Seguridad, los pendientes.

Política para todos.

Otto René Cáceres Parra.

La Estrategia Nacional de Seguridad implementada por el gobierno federal a cargo del secretario del ramo, Omar García Harfuch, parece, a un año de su implementación, estar dando los primeros resultados en dos de sus cuatro ejes: fortalecimiento de labores de inteligencia e investigación; y coordinación entre el Gabinete de Seguridad y las entidades federativas.

Cuenta de ello han sido acciones como: la detención de Edgar Rodríguez Ortiz, alias “el limones” y otros cinco colaboradores más, generadores de violencia en Durango y Coahuila por medio de actividades de extorsión y operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), todos ellos miembros del grupo criminal Los Cabrera, facción del Cartel de Sinaloa, de la cual fueran, entre otras cosas, sus operadores financieros; las investigaciones del coche bomba en Cohuayana, Michoacán, junto a la Fiscalía General de la República (FGR) que permitan corroborar si se trató de un acto de terrorismo, narcoterrorismo o una acción violenta del crimen organizado; la puesta en marcha de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y sus respectiva normativa; la extradición a los Estados Unidos de 29 detenidos vinculados con el delito de narcotráfico, entre ellos el legendario Rafael Caro Quintero, líder histórico del extinto cártel de Guadalajara e implicado en la muerte del agente de la Drug Enforcement Administration (DEA) Enrique “Kiki” Camarena; la investigación y detención de algunos de los presuntos implicados en el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo; el cambio de titular en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en la secretaría de Hacienda, a cargo de Omar Reyes Colmenares, que ha llevado a cabo acciones importantes en cuanto a investigaciones que han derivado en el congelamiento de cuentas y detenciones; el cambio de titular en la FGR en voz de Ernestina Godoy Ramos, con lo que se espera una mayor cooperación y profesionalización entre dicha institución y los cuerpos de seguridad; la investigación en contra del empresario Raúl Rocha Cantú, copropietario del certamen Miss Universo y quien estuviera implicado en una red de tráfico de armas y huachicoleo; la división y desarticulación del cártel de Sinaloa en dos facciones, los Chapitos y los Mayitos; entre otros.

Sin embargo los pendientes en seguridad son varios, es decir, más allá de los golpes asestados aún quedan casos de alto impacto por resolver, por ejemplo: las investigaciones en torno al asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores de la Jefa de Gobierno capitalina Clara Brugada; si bien se está implementando la estrategia en contra de la extorsión, el desmantelamiento de las redes criminales que operan en los penales, junto con las capacidades tecnológicas para llevarlas a cabo (celulares, bases de datos, chips, computadores, tablets, inhibidores de señal por parte de los centro de reclusión, entre otros), no parece tener la celeridad requerida para tal efecto, ello sin contar que también gran parte de las extorsiones igualmente se llevan a cabo por medio de call centers en todo el país que operan entre la clandestinidad y/u operaciones híbridas entre actividades lícitas e ilícitas, sumando a ello toda una suerte de estafas y fraudes operadas por estas mismas redes vulnerando la ciberseguridad de los ciudadanos, sin que se identifiquen, en la gran

mayoría de los casos, cercano a un 98% a los responsables de los mismos; en este mismo orden de ideas el reclutamiento forzado por parte de los grupos del crimen organizado a través de diversos medios, incluso videojuegos; la seguridad en las carreteras donde las autoridades no terminan de acertar en la desarticulación de las bandas dedicadas a tal fin, generándose escaladas de violencia al momento de los ilícitos y las repercusiones sociales que las mismas implican al tomar los afectados casetas y tramos carreteros, afectando con ello a la población que utiliza cotidianamente dicha infraestructura; revertir la percepción de inseguridad que no corresponde con las detenciones y golpes al crimen común y organizado, y que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública y Urbana 2025 (ENSU) del INEGI, ronda el 68%; en términos de seguridad ciudadana, una efectiva aplicación de la justicia y respeto al estado de derecho; el caso del líder de “La Barredora” Hernán Gutiérrez Requena, el cual implica al senador Adán Augusto López; el caso de los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías, sobrinos políticos del exsecretario de Marina en el sexenio pasado, Rafael Ojeda, vinculados una red de lavado de huachicol fiscal; lo relativo a la CURP digital; la puesta en marcha del Sistema Nacional de Inteligencia a cargo de la recién creada Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial (SIIP), por medio de una Plataforma Central de Inteligencia, operada por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI); entre muchos otros.

A lo anterior debe sumársele la cooperación que en materia de seguridad debamos seguir estableciendo con nuestros vecinos del norte, Estados Unidos, en términos de compartimentación de productos de inteligencia y capacidades tecnológicas que permitan llevar a cabo acciones focales en contra de los grupos del crimen organizado, a los cuáles el presidente Trump ha catalogado como organizaciones terroristas, amenazando con, de no hacerlo nosotros, llevar a cabo incursiones militares de diverso tipo en territorio nacional para su combate, además de la anunciada Estrategia de Seguridad Nacional (NSS) que, en términos generales, parece concebirnos a través de una lógica de subordinación estratégica, es decir, económicamente dependiente, políticamente condicionada y estratégicamente disciplinada, buscando generar escenarios donde las empresas estadounidenses dominen mercados extranjeros, implicando presiones para abrir sectores, aceptar condiciones comerciales desfavorables y subordinar decisiones de política pública a intereses corporativos de EE. UU., profundizando con ello la dependencia estructural, así como que en el ámbito político y diplomático hagan uso de su influencia para condicionar gobiernos y decisiones soberanas, dejando de ser una diplomacia de cooperación, convirtiéndose en un instrumento de coerción, donde México pudiera aparecer, dada nuestra cercanía, como un país obligado a alinearse para evitar sanciones, represalias comerciales o presiones migratorias.

Finalmente, y no por ello menos importante la necesidad de contar con un Consejero Nacional de Seguridad, ojo, que no de Seguridad Nacional, como lo fue el fallido intento durante los primeros dos años de la administración del gobierno de Vicente Fox con Adolfo Aguilar Zinzer, sino de seguridad en un sentido amplio, estratégico, transversal, que abarque no sólo los problemas de seguridad nacional, sino de seguridad pública, seguridad humana, seguridad ciudadana, interés nacional, inteligencia, contrainteligencia, aspectos militares, es decir, una figura con capacidad de articular la seguridad desde una visión multidimensional que posibilite una verdadera coordinación entre dependencias, de integrar el análisis, de hablarle al presidente desde una visión técnica y no política, construyendo continuidades más allá de los periodos sexenales.

Sin duda mucho por realizar en materia de seguridad. Seguiremos pendientes.@ottorenecaceres