ya se realizó en nuestro territorio en tres ocasiones el año pasado (2024): el 29 de junio de 2024 en Celaya, Guanajuato, en la comunidad de El Sauz Villaseñor al detonar un auto mientras elementos de la Guardia Nacional inspeccionaban el mismo, dejando a cinco de ellos lesionados; el 24 de octubre de 2024 en Acámbaro, Guanajuato, fuera de la Comisaría de Seguridad Pública, donde un vehículo explotó causando lesiones a tres policías, dañando edificios, viviendas y automóviles; el 1 de diciembre de 2024, al detonar tres vehículos con explosivos en Tula, Hidalgo, como parte de un operativo para liberar a nueve internos del penal de Tula; y que decir del ataque con granadas en Morelia, Michoacán, el 15 de septiembre de 2008, durante la ceremonia del 198 aniversario de la Independencia de México, en el centro histórico de la capital del estado, donde fueron detonadas dos granadas de fragmentación.

De una u otra forma, eventos de este tipo alimentan el discurso Trumpista en términos de reafirmar que se les considere a determinados grupos de narcotraficantes como terroristas, posibilitando, con sucesos como el aquí expuesto, el poder nombrar a todos los grupos restantes bajo esta clasificación, justificando con ello su deseo de intervención militar bajo el argumento del resguardo a su seguridad nacional mediante el combate a las organizaciones delictivas.

La Fiscalía al mando de su nueva titular, Ernestina Godoy, deberá tomar cartas en los asuntos aquí descritos, que no propicien o sean motivo de generar una escalada de descontento social y político junto a los demás temas rezagados, tales como el caso de “La Barredora”, el huachicol fiscal que involucra a los hermanos Farías, las 37 demandas presentadas en contra del senador Adán Augusto López Hernández en la Fiscalía Especializada en Materia de Combata a la Corrupción, los casos rezagados y los que se vayan acumulando en el transcurso de los días y meses por venir.

Sin duda un encargo complicado e interesante. Estaremos atentos.