Pasemos a lo siguiente

Raúl ARROYO 

Del abundante diagnóstico queda un amplio arco: de las más inteligentes opiniones académicas y técnicas en claustros, nacionales y extranjeros, procedimientos y resoluciones judiciales, a los extravagantes y atropellados métodos legislativos, y hasta los ingeniosos memes en las redes sociales. 

En medio de cientos de análisis y debates en los medios, espacios oficiales y privados, expresiones calificadas - otras no tanto -, propuestas valiosas, maltrato y desdén al federalismo, desfiguros políticos y malabares personales; entre eso y más, la reforma avanzó. Tan prolongado y robusto el debate, como el lastimoso anecdotario. 

Fue apresurado el trayecto formal, desde la génesis en el día conmemorativo de la Constitución de 1917, al momento culminante ayer domingo, el Día D: la inédita y peculiar elección de juzgadoras y juzgadores mexicanos.   

Insisto en la ganancia: un protagonismo del Poder Judicial, históricamente ausente en la agenda pública, útil también para confirmar su distanciamiento, al extremo de la soberbia, del entorno social donde el valor de la justicia se percibe lejano. 

Dejo un apunte: tuvo la discusión una apabullante carga argumentativa contraria a la reforma, y una paupérrima justificación, repetitiva de conceptos y lugares comunes, donde nunca hubo una contundencia sólida para defenderla y convencer de sus bondades.  

Al contrario de los sectores detractores, la defensa careció de un discurso articulado, con razonamientos fundados, superior a la elemental feria de culpas, encubierto con la estridencia.  

En los días subsecuentes la conversación versará sobre la calificación pública y mediática de lo sucedido ayer –eventualmente vendrá la legal en tribunales -, y, finalmente, se arribará al reconocimiento de las personas triunfadoras y la asunción de responsabilidades federales, y locales en las entidades donde optaron por la elección en 2027.  

En eso estamos hoy, a la espera de resultados oficiales después de los cómputos; luego la operación cicatriz, bien advertida por el periodista Mario Maldonado (El Universal 30/5/25).  

Dejemos entonces de rizar el rizo, tiremos una mirada objetiva a lo siguiente: la realidad a partir de septiembre cuando inicie su andadura esa nueva generación de personas impartidoras de justicia federal y local. 

Es hora de enfocar el futuro inmediato, el porvenir de los órganos jurisdiccionales, sin estacionarnos en el inútil “se los dije”, mejor para contribuir a la construcción de la justicia reclamada y merecida. 

Un par de preguntas, más allá de las personas elegidas para impartir justicia y alejadas de toda presunción catastrofista: ¿Hacia dónde irá la ruta del anunciado nuevo Poder Judicial, específicamente en cuanto a garantismo y convencionalidad?; ¿quién o quiénes lograrán la autoridad suficiente para impulsar y materializar la innovación votada? 

Acotación indispensable: la segunda jornada de elección judicial será en escasos dos años, en 2027, si para entonces no se percibe ese cambio proclamado, no alcanza a ser tangible, medible, la reforma habrá hecho agua.  Ese escenario a nadie conviene, no conviene a las y los justiciables, no le conviene al país. 

También genera expectación el futuro del legado jurisprudencial de la Suprema Corte y los tribunales de circuito, generado desde la reforma de 1994. Pregunto: ¿optará su nueva integración por una nueva época, la XII, como históricamente lo ha hecho en cada cambio trascendental, o irá más allá, a una refundación desde cero, por ejemplo?  

Hay quien se pregunta la temporalidad de esta novísima condición, añorando un próximo regreso al anterior estado de cosas. No se ve esa posibilidad. En todo caso, si la reforma no funciona, nos encaminaríamos a un tercer escenario. De ahí la conveniencia de imaginar y apostar por una buena y rápida transformación, con método y sin prisas. La circunstancia obliga a repensar el futuro de la abogacía.