Yerno de Rocha Moya supervisa ductos picados por huachicol en Pemex
- May 4
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Yerno de Rocha Moya supervisa ductos picados por huachicol en Pemex
La investigación contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya —señalado por una fiscalía federal estadounidense por presuntos vínculos con el narcotráfico— dejó de ser un expediente acotado para convertirse en una trama expansiva que alcanza a su entorno inmediato.
El propio mandatario, en una frase que condensa el momento político, admitió que no podía “dar la cara por nadie”.
Más que un deslinde, la expresión evidencia una fisura: la autoridad ya no asegura control ni cohesión.
De acuerdo con información surgida en circuitos políticos y de inteligencia, el foco ahora también se ha desplazado hacia su yerno, José Antonio Cano Félix, actual Subdirector de Tecnologías de la Información y Comunicación de Petróleos Mexicanos.
No es un puesto menor. Desde esa oficina se supervisa, mediante sistemas de control y adquisición de datos en tiempo real, una red de cerca de 80 mil kilómetros de ductos que transportan hidrocarburos en todo el país.
La relevancia estratégica es indiscutible: operación, ciberseguridad, arquitectura digital e inteligencia de datos convergen en un mismo nodo.
Si se atiende la hipótesis planteada por las autoridades estadounidenses —la posible colusión entre actores políticos y estructuras criminales—, el problema deja de ser local y adquiere dimensión sistémica.
El acceso a información sensible de la principal empresa del Estado abre interrogantes sobre la seguridad energética, la integridad de la infraestructura crítica y, sobre todo, la permeabilidad institucional frente a redes ilícitas cada vez más sofisticadas.
Especialistas del sector energético han advertido que las áreas de tecnologías de la información en empresas como Pemex no solo administran datos: estructuran la capacidad de vigilancia y respuesta de toda la red operativa.
En ese sentido, cualquier vulnerabilidad en esos espacios trasciende lo técnico; es, en esencia, política.
La inquietud de agencias estadounidenses se explica por la intersección entre información estratégica y economías criminales como el robo de combustible, el llamado huachicol, hoy articuladas mediante esquemas más complejos y tecnificados.
La trayectoria de Cano Félix en el servicio público tampoco ha estado exenta de observaciones.
Durante su paso por el ISSSTE fue señalado por la Auditoría Superior de la Federación como presunto responsable de un daño patrimonial cercano a los 417 mil pesos.
El monto es menor frente a otros casos; lo relevante es el patrón: áreas tecnológicas, manejo de recursos y señalamientos administrativos que delinean una biografía funcional al análisis de riesgo.
Su retorno en la actual administración —tras un breve paso por la Lotería Nacional— y su posterior llegada a Pemex generaron inconformidades internas, incluidas acusaciones de despidos arbitrarios.
A ello se suma su condición de donante en la campaña presidencial, lo que introduce un elemento adicional en la discusión sobre redes de proximidad y acceso a posiciones estratégicas.
En el caso de Rocha Moya, las imputaciones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos no operan de manera aislada: activan mecanismos paralelos en el sistema financiero internacional. Entra en escena la arquitectura sancionatoria del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, en particular la Oficina de Control de Activos Extranjeros.
Su instrumento central, la Lista de Nacionales Especialmente Designados, permite bloquear activos y prohibir transacciones a individuos y entidades sin necesidad de una sentencia judicial firme.
No es un complemento del proceso penal: constituye otra dimensión del poder.
A ello se suma la llamada “regla del 50%”, que extiende los efectos a cualquier entidad donde el sancionado tenga participación relevante.
En la práctica, una sola designación puede precipitar el colapso de redes económicas completas.
No hay apelación política que contenga ese efecto dominó. La presunción de inocencia, principio rector del derecho penal, cede aquí ante la lógica preventiva de los mercados y del cumplimiento global.
Más que nombres, estos mecanismos configuran una tipología operativa del riesgo.
El primer perfil corresponde a funcionarios con poder ejecutivo en regiones expuestas a economías ilícitas, donde las inconsistencias patrimoniales y los patrones de contratación encienden alertas.
El segundo es el de intermediarios con acceso a información estratégica y vínculos con estructuras corporativas opacas.
El tercero —clave en escenarios como el descrito— es el de operadores híbridos: actores que articulan contratos públicos con capitales privados mediante esquemas fragmentados y redes transnacionales.
En este nivel, no se persigue a individuos aislados, sino a arquitecturas completas de relación.
La licencia de Rocha Moya no resuelve el problema: apenas lo desplaza.
La ilusión del mando —esa creencia de que el poder reside en la autoridad formal— se disipa frente a un sistema que opera a otra escala.
En ese ámbito, la disputa real no se libra en congresos locales ni en discursos oficiales, sino en los circuitos invisibles donde convergen dinero, información y poder global.
Allí, lejos del ruido público, se decide —con fría eficacia— quién permanece dentro y quién queda, súbitamente, fuera.
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