Rocha en la mira

Otto René Cáceres Parra

Política para Todos

Si el asunto de la CIA sucedido hace apenas unos días, en donde lamentablemente perdieran la vida dos agentes de dicha agencia que llevaban, junto a las autoridades en materia de seguridad del estado de Chihuahua, actividades en contra de grupos del crimen organizado, en la modalidad de narcotráfico, llevando a cabo el desmantelamiento de narcolaboratorios de producción de fentanilo, acción que, por más loable que parezca, se encontraba al margen de la ley, dado que es atribución de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) quien debe autorizar la presencia de dichos agentes en territorio mexicano, no contándose con el conocimiento del gobierno federal para operar en conjunto con la Agencia Estatal de Investigación, violando con ello la Ley de Seguridad Nacional (artículos 70 y 71 y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículos 21, 89 fracción X, 124 y 133), no fue un tema menor, lo que estamos presenciando con el caso de Sinaloa lo es aún menos.

Aún no terminaban de escucharse las voces, tanto de la oposición como del oficialismo, acerca de solicitar la presencia de la gobernadora chihuahuense, de extracción panista, María Eugenia Campos Galván (Maru Campos) en el Congreso para explicar el motivo de tal eventualidad, así como acallar las voces que pedían fuera objeto de un juicio político para despojarla del fuero y pudiera ser juzgada por traición a la patria, cuando nos encontramos con la noticia que el gobernador de Sinaloa, hasta ese momento en funciones, Rubén Rocha Moya, el actual senador por la misma entidad, Enrique Insunza Cázares, el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, y otros ocho funcionarios más fueron acusados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos a través de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y la DEA, acusados de tener vínculos con el cartel de Sinaloa favoreciéndolos a través de una red de corrupción, conspiración para traficar drogas “masivamente” hacia los E.U. (fentanilo, heroína, cocaína, metanfetaminas) a cambio de sobornos, respaldo político y protección institucional, acciones que habrían permitido la filtración de operativos, protección de rutas y la operación del cartel sin consecuencias legales.

Si bien desde la designación de Rocha Moya como candidato a la gubernatura del estado de Sonora se han esparcido rumores acerca de la presunta diversificación de fondos ilegales hacia diversas figuras políticas (hasta 40 millones de pesos por cada uno), haber sido utilizada la red de operadores del narcotráfico a través del robo de papeletas, secuestro de operadores opositores, intimidación de candidatos (logrando que en algunas casillas la oposición no recibiera votos), impedir que las corporaciones policiales y estatales actuaran contra ellos facilitando que el narco controlara la seguridad y el territorio para operar con impunidad, el impulsar la colocación de funcionarios en puestos clave del gobierno para encubrir sus actividades ilegales, entre otras, debemos sumarle, ya en el ejercicio del cargo, la generación de una violencia inusitada en el estado, más de 40 mil homicidios dolosos, que Culiacán sea considerada una de las ciudades más peligrosas del país, así como el homicidio de Héctor Melesio Cuén, principal opositor del gobernador Moya, en el contexto de una presunta reunión entre ellos dos y el narcotraficante Ismael “El Mayo” Zambada, lo que habría provocado el secuestro y entrega de este último por uno de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, ambos presos en los Estados Unidos, pone bajo la lupa la actuación de Rocha Moya al frente del gobierno sinaloense.

Si bien nuestros vecinos del norte han expresado su deseo de que Rocha Moya sea extraditado con carácter de urgente, la presidenta Sheinbaum ha manifestado el deber contarse con las pruebas necesarias que permitan fincarle responsabilidades penales. Ante ello, el gobernador Rocha, así como el alcalde de Culiacán, pidieron licencia temporal para se lleven a cabo las investigaciones pertinentes. Ante ello cabe aclarar un par de puntos. Al ser el narcotráfico un delito de carácter federal, es responsabilidad de la Fiscalía General de la República (FGR) llevar a cabo las investigaciones pertinentes, por supuesto, con el auxilio de las autoridades estatales y locales, mientras que a la SRE le corresponde lo relativo a la solicitud de extradición, misma que carece, de acuerdo con dicha institución, de las pruebas necesarias para llevarse a cabo. Por lo tanto esperaremos que la FGR lleve a cabo sus indagatorias para resolver sobre esta circunstancia.

El caso llama mucho la atención, sobre todo en el hecho de que el gobierno de México buscara responsabilizar institucionalmente, tanto a la gobernadora Maru Campos como a la CIA de operar sin el conocimiento y la autorización requerida; llama igualmente la atención, en términos de poder jugar como una carta fuerte que influya en la renegociación del T-MEC en julio próximo; ser un mecanismo para seguir “limpiando” la casa; parte de la cooperación bilateral en materia de seguridad e inteligencia, entre otras. Sin embargo, todo apunta a que el gobierno de las barras y las estrellas han guardado bien sus cartas, en una suerte de estrategia bien fundada en términos de continuidad del gobierno de Donald Trump refrendando su compromiso de acabar con los grupos terroristas del narcotráfico, como eje central de su estrategia de seguridad nacional en Latinoamérica, con sobrado interés en nuestro país, junto al inminente proceso electoral el siguiente años para renovar diversos escaños en el Congreso norteamericano.

Lo cierto es que tal solicitud de extradición en contra del gobernador con licencia Moya, le cae como balde de agua fría a la presidenta, debiendo tener la cautela de tejer muy fino en términos de lo que ello representa tanto política como institucionalmente. Recordemos que en la última visita del secretario de Estado Marco Rubio, tuvieron un encuentro a puerta cerrada, donde, a decir de los que de esto saben, se habrían expuesto a una serie de personajes de alto nivel que pudieran tener relación con grupos criminales. Aunado a ello, se han filtrado nexos de algunos legisladores y funcionarios con el narco en nuestro país, así como el darse a conocer la revocación de visas para la entrada a E.U. La cuestión no es si nuestros vecinos llevan a cabo una agenda propia en términos de sus propios intereses, tanto políticos como de seguridad, sino que va a hacer el gobierno federal con dicha información, unas veces compartida y otras, como en este caso, sorpresiva. Ante los dichos que se escuchan en diversos espacios en contra del gobernador Rocha, ¿la FGR actuará de manera autónoma y apegada a la ley? De ser así ¿estaremos viendo el primer caso de extradición de un gobernador en funciones? o nos encontraremos ante un caso más de laxitud judicial desestimando las acusaciones. En este espacio ya se había comentado que el asesinato de Carlos Manzo sería una mancha difícil de borrar para el sexenio de la presidenta, se suma al caso en contra del senador Adán Augusto y el caso de la Barredora y ahora este, cada uno borrando la importancia del anterior.

México, mágico, musical. Seguiremos atentos.