Narcocandidatos

Política para todos.

Otto René Cáceres Parra.

La expansión territorial y operativa del crimen organizado en México se ha convertido en una de las principales preocupaciones para la seguridad y la gobernabilidad del país debido a su capacidad para influir en economías locales, instituciones públicas y procesos políticos.

En este contexto, donde el fortalecimiento del estado de derecho, así como de los mecanismos de prevención y control deben resultar fundamentales para preservar la estabilidad democrática y la seguridad de la población, la discusión actual sobre los narcocandidatos ha trascendido como uno de los debates más relevantes para nuestra democracia como resultado de la creciente infiltración del crimen organizado en estructuras políticas y gubernamentales en los tres niveles de gobierno, lo que ha llevado a que nuestro país enfrente no sólo un problema de seguridad pública, sino un desafío a su integridad democrática. En las últimas dos décadas, distintos estados han evidenciado múltiples casos en que organizaciones criminales han buscado influir en procesos electorales a través de financiamiento ilícito de campañas, cooptación de autoridades locales, control territorial, uso de la violencia, apoyo político a determinados perfiles, influencia y/o amenazas sobre votantes, entre otros, dejando de ser dicho fenómeno una sospecha aislada para convertirse en un riesgo estructural a la gobernabilidad, teniendo como saldo desde alcaldes detenidos por presuntos vínculos con grupos criminales, hasta investigaciones sobre recursos ilícitos en campañas locales en entidades como Baja California, Michoacán, Tamaulipas, Sinaloa o Guerrero, por mencionar las más apremiantes.

Derivado de tal situación, la presidenta Claudia Sheinbaum impulsó, durante el periodo extraordinario en el Congreso -lapso en el que el órgano legislativo se reúne para discutir y votar asuntos urgentes o de gran relevancia fuera de su calendario de trabajo regular- una iniciativa de reforma orientada a la creación de mecanismos institucionales que permitan detectar perfiles de riesgo antes de que ocupen cargos de elección popular, aprobándose la creación de una comisión especializada dentro del Instituto Nacional Electoral (INE) para llevar a cabo la revisión de posibles vínculos entre aspirantes y redes de delincuencia organizada o financiamiento ilícito.

Dicha Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, integrada por cinco consejeros electorales, podrá establecer comunicación con instancias como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Fiscalía General de la República (FGR), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), con el objetivo de identificar y generar análisis de riesgos relacionados con operaciones ilícitas y/o nexos criminales antes de que los candidatos aparezcan en las boletas electorales, representando formalmente un primer paso institucional para incorporar filtros preventivos de integridad en los procesos electorales en nuestro país. Y aunque dicha decisión legislativa no implica automáticamente una depuración de candidaturas, sí confirma que el tema ha dejado de ser únicamente un debate político o mediático para convertirse en una prioridad de carácter institucional y certidumbre democrática.

Sin embargo, uno de los principales puntos de debate radica en que dicha comisión tendría, al menos inicialmente -se aprobó en lo general, analizando el proyecto en su conjunto, faltando la discusión en lo particular, examinando el texto artículo por artículo- un carácter preventivo, informativo, voluntario y confidencial. Es decir, aunado a que los partidos políticos puedan decidir si someten o no a revisión a sus candidatos -situación que abre una interrogante en términos de si un sistema de depuración podría funcionar dependiendo de la voluntad política de los propios partidos- no cuenta con facultades para emitir sentencias, investigar delitos, vetar personas, ni cancelar o retirar candidaturas, recayendo dichas atribuciones en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) erigiéndose como árbitro final de los conflictos que pudieran surgir a partir de estas nuevas reglas, particularmente en casos donde los aspirantes consideren que fueron vulnerados sus derechos político-electorales. En este sentido, la discusión se centrará en determinar hasta dónde pueden llegar las autoridades electorales en la investigación de perfiles sin invadir competencias ministeriales o violentar garantías constitucionales, siendo el Tribunal quien pondere entre el derecho individual a ser votado y la obligación del Estado de proteger la integridad democrática frente a la infiltración criminal.

Si bien nuestro país ya cuenta con diversas herramientas legales para investigar operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y financiamiento ilegal de campañas a través de organismos como la UIF, con facultades para rastrear movimientos financieros sospechosos; la FGR para judicializar delitos relacionados con crimen organizado; la CNBV con facultades de supervisión financiera; y el propio INE con atribuciones de fiscalización de recursos de campaña; el problema central no se centra en la ausencia de leyes, sino en la falta de coordinación interinstitucional, investigación efectiva y sanciones políticas contundentes. Por tanto, la discusión actual debería ser un intento por transitar efectivamente de un modelo reactivo, investigando después de que el funcionario ya se encuentra en el cargo, a un modelo preventivo enfocado en la revisión de perfiles antes de su registro oficial, evitando que actores políticos señalados públicamente por presuntos vínculos criminales, o que pudieran ser objeto de los mismos, compitan electoralmente, ocupen cargos públicos, y/o incluso consoliden estructuras regionales de poder. En otras palabras, el problema no es que el Estado no tuviera instrumentos legales, sino que no existiera la voluntad política para aplicarlos con firmeza.

La reforma también responde a un contexto político nacional complejo. El gobierno federal busca fortalecer la legitimidad de cara a las elecciones intermedias de 2027, buscando reducir los cuestionamientos relacionados con la posible infiltración criminal en gobiernos locales. Por tanto, la aprobación de esta comisión representa un mensaje político importante, en cuanto a que el Estado reconoce que la defensa democrática ya no depende únicamente en garantizar elecciones libres, sino también en impedir que las estructuras criminales encuentren en estos procesos una vía legítima para consolidar su poder político y económico.

Sin embargo, pensar que esta reforma resolverá por sí sola el problema sería simplista. La depuración de perfiles puede y debe convertirse en un filtro relevante, aunque difícilmente sustituirá la necesidad en cuanto al fortalecimiento de fiscalías, sistemas de inteligencia financiera y mecanismos reales de rendición de cuentas. En el fondo, la discusión actual no se encuentra centrada únicamente en términos de reforma electoral, sino de definir hasta qué punto el Estado se encuentra dispuesto a enfrentar la relación entre crimen organizado y poder político.

Aún faltan muchas aristas por analizar, y usted ¿ya tiene lista su credencial del INE? Seguiremos atentos.

@ottorenecaceres

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