Diario de un reportero
Miguel Molina
Otra vez, el gobernador de Veracruz olvidó que el Poder Judicial es autónomo e independiente del Poder ejecutivo, al menos en teoría, y anunció que se cancelaron diez de las veinte ciudades judiciales que se iban a construir en el estado a un costo de siete mil millones de pesos, en un proyecto de inversión pública y privada (IPP).
Al parecer el Tribunal Superior de Justicia llegó a un acuerdo con las empresas que iban a hacer los edificios contratados por Edel Álvarez Peña, quien fue presidente del Poder Judicial en el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares. No se conocen los términos del convenio, que al parecer establece "términos pagables" que se pueden sobrellevar.
También al parecer, el gobernador intervino en el asunto y les dijo a los empresarios que "no nos vamos a hacer guajes, no se puede pagar, van a quebrar al Poder Judicial".
"Yo podría decir que (el asunto de los contratos) es bronca del Poder Judicial, pero la cosa es que el presupuesto sale de acá y era deuda", declaró el mandatario, asumiendo que en la cuarta transformación los fondos públicos dependen de la buena onda de quien gobierna: eso era antes. Pero a fin de
cuentas no se sabe en cuántos cientos o miles de millones va a salir la aventura. Alguien va a ganar. Otra vez, alguien va a ganar.
El negocio de las inversiones privadas en obras públicas no es cosa nueva. En términos técnicos se trata de esquemas de inversión a largo plazo que tienen por objeto la prestación de servicios al sector público con base en el desarrollo de infraestructura que construye y opera el sector privado, como explica algún documento en alguna parte.
En lenguaje común, se puede decir que el sector privado financia obra pública y luego cobra una renta por operar esa obra, más otros gastos que se acumulen durante décadas. Parece un acuerdo sensato, sin más límites que la creatividad contable. Pero no.
La relación del dinero privado y el poder público es pedregosa y peligrosa, y se presta a muchas trácalas, como la falta de regulación, la falta de transparencia en los contratos, la falta de metodologías para evaluar las obras y sus efectos, y la corrupción que infecta este tipo de negocios, como advirtió a tiempo un estudio que comisionó el Instituto Matías Romero de la secretaría de Relaciones Exteriores durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, cuando el país todavía no entraba a la cuarta transformación.
Desaparecidos, desairados
Esta misma semana, muchos veracruzanos recordaron que el primer acto de Cuitláhuac García Jiménez como gobernador fue anunciar un programa emergente por crisis de violaciones de derechos humanos en materia de desaparición de personas.
García Jiménez prometió en su toma de protesta que su gobierno ofrecería una disculpa pública a las familias de las personas desaparecidas, y que además conseguiría fondos para operativos de búsqueda y para atención a víctimas. Muchos le creyeron. "Lo más importante y urgente es brindar a las personas justicia, verdad y reparación", declaró en sus primeros minutos como gobernador.
Mil quinientos tres días después de ese discurso, Veracruz ocupa el primer lugar nacional en desaparecidos (siete mil cuatrocientas treinta y siete personas) y en fosas clandestinas (seiscientas cuarenta y siete), según datos de la secretaría de Gobernación. La Comisión Estatal de Derechos Humanos recibe cada mes alrededor de cuatrocientas solicitudes de intervención por desaparición de personas.
Entre otras cosas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos recomendó al gobierno estatal que pidiera una disculpa pública a las familias de ocho policías que desaparecieron en servicio activo hace diez años. El texto de la disculpa quedaría en un monumento frente al palacio municipal de Úrsulo Galván, donde los policías fueron secuestrados en patrullas de Seguridad Pública del estado.
Pero la política es más atractiva que el servicio público. El gobernador tuvo "actividades imprevistas" en su agenda – al parecer fue a una reunión con otros gobernadores – y pidió que se reprogramara la fecha, "pues es de su interés acompañar a los familiares de las víctimas en tan significativo acto".
Cuando regrese de donde fue, García Jiménez tendrá que pedir disculpas públicas por lo que hizo el Estado que representa y por el desaire de dejarlos plantados, pero no va a acompañar a las familias: va a presentar una disculpa oficial. No irá porque quiere sino porque tiene que hacerlo. Aunque quién sabe.
Desde el balcón
Todavía no amanece el jueves en este lado del mundo, y uno se asoma a la noche del otro lado del ventanal poco antes de las tres de la mañana, y recuerda a Roberto Cuevas. Tal vez a esa hora había empezado a cruzar los perplejos aposentos donde el primer azoro fue su reino, en busca de la palabra precisa, rotunda y redonda como una piedra de río.
Su muerte no es para siempre porque deja lo que dijo y lo que escribió y los cuentos que contaba. En la memoria, Roberto fue un hombre feliz aunque estuviera triste. Y uno brinda por eso y por otras cosas a esta hora en que el día no llega...
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