SEP: la educación interrumpida

Pablo Cabañas Díaz

La decisión de la Secretaría de Educación Pública, encabezada por Mario Delgado, de adelantar el fin del ciclo escolar 2025- 2026 al 5 de junio constituye no solo una medida administrativa controvertida, sino una nueva interrupción deliberada del proceso educativo nacional. Lo que fue presentado como una respuesta pragmática a las altas temperaturas y a la logística de la Copa Mundial de la FIFA 2026 revela, en realidad, una señal alarmante sobre la fragilidad estructural de la educación pública mexicana y sobre la pérdida de centralidad de la escuela dentro del proyecto político del Estado. El argumento oficial intenta revestirse de racionalidad técnica: proteger a los estudiantes frente a la ola de calor y facilitar la operación de un evento internacional de enorme magnitud mediática. Sin embargo, detrás de esa narrativa surge una pregunta inevitable: ¿cómo puede un país que arrastra uno de los peores rezagos educativos de América Latina permitirse reducir seis semanas efectivas de clases? La contradicción es brutal.

Mientras los discursos gubernamentales hablan de “transformación”, “humanismo” y “Nueva Escuela Mexicana”, la realidad concreta muestra aulas vaciadas prematuramente, programas inconclusos y millones de alumnos sometidos a un deterioro pedagógico acumulativo. La crisis educativa mexicana no comenzó con esta decisión, pero encuentra en ella un símbolo devastador. La pandemia de COVID-19 produjo la mayor interrupción escolar del México contemporáneo. Millones de estudiantes permanecieron fuera de las aulas durante meses; otros abandonaron definitivamente el sistema educativo.

El programa “Aprende en Casa” evidenció las desigualdades históricas del país: mientras sectores urbanos con acceso digital pudieron mantener cierta continuidad, millones de niños rurales e indígenas quedaron prácticamente desconectados del proceso de enseñanza. Los efectos fueron demoledores. Diversas evaluaciones posteriores mostraron pérdidas de aprendizaje equivalentes a varios ciclos escolares completos, especialmente en comprensión lectora y matemáticas básicas. Lo más grave es que tales daños no han sido reparados. El sistema educativo mexicano todavía no logra recuperar los niveles previos a la pandemia y, sin embargo, la respuesta oficial consiste ahora en reducir aún más el tiempo efectivo de enseñanza.

La organización México Evalúa advirtió que, descontando días festivos, suspensiones previas y actividades administrativas, quedarían apenas diecisiete días reales de actividad académica antes del cierre definitivo. La SEP no presentó criterios técnicos públicos que justificaran la decisión ni explicó cómo se concluirían los contenidos curriculares o las evaluaciones trimestrales programadas.

La opacidad resulta significativa porque refleja una forma de ejercer el poder educativo sin mecanismos claros de rendición de cuentas. La preocupación escaló cuando la Comisión Nacional de los Derechos Humanos exhortó públicamente a la SEP a revisar el cierre anticipado del ciclo escolar, argumentando que la medida vulnera el interés superior de la niñez al dejar a millones de estudiantes sin actividades escolares durante casi tres meses. El organismo advirtió que la decisión no solo afecta el derecho constitucional a la educación, sino que también incrementa riesgos de desprotección, inseguridad y abandono para niños, niñas y adolescentes, particularmente en sectores socialmente vulnerables donde la escuela representa un espacio esencial de contención y estabilidad.

El problema no es únicamente pedagógico. También es social y económico. Más de siete millones de hogares monoparentales — la mayoría encabezados por mujeres— deberán absorber una carga adicional de cuidados durante semanas en las que los menores permanecerán fuera de la escuela. Para miles de familias trabajadoras, la escuela pública no constituye solamente un espacio de aprendizaje: funciona también como una estructura básica de organización de la vida cotidiana. Cada cierre prematuro desplaza costos invisibles hacia los sectores más vulnerables y profundiza las desigualdades ya existentes.

La situación resulta todavía más inquietante cuando se observa el deterioro acumulado de la educación pública mexicana. Datos de organismos nacionales e internacionales muestran una caída persistente en los niveles de escolarización, comprensión lectora y desempeño matemático.

La desaparición del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación significó, además, la demolición de uno de los pocos mecanismos institucionales capaces de medir con cierta autonomía la calidad educativa. La evaluación fue convertida en enemigo ideológico y asociada automáticamente al “neoliberalismo”, como si medir el aprendizaje fuera una conspiración tecnocrática y no una necesidad elemental de cualquier sistema educativo moderno.

Cada semana perdida en las aulas representa una disminución de capacidades futuras, una ampliación de las desigualdades y un debilitamiento de la soberanía intelectual del país. Las naciones que aspiran a competir en el siglo XXI fortalecen sus sistemas educativos, amplían sus calendarios de aprendizaje e invierten en conocimiento científico y tecnológico. México, por el contrario, parece resignarse a administrar el deterioro. La verdadera transformación no se construye con discursos ni con eventos de impacto mediático, sino con escuelas sólidas, maestros capacitados y estudiantes que puedan ejercer plenamente su derecho fundamental a aprender