Pueblos indigenas del Valle de Tehuacan obligan a conagua a inspeccionar pozos ilegales de la empresa patsa y de los invernaderos de la region

Nicolás Jímenez

El 27 de marzo de 2026 más de 1000 miembros de las sociedades agrícolas organizadas del Valle de Tehuacán se manifestaron enfrente del arco de seguridad de Altepexi, Puebla, para exigirle a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) que haga inspección ocular a las diferentes empresas establecidas en la región porque están haciendo perforaciones ilegales, es decir, que no cuentan con permisos por parte de la CONAGUA. La empresa Pradera Mixteca, propiedad de la familia Romero, tiene una superficie de 40 hectáreas y en ellas siembran jitomate para exportación en invernaderos. El comisionado de la CONAGUA Ángel Máximo Rueda tiene información de que la empresa cuenta con tres pozos profundos, pero están funcionando seis y están excavando de noche otro pozo.

¿Por qué necesitan tanta agua los invernaderos? Ellos manejan el sistema de hidroponía para producir 40 kg de jitomate por metro cuadrado, cada planta necesita 2.5 litros de agua al día y en cada hectárea tienen 30 mil plantas que tardan para producción de 8 meses a un año, son invernaderos de alta tecnología donde controlan plagas, enfermedades, temperatura y se manejan variedades genéticamente muy productivas. Como las aguas tienen muchas sales utilizan la técnica de osmosis inversa para quitar las sales y que la planta aproveche los nutrientes.

Ejemplo ilustrativo del gasto de agua:

40 hectáreas por 30 mil plantas = 1,200,000 plantas

1,200,000 por 2.5 litros de agua = 3,000,000 de litros al día

3,000,000 al día por 30 días= 90,000,000 litros al mes

90,000,000 por 8 meses= 720,000,000 de litros por ciclo productivo

En 2023 la empresa contaba con tres pozos, hoy tiene entre 6 y 8. El delegado de la CONAGUA se negó a entregar la información sobre la cantidad de agua autorizada a esa familia.

Los campesinos indígenas del valle de Tehuacán están muy preocupados porque sus mantos acuíferos se están secando y los pozos profundos que tenían el nivel estático de 60 metros, en la actualidad está por debajo por debajo de los 100 metros. A las sociedades que tenían pozos a 60 metros se les secó el agua y tienen que hacer nuevos pozos, pero la CONAGUA no otorga permisos. Cuando las sociedades solicitan los permisos, se enfrentan con la burocracia de la CONAGUA, pero llega un momento de hartazgo, ¿por qué ellos NO y las grandes industrias SI? ¿Por qué una empresa tiene derecho de utilizar 720 millones de litros en un periodo de 8 meses y los campesinos no tienen derecho de agua para sembrar una hectárea? Si Zapata viviera les mentaría su madre a la burocracia que gobierna el país, ya basta de tantos privilegios a unos cuantos.

La manifestación hizo que la CONAGUA mandara a Ángel Máximo Rueda a negociar con los líderes de los diferentes grupos campesinos y se llegó a los siguientes acuerdos:

“Se acuerda que CONAGUA realizará la visita de inspección a la empresa Pradera Mixteca, ubicada en predios de san Sebastián Zinacatepec y Altepexi, para determinar si la documentación, permisos y concesiones se encuentran vigentes y son legales, la cual se llevará a cabo en el mes de abril, así también revisando los posibles daños a terceros, con lo cual evaluar y en su caso proceder con la clausura correspondiente conforme a marco legal y normativo”.

Los líderes de la región cuestionaron duramente los criterios de la Conagua para el otorgamiento de estas concesiones al considerar que resulta contradictorio e indignante que, mientras los pequeños productores agrícolas de la zona enfrentan trámites burocráticos interminables y negativas para acceder a derechos de agua de riego, las corporaciones logren perforar múltiples pozos en un acuífero que el propio gobierno federal reconoce como de baja presión hídrica.

Para los defensores del territorio, la supervisión de la Conagua debe ser transparente y contar con la observación ciudadana. Insistieron en que los “proyectos de muerte”, como denominan a las grandes naves industriales e invernaderos para productos de exportación, están secando los manantiales ancestrales. La preocupación es que las inspecciones se limiten a una revisión documental de permisos y no a una medición real del impacto ambiental que las perforaciones de la familia Romero están causando en el balance hídrico regional.