Raúl ARROYO
La Pontificia Academia de las Ciencias Sociales y el Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (COPAJU), agrupación de juzgadoras y juzgadores de las tres Américas, convocaron a debatir acerca de la Inteligencia Artificial y su relación con la justicia y el derecho.
Han sucedido a lo largo del trayecto histórico de la humanidad: descubrimientos científicos, invenciones tecnológicas, transformaciones sociales, cismas políticos, conflictos militares, desastres naturales; produjeron modificaciones, positivas las más, negativas e incluso catastróficas. Todas esas alteraciones produjeron un quiebre del estado de cosas, en consecuencia, la construcción de mejores estadios.
Es el caso de la Inteligencia Artificial: generada en los laboratorios, vertiginosamente colocada en las agendas económicas, políticas, jurídicas, científicas y criminales. La diferencia es su permeabilidad disruptiva a todos los ámbitos del planeta: en los medios de comunicación e igual en las preocupaciones de la Iglesia.
Se discute en parlamentos y utiliza en tribunales y aulas; congrega a los liderazgos más influyentes; propicia inversiones multimillonarias; preocupa a la policía, irrumpe en el arte, condiciona el comercio y perfecciona actividades delictivas.
También modifica derechos y sugiere otros. Es tema de discusiones académicas y obliga regulaciones apresuradas. Las oportunidades de aplicarla parecen ilimitadas, tanto como preocupan sus alcances. Nos ha hecho transitar de la admiración a la intimidación, traslada de la sorpresa al miedo; de celebrarla como herramienta pasamos a temerle. Por más amigable, disminuye nuestras capacidades, nos rebasa, siempre va adelante. Obliga a modificar conceptos, criterios y prácticas. Derriba mitos, trastoca principios y genera otros conceptos. Sustituye, nos anula.
El tema es cómo hacer de la IA la herramienta para resolver prioridades universales de salud, alimentación, seguridad, educación, preservación medio ambiente, empleo, migración, violencia, comunicación, ocio. Cómo alcanzar su homogeneidad en el desarrollo de todos los continentes. Qué hacer para lograr su inclusión en las políticas públicas de educación, ciencia y cultura.
El tratamiento de la IA debe permear a las regiones menos favorecidas con una visión de derechos humanos; a la vez de acelerarse la conciencia del reto que significa la presencia de la IA, sus altos riesgos y el espectro de posibilidades.
El concepto IA debe incluirse en las propuestas de partidos y asociaciones políticas, visión y misión de universidades y centros de educación superior, agrupaciones académicas, corporaciones científicas, organismos de procuración e impartición de justicia, planes gubernamentales, agendas de organismos multilaterales, agencias policiales y financieras, proyectos hospitalarios, organismos protectores de derechos humanos, organizaciones sindicales, ambientalistas, artísticas y religiosas.
Equilibrar comunidades y naturaleza sin rebasar la voluntad humana; servir para la mejor comunicación de las personas, entre sí y con el entorno vivo, facilitadora de un lenguaje claro entre población y autoridad.
Un reto mayúsculo es el jurídico. Se requiere una normatividad alejada de preceptos añejos, constructiva de una ingeniería legal dinámica, con legislaciones flexibles, sin riesgo de ser tardías u obsoletas apenas inicien su vigencia.
En este espacio continuaremos hablando de ese debate propiciado por la COPAJU.
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