Populismo

Xochitl Patricia Campos López

El autoritarismo rara vez llega con uniforme. Suele presentarse envuelto en discursos sobre el orden, el progreso, la gobernabilidad o la seguridad. Su lógica consiste en convencer a la sociedad de que toda crítica representa un obstáculo y de que toda oposición constituye una amenaza. Cuando esa narrativa se instala, el espacio para el diálogo comienza a reducirse hasta convertirse en una concesión del poder y no en un derecho ciudadano.

En distintos rincones de México se observa una tendencia preocupante. Las autoridades muestran una creciente disposición a descalificar, intimidar o incluso judicializar a quienes cuestionan proyectos oficiales, denuncian daños ambientales o exigen transparencia. El mensaje resulta inequívoco: disentir puede tener consecuencias.

Paradójicamente, esa firmeza institucional no siempre parece dirigirse hacia quienes generan los mayores riesgos para la seguridad pública o la convivencia democrática. Mientras algunos ciudadanos enfrentan procedimientos administrativos, campañas de desprestigio o amenazas por ejercer su derecho a la protesta, amplias estructuras de poder económico, político o territorial conservan una capacidad de influencia que alimenta la percepción de una justicia selectiva. No se trata únicamente de un problema de legalidad, sino de confianza pública. Cuando la ley parece aplicarse con distinta intensidad según el poder de los involucrados, la legitimidad del Estado comienza a erosionarse.

Las democracias no se debilitan únicamente mediante la censura abierta. También pueden deteriorarse cuando la protesta social deja de ser considerada una expresión legítima de la ciudadanía y pasa a interpretarse como un acto de deslealtad política. Esa transformación modifica la naturaleza del poder público, pues sustituye el diálogo por la sospecha y la deliberación por la obediencia.

El fenómeno adquiere una dimensión aún más delicada cuando determinados proyectos de infraestructura o de desarrollo económico son presentados como incuestionables. Ninguna obra pública, por importante que sea, debería quedar al margen del escrutinio ciudadano. La consulta, la transparencia y la evaluación de impactos ambientales y sociales constituyen elementos esenciales de cualquier democracia constitucional. Convertir toda objeción en un acto de sabotaje representa una peligrosa simplificación del debate público.

A ello se suma un clima ideológico que, en algunos sectores, desconfía profundamente de las instituciones de la democracia liberal. Con frecuencia se desacredita la división de poderes, se minimiza la importancia de los contrapesos y se presenta la concentración del poder como una condición necesaria para transformar al país. Bajo esa lógica, el pluralismo deja de entenderse como una fortaleza y comienza a verse como un obstáculo para los objetivos del gobierno.

La polarización también ha propiciado que ciertos discursos de exclusión encuentren una aceptación creciente. El rechazo a personas, comunidades o corrientes de pensamiento distintas se normaliza con facilidad cuando la confrontación política sustituye al debate racional. Ninguna democracia puede consolidarse sobre la base de la estigmatización permanente del adversario, cualquiera que sea su identidad, religión, origen o posición ideológica.

La historia demuestra que el autoritarismo no comienza con la suspensión de las elecciones, sino con la degradación cotidiana de las libertades. Empieza cuando la crítica deja de responderse con argumentos y comienza a enfrentarse mediante mecanismos de presión. Continúa cuando el miedo reemplaza a la deliberación y cuando los ciudadanos perciben que cuestionar al poder puede resultar más costoso que guardar silencio.

La fortaleza de un Estado no se mide por su capacidad para imponer decisiones, sino por su disposición para aceptar el disenso. Gobernar democráticamente implica escuchar incluso a quienes incomodan, reconocer la legitimidad de la crítica y garantizar que la ley se aplique con el mismo rigor para todos, sin excepciones ni privilegios.

La calidad de una democracia no depende de la unanimidad, sino de su capacidad para proteger la libertad de quienes piensan diferente. Allí donde el poder convierte la discrepancia en enemistad y la protesta en delito, el problema deja de ser exclusivamente político. Se convierte en una advertencia para toda la sociedad