Qué sigue a la emergencia

Raúl ARROYO

En siglo y medio, desde su creación como estado, el territorio de Hidalgo ha resentido sus peores tragedias a causa del agua. Sin un registro preciso ni documentado, están en la memoria colectiva las inundaciones en Pachuca, la de 1949, por sus víctimas mortales y daños materiales, de las más recordadas.

Un recuento a vuela pluma incluye las de 1999 y 2007 en Tulancingo, con afectaciones de la primera también en la zona de Metztitlán, y la trágica de Tula en 2021. En una línea del tiempo permiten una observación elemental: la distancia entre cada una se reduce y sus efectos son más devastadores.

Hubo otras de menor intensidad, pero no menos impactantes: las del fraccionamiento Los Tuzos del sur de la capital, tristemente cotidianos a fuerza de insalvables por la ubicación de la zona urbana.

A reserva de su evaluación final, la reciente contingencia en la Sierra Otomí Tepehua es de proporciones inéditas y más alto impacto, solo el número de comunidades afectadas directamente en su hábitat, y por la destrucción de vías de comunicación, advierte la fuerza del fenómeno natural y sus consecuencias con efectos de mediano y largo plazos.

Como en toda crisis, sea cual sea su naturaleza, pero más cuando generan afectaciones directas a la población, quedan exhibidas las fortalezas y debilidades gubernamentales y sociales; errores, descuidos, indolencia, desconocimiento y corrupción saltan de inmediato mostrando la peor cara del poder público en todos sus órdenes; también la presencia de liderazgo, capacidad de respuesta institucional, articulación de posibilidades para atender la contingencia y, muy importante, sirven para corregir falencias, omisiones e irresponsabilidades, son diagnósticos inmediatos, convenientes para la salud del gobierno.

Las comparaciones de mal gusto en estos casos valen. El contraste entre las respuestas de los gobiernos de las entidades limítrofes, igualmente golpeadas por las lluvias, y el de Hidalgo, no necesita explicaciones: prontitud, organización, empatía y sensibilidad ante los reclamos de la población más afectada hacen la diferencia. Súmense compromiso oficial y solidaridad social con las víctimas. Hasta el exhibicionismo barato y ramplón cuenta.

Pasada la urgencia, cuando el lodo se limpie, los apoyos materiales concluyan y la cotidianeidad vuelva al día a día, el problema no estará superado. El anuncio responsable y claro de la imposibilidad de algunas comunidades de permanecer en donde hasta ahora habitaban, lo es también de la necesidad de un plan de largo aliento, trazado necesariamente con otros paradigmas y estrategias para el desarrollo de aquella región de la entidad.

Por ejemplo, cabe preguntarse si ante el cobro de la naturaleza a las agresiones ocasionadas por el trazo de las vías carreteras, debemos insistir, como desde hace casi cien años, en proyectos como la carretera Huejutla – Pachuca, con esa visión centralista de atraer todo al centro urbano del poder; o será más conveniente pensarla hacia el Golfo de México.

Así también calculemos el impacto migratorio hacia centros urbanos como Tulancingo y Pachuca, de no resolverse el futuro de esos grupos expuestos a la búsqueda de sobrevivencia fuera de sus asentamientos originales, ahora inutilizados para la producción de sus insumos básicos. Basta imaginar la magnitud de la limpieza de las zonas de cultivo para calcular tiempo e inversión necesaria.

Conviene pensar inicialmente en dos líneas de trabajo inmediato: una crónica rigurosa, no anecdótica, documentada, con toda la numeralia posible, para identificar origen, consecuencias y costos humanos, sociales y económicos, indispensable para futuras decisiones; y el diseño preliminar de un proyecto con horizonte a, cuando menos, los próximos cincuenta años. Siempre será mejor prever a reaccionar. De otra suerte, por frecuente, normalizaremos el lamento.