Violencia Infantil

Política para todos.

Otto René Cáceres Parra.

En la Ciudad de México y diversas regiones del país, la violencia protagonizada por menores de edad ha dejado de ser un fenómeno marginal para convertirse en un síntoma alarmante de las transformaciones sociales que atraviesa nuestro país. Lo que antes se interpretaba como conductas aisladas o propias de contextos de marginación extrema, hoy aparece con nuevas características: mayor letalidad, premeditación y, en algunos casos, dimensiones simbólicas disruptivas. Frente a este escenario, resulta insuficiente limitar el análisis a la seguridad pública, siendo necesario comprender que nos encontramos ante una crisis que involucra la infancia, la socialización y las condiciones estructurales de vida.

El sistema jurídico mexicano ha apostado, al menos en el plano normativo, por un modelo garantista que privilegia la reinserción social de adolescentes en conflicto. La Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes (LNSIJPA) establece que las personas entre 12 y 17 años deben ser sujetas a medidas diferenciadas, donde el internamiento es el último recurso. Este diseño responde a estándares internacionales que reconocen el desarrollo incompleto de la personalidad jurídica y moral en la adolescencia, sin embargo, la realidad contemporánea tensiona cada vez más este modelo. Si hace una década el perfil del menor infractor solía asociarse a robos o riñas callejeras, hoy nos enfrentamos a una generación de adolescentes empuñando fusiles de asalto y ejecutando crímenes con un nivel de saña que estremece la conciencia nacional. El fenómeno de los menores de edad infractores ha dejado de ser un problema de conductas antisociales para convertirse en un doloroso termómetro de la descomposición social.

Casos recientes han detonado una discusión pública cada vez más intensa. Uno de ellos es el de Osmar “N”, menor que asesinara a dos maestras utilizando un fusil de asalto, identificándose además con la categoría “Incel” (involuntary celibate), un fenómeno digital que agrupa a jóvenes, mayoritariamente hombres, que construyen discursos de odio y frustración contra las mujeres. Este caso no sólo evidencia el acceso a armas de alto poder, sino también la incorporación de ideologías violentas globales en contextos locales. Así, la violencia ha dejado de ser únicamente reactiva, surgida como respuesta a algo inmediato: una agresión, una provocación o un conflicto, siendo impulsiva y emocional (defenderse, vengarse, responder a una amenaza); o instrumental, aquella que se usa como un medio para lograr un fin específico, como robar, obtener dinero, controlar a alguien o ganar poder; adquiriendo un componente identitario y performativo que desafía los marcos tradicionales de interpretación.

Particularmente estremecedor es el caso de Leyla Monserrat, en Sonoyta, Sonora, adolescente de 15 años asesinada por dos de sus amigas, de 13 y 15 años, en un crimen planeado. Este hecho rompe con múltiples supuestos: no se trata de violencia masculina tradicional ni de un arrebato momentáneo, sino de una acción premeditada entre menores de edad que revela dinámicas

complejas de violencia interpersonal. La conmoción social que ha generado este caso radica precisamente en la dificultad de encuadrarlo en narrativas convencionales.

Frente a estos episodios emerge con fuerza una pregunta incómoda pero inevitable: ¿deben los menores, que cometen delitos graves como homicidio o secuestro, ser juzgados como adultos? El debate no es nuevo, pero adquiere renovada intensidad ante la gravedad de los hechos. Quienes sostienen la necesidad de endurecer las penas argumentan que el sistema actual resulta insuficiente y que las sanciones, que en muchos casos no superan los tres años de internamiento o reclusión domiciliaria, son desproporcionadas frente al daño causado. Desde esta perspectiva, permitir que los responsables recuperen su libertad en plazos relativamente cortos genera una sensación de impunidad que erosiona la confianza en las instituciones. Sin embargo, trasladar automáticamente a los menores al sistema penal de adultos implica riesgos significativos. Diversos estudios han demostrado que el encarcelamiento en dichos contextos penitenciarios no sólo no reduce la reincidencia, sino que contribuye a profundizar las trayectorias delictivas -aspectos a los que los tutelares tampoco son ajenos-, así como suponer desconocer el principio fundamental de que los adolescentes se encuentran en una etapa de desarrollo donde la intervención educativa y psicosocial puede tener efectos sustantivos.

En este sentido, una alternativa intermedia, cada vez más discutida, consiste en revisar la normativa para casos de extrema gravedad estableciendo esquemas diferenciados que permitan ampliar las medidas de internamiento o dar continuidad a estas una vez alcanzada la mayoría de edad, siempre bajo criterios estrictos y con supervisión judicial. Este tipo de propuestas buscan equilibrar la exigencia social de justicia con la necesidad de no desmantelar el enfoque garantista que rige el sistema. No obstante, centrar el debate exclusivamente en la sanción implica perder de vista el problema de fondo en donde la violencia ejercida por menores no surge en el vacío, sino que se encuentra profundamente vinculada a contextos de desintegración familiar, abandono escolar, exposición a entornos delictivos y normalización de la violencia. Aspectos como la desigualdad territorial y la falta de oportunidades configuran escenarios donde la violencia se convierte en una forma de interacción social, sumando a ello nuevas variables como la influencia de comunidades digitales radicalizadas que amplifican discursos de odio y validan la violencia como forma de reconocimiento.

México enfrenta, en este sentido, una paradoja compleja. Por un lado, la presión social creciente para endurecer las respuestas penales frente a delitos cometidos por menores, por el otro, las condiciones estructurales que alimentan estas conductas permanecen prácticamente intactas. Por tanto, sin una política integral que articule prevención, educación, atención psicosocial y fortalecimiento comunitario, cualquier reforma punitiva corre el riesgo de ser meramente reactiva, por lo que la discusión sobre si deben ser juzgados como adultos no puede resolverse en términos absolutos.

Lo que está en juego no es sólo la proporcionalidad de las penas, sino el tipo de sociedad que se busca construir, una que responda a la violencia con más castigo o una que, sin renunciar a la justicia, sea capaz de intervenir en las causas profundas que la generan. México se encuentra en ese punto de inflexión.

Seguiremos atentos.

@ottorenecaceres politicaparatodos10@gmail.com