Terrorismo de Izquierda

Política para todos.

Otto René Cáceres Parra.

La decisión del gobierno mexicano de no asistir al foro sobre Terrorismo de Izquierda, convocado por el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, al cual asistieron 66 países de todo el mundo, debe entenderse, no como un hecho aislado, sino como el resultado de una tormenta que ha llevado a la tensión bilateral con Estados Unidos a un punto crítico.

Para comprender la postura del gobierno, debemos remontarnos a las acusaciones de la justicia estadounidense. El anuncio del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, representó un parteaguas histórico. Por primera vez, un gobernador en funciones, ahora con licencia, Rubén Rocha Moya, y su círculo cercano, incluyendo al senador Enrique Inzunza, fueron acusados formalmente de colaborar activamente con el Cártel de Sinaloa, no como omisiones o tolerancia pasiva, sino a través de una colaboración activa que involucra el uso de estructuras estatales para el tráfico de drogas, constituyendo el retrato de un narcoestado, señalamiento que se ha visto agravado por la designación que el presidente Donald Trump ha hecho de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas desde el inicio de su administración, incluyendo en esta clasificación, hace unos días, al Cartel de Juárez y a Los Viagras. Esto implica que los acusados, incluido Rocha Moya, podrían ser los primeros funcionarios en ser juzgados por narcoterrorismo, cargo que eleva el caso por encima del crimen organizado tradicional, habilitando recursos excepcionales por parte de agencias estadounidenses.

Desde la óptica del gobierno mexicano, emanado de un movimiento de izquierda con un discurso histórico de soberanía y no intervención, la decisión de no asistir se enmarca en un acto de refrendo a estos principios. La narrativa oficial, representada por la postura de la Cancillería, argumenta falta de pruebas en las acusaciones de Estados Unidos, girando la estrategia de defensa en torno a un argumento que la opinión pública ha calificado como un silogismo, al sostener que, al no existir una investigación formal en nuestro país, no existe delito que perseguir, siendo por tanto, el gobernador, materialmente inocente, buscando dicha postura proteger, no solo a una figura política clave del oficialismo, sino la estabilidad del sistema político ante el temor fundado de que, en caso de ser extraditado, Rocha Moya pudiera revelar información que involucre a otros actores de alto nivel. A ello debe sumársele los recientes eventos donde figuras públicas que también cuentan con expedientes abiertos en Estados Unidos, como el senador Adán Augusto López Hernández o Ulises Lara, que hace unos días renunciara a la Fiscalía General de Justicia (FGJ), pudieran ser informantes de agencias estadounidenses, entuerto en el que se encuentra la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, entre otros.

En este contexto, la negativa a asistir al evento, por tanto, se convierte en una declaración de soberanía nacional frente a lo que se percibe como un acto de injerencismo estadounidense, buscando presentar la crisis como un asunto de defensa a la dignidad nacional, en lugar de una crisis de Estado y de seguridad. Sin embargo, hay un matiz que no puede pasarse por alto, la soberanía no se ejerce únicamente mediante el retiro o la protesta, se ejerce en la capacidad de incidir en los escenarios donde se discuten las reglas que nos afectan. En este sentido, la ausencia, por más que se defiendan los principios, termina siendo un acto de cesión de la palabra.

Frente a esta postura, diplomáticamente debió haberse asistido, en tanto que un evento de esta naturaleza es el foro idóneo para hacer valer nuestra postura, sobre todo, para presentar nuestra propia narrativa ante la comunidad internacional. En lugar del aislamiento, proponer el diálogo como herramienta para demostrar los avances en seguridad, desmintiendo las acusaciones de narcoestado. Para ello, el Estado cuenta con funcionarios públicos de gran nivel, así como de especialistas de la comunidad académica que sin duda habrían tenido las herramientas para hacerse escuchar. En este sentido, la ausencia en el foro deja el campo libre para que la voz crítica de los Estados Unidos, y otros actores internacionales, sea la única que se escuche, profundizando la percepción de que México tiene algo que ocultar. Recordemos que en diplomacia el silencio rara vez es neutral, interpretándose, casi siempre, como una admisión tácita o, cuando menos, como una incapacidad para defender la propia versión de los hechos.

Por tanto, una asistencia activa habría permitido al gobierno mexicano presentar sus propios logros en la persecución del lavado de dinero, la detención de figuras relevantes y los operativos contra el crimen organizado, contrarrestando la narrativa de complicidad estatal. En este sentido, no se trataba de rendir cuentas a un tribunal extranjero, sino de ocupar un lugar en la mesa donde se construyen las percepciones globales, siendo las repercusiones de esta decisión proyectar la imagen de un gobierno a la defensiva que prioriza la protección política sobre la colaboración en materia de justicia, observando la comunidad internacional el no cumplir con el Tratado de Extradición, que obliga a la entrega delos acusados, mientras que la presión de la Casa Blanca es cada vez más patente, manteniendo sus amenazas de intervención unilateral si el gobierno mexicano no actúa de acuerdo con sus objetivos de seguridad nacional.

En este escenario es necesario preguntarse ¿qué países asisten a este tipo de foros y cuáles son sus posturas? Mientras naciones con gobiernos afines a la izquierda latinoamericana podrían mostrar solidaridad con la postura soberanista de México, países aliados a Estados Unidos y con un fuerte compromiso en la lucha contra el narcotráfico, probablemente respaldarán las acciones unilaterales de Washington, como seguramente será el caso de los países que conforman el Escudo de las Américas: Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago. Por tanto, la imagen que se proyecta con la ausencia, es la de un México cada vez más aislado en un tema que es, por definición, global, la lucha contra el crimen organizado transnacional. Por tanto, la decisión de no asistir, lejos de fortalecer la soberanía, puede debilitar la posición de México en el concierto de las naciones, alineándolo con una postura de confrontación y resistencia que podría no contar con el respaldo esperado.

Por tanto, la postura de ausencia, si bien es un acto de afirmación ideológica, sus repercusiones prácticas podrían ser contraproducentes. La ausencia de México en la arena diplomática podría ser interpretada como una admisión tácita de las acusaciones, fortaleciendo con ello la narrativa del narcoestado, dejando a la administración mexicana aislada y a la defensiva en una lucha que no puede ganarse desde la ausencia, sino desde una interlocución activa y contundente en los lugares donde se decide el rumbo de las cosas. En esta disyuntiva, la ausencia, por más noble que parezca, siempre termina hablando más de lo que calla.

Seguiremos atentos.

@ottorenecaceres