Diario de un reportero
Miguel Molina
Pronto veremos operativos impecables e implacables contra medio mundo: un centenar de alcaldes, los gerentes de la industria petroquímica – Pemex en particular –, de las textileras, de las plantas que procesan alimentos, de las empresas que producen fertilizantes, de las papeleras, de las curtidurías, de las refresqueras y las cerveceras, de los ingenios, de los beneficios, que causan serios daños al ambiente de Veracruz.
El ejemplo es el caso de Tito Delfín. Después ocho años de investigaciones sobre la presunta responsabilidad de Delfín por incumplimiento de un deber legal, abuso de autoridad y fraude durante el tiempo que fue alcalde de Tierra Blanca (hace nueve años), las autoridades veracruzanas detuvieron al político de Acción Nacional. Pero la cosa no paró ahí.
El sábado pasado, cuando el panista salió de la cárcel para seguir en libertad su proceso, lo esperaban agentes ministeriales que lo detuvieron por presuntos delitos ambientales contra la seguridad colectiva, porque al parecer autorizó o permitió la operación de un tiradero a cielo abierto en su municipio durante su gobierno. Y, tras un minuto de libertad, Delfín regresó a la cárcel de la que había salido.
Tanto celo por proteger la ecología del estado no se veía desde que Rafael Hernández Ochoa – quien gobernó Veracruz durante la segunda mitad de los setenta – creó la primera dirección del Medio Ambiente con la idea de proteger los recursos naturales, aunque su idea se fue diluyendo hasta convertirse en nada, o casi nada.
Pero todo eso va a cambiar si las autoridades ambientales actúan con la misma energía y las mismas ganas que usaron en el caso Delfín. Y no tienen que buscar mucho. Los dieciocho ríos que hay en Veracruz están seriamente contaminados, según el investigador Margarito Páez Rodríguez. Hay ciento diecinueve tiraderos a cielo abierto en el estado, según datos de la secretaría veracruzana del Medio Ambiente, lo que hace pensar que cuando menos más de cien alcaldes y ex alcaldes, y empresarios, van a enfrentar el rigor de las autoridades de este ramo y de otros.
Será la noticia política del sexenio. La Procuraduría del Medio Ambiente de Veracruz podría detener a un centenar de presidentes y funcionarios municipales, y quién sabe cuántos responsables de industrias porque – como Delfín – joden a la naturaleza y niegan el derecho de los veracruzanos a vivir y crecer en un ambiente saludable, ecológicamente equilibrado y sustentable .
La excusa tradicional de la secretaría de Medio Ambiente es que hay problemas cuya solución corresponde a las autoridades federales, como si eso eliminara la contaminación y los demás daños que se producen y se sufren en territorio del Estado libre y soberano de Veracruz. El daño sigue. El daño está hecho. Pero esos son argumentos que no llevan a ningún lado ni remedian cosa alguna.
Lo más probable es que no veamos nada. Si acaso, habrá casos parecidos: personajes políticos de peso en la oposición terminarán en la cárcel por acusaciones dignas de mejor uso. Y digo de oposición porque hasta la fecha no he sabido de ningún morenista bajo investigación, detenido, procesado o convicto de ningún delito serio.
Puede ser casualidad, pero en la política no hay casualidades sino intereses, muchos intereses. Entonces como ahora, el ambiente seguirá sucio y el problema será de otros. El problema es siempre de otros.
La otra consulta
Y habrá otra consulta.
Ya se olvidó, o casi, la que preguntaba si se debía investigar a ex presidentes. También se olvidó la consulta sobre el tiempo que tendría que estar Andrés Manuel López Obrador en su cargo. Fueron fuegos artificiales que iluminaron el cielo político y se extinguieron sin dejar huella. La primera porque la ley no se somete a consulta, y la segunda porque la Presidencia no es renunciable, pero esos son detalles que no van a ninguna parte.
Hubo consultas – con escasa participación del pueblo bueno – sobre el aeropuerto Felipe Ángeles y sobre el Tren Maya, pero fueron vainas retóricas ante decisiones que ya se habían tomado. Y viene la que sigue.
La próxima será el año próximo, y quienes participen tendrán que elegir entre mandar el ejército a los cuarteles o aceptar que siga en las calles, a cargo de una seguridad cada vez más relativa, y decidir si la Guardia Nacional se militariza o
es un asunto de civiles, aunque eso ya lo establecen la Constitución y las leyes que de ella emanan.
Pero será igualmente un ejercicio sin base legal (el artículo once de la ley de consultas populares prohibe expresamente someter la seguridad nacional a consulta), y un gasto inútil en un proceso no vinculante organizado por el Poder Ejecutivo.
No faltará quien relacione la consulta con las presiones de las fuerzas armadas sobre el gobierno. Sería terrible que el secretario de la Defensa, molesto por el rumbo de la investigación del caso Ayotzinapa, hubiera advertido en una reunión del gabinete de Seguridad Nacional: Si siguen manchando al ejército, retiro a los militares de las calles y a ver qué hacen, como afirma Carlos Loret de Mola. Terrible, sí, pero no imposible, aunque el Presidente siga siendo el Comandante en Jefe.
Desde el balcón
Durante tres semanas no habrá apuntes en este Diario de un reportero. Asturias lo espera a uno con las sidras abiertas, y las montañas y la costa Cantábrica, y tantas cosas que uno no ha visto en esa parte del mundo, como Villaviciosa, cuyo nombre sugiere tanto y tanto.
Así que van a disculpar. Uno no se va de vacaciones cuando quiere sino cuando puede. Y ante la lluvia y el viento frío que sopla de alguna parte, uno brinda con malta por la sidra que viene. Y las fabadas. Ahí nos vemos.