Diario de un reportero
Miguel Molina
Un día de no hace tanto me despertó la noticia de que la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México quiere que la institución desaparezca "porque no responde a las necesidades del pueblo" y es una pieza del "esquema que nos impuso el neoliberalismo".
Me dio risa, aunque luego se me quitó. Leí que la señora Rosario Piedra Ibarra propuso crear la Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo porque la Comisión nació de "una dinámica institucional hecha para la simulación y el burocratismo, absolutamente funcional (sic), al acuerdo de impunidad y silencio prevaleciente entre autoridades en los pasados setenta años".
Lo primero que habría que preguntarse es por qué la señora Piedra tardó cinco años en darse cuenta de la simulación y el burocratismo, y por qué denuncia esos males apenas ahora. En estos días, México se sometió al examen periódico universal del Consejo de la ONU para Derechos Humanos.
Según el documento que presentó el gobierno mexicano a la comunidad internacional, el eje rector de la Comisión Nacional de Derechos Humanos – un organismo fundamental para la defensa de las personas ante los abusos de las autoridades – es la autonomía. Según las declaraciones de la señora Piedra, la comisión ya no sirve para nada.
Algo hay de eso. Muchos activistas aseguran que la institución ha sido ineficaz y no ha actuado frente a violaciones claras de los derechos humanos, y en octubre renunciaron los seis miembros del Consejo Consultivo de la Comisión y denunciaron que la señora Piedra ponía obstáculos a su trabajo e ignoraba las recomendaciones que le hacían.
Pero los documentos que México entregó a la oficina del Alto Comisionado aseguran que la CNDH ha exhortado al gobierno a cumplir las recomendaciones de ese organismo (aunque no mencionan si el gobierno ha acatado los señalamientos de la Comisión), y ha reconocido que tiene una insuficiencia institucional para enfrentar la guerra contra el narcotráfico y la resolución y prevención de desapariciones.
También ha pedido el retiro gradual de militares que realizan actividades de seguridad pública, ha expresado la necesidad de una política integral de combate al crimen, y reconoció que el mecanismo de protección a defensores de los derechos humanos y a periodistas está agotado. Nadie le ha hecho caso. Según la señora Piedra, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos "ya no responde a las necesidades del pueblo mexicano".
Hay que crear algo nuevo, como la Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo, que será algo más que la Comisión, "una institución meramente testimonial, con una larga tradición de simulación y burocratismo, que han denunciado, desde su origen, las propias víctimas".
El gobierno de México – que ha olvidado los consejos de la cartilla moral que regiría su conducta y no hace caso de otras autoridades – ya no podría ignorar las recomendaciones que actualmente emite la Comisión porque el cumplimiento de esas admoniciones sería obligatorio, y porque la ley es la ley. Aunque no siempre.
En todo caso, lo que inquieta es la idea de que, faltando pocos meses para las elecciones, la cuarta transformación le meta mano a un organismo autónomo cuya función es ver que el gobierno respete los derechos de todos, y proponga la creación de otra cosa que haría lo mismo que la otra pero mejor, si uno cree en las promesas de fin de sexenio.
Lo mismo, pero con más palabras
En Veracruz pasa lo mismo. El gobierno estatal anunció a fin de año la creación de la secretaría de Cultura, que reemplazará al Instituto Veracruzano de la Cultura. El Ivec – creado por el gobernador Fernando Gutiérrez Barrios hace treinta y seis años – tiene o tenía el encargo de difundir y preservar el patrimonio cultural del estado, y apoyar la creación artística. Pero, como el caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se estaría creando una dependencia que va a hacer lo mismo que la anterior pero con más palabras.
La secretaría permitirá replantear el papel del gobierno en temas de cultura desde una perspectiva de desarrollo sostenible e interculturalidad, promoviendo los derechos culturales y el reconocimiento al aporte económico del sector, dando continuidad a las políticas públicas que impulsa la administración pública estatal. El anónimo redactor del boletín no se molestó en informar cuáles son
esas políticas públicas a las que se dará continuidad hasta después de las elecciones.
La secretaría es igualmente responsable de promover, impulsar y difundir la diversidad cultural de Veracruz, y de conservar, salvaguardar e incrementar el patrimonio cultural, histórico y artístico del estado. También tiene la tarea de impulsar las industrias culturales y creativas locales, de conformidad con la ley. Qué vaina.
Desde el balcón
Anochece. Es un día sin qué hacer, de cielos grises y aliento frío. Uno puede decir más, pero no vale la pena.
コメント